Silencio en Tocumen

A pesar de que ya ha concluido la evaluación del pliego de cargos, aún no deciden qué hacer con el aeropuerto

Ha sido el proceso de licitación más revisado y evaluado de Panamá. Luego de casi dos años, en los que se analizaron los documentos del pliego de cargos para la concesión administrativa del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el Gobierno todavía parece no estar listo para tomar una decisión al respecto. Mientras que la terminal aeroportuaria se queda chica y algunas firmas precalificadas se impacientan, las conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis hecho por el Programa para la Privatización (Proprivat) sobre el pliego de cargos, reposan en los archivos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Casi tres meses han pasado desde que se concluyó el informe final –24 de mayo del 2001– y nadie en la Dirección de Aeronáutica Civil (DAC), ni del Ministerio de Gobierno y Justicia y ni del mismo MEF es capaz de informar si el Aeropuerto será o no privatizado.

La noticia sobre la suspensión de la licitación le cayó como balde de agua fría a los siete consorcios precalificados. La reacción parece justificarse. Lo que en su momento parecía una suspensión temporal se ha convertido en silencio indefinido. La medida se debió a una petición que hiciera la presidenta de la República, Mireya Moscoso, al ex presidente Ernesto Pérez Balladares. Moscoso, quien entonces no había asumido su cargo, manifestó su interés a Pérez Balladares de revisar los documentos del pliego de cargos.

Las quejas por la ‘falta de transparencia’ del proceso estuvieron latentes. El primero en protestar fue Tocumen 2000, representado en Panamá por la firma de abogados Galindo, Arias & López. El consorcio no fue precalificado porque Alberto y Stanley Motta, directivos de Copa Airlines, también formaban parte de Wall Street Securities S.A. (Panamá) y Wall Street Securities Holding Ltd (Bahama), empresas que formaban Tocumen 2000.

La firma Galindo, Arias & López presentó una serie de recursos legales en los que reclamaba haber sido “injustamente” descalificados en un proceso “plagado de irregularidades”. Además, la firma sostenía que “otras empresas” como Panama Airport Services, S.A. y Panama Gateway también debieron ser investigadas. En esta última, el ex ministro de Vivienda Roosevelt Thayer aparecía como secretario.

Sea como sea, la larga espera ya empieza a causar malestar.

El primero en desanimarse ha sido Tocumen Siglo XXI, formado por operadores de los aeropuertos alemanes de Hamburg y Frankfurt.

De acuerdo con Heinz Bessenich– quien hizo el enlace entre Alemania y Panamá para la formación del consorcio– la firma ha perdido interés en la licitación. Al menos, dice no confían en la capacidad de este Gobierno para manejar el asunto. De hecho, la alianza Hamburg/Frankfurt le comunicó a mediados de julio que “cerrarían los libros en Panamá”.

“Nos perece que nadie en este Gobierno quiere hablar de Tocumen, porque su intención es ocultar lo que ocurre”, dice el empresario alemán.

Bessenich se lamenta de que las varias gestiones hechas por los representantes del consorcio con el fin de conocer el status del proceso hayan sido infructuosas. “Nunca obtuvimos ninguna respuesta, ni de Proprivat, ni de Economía y Finanzas.

Bessenich dice que él personalmente se encargó de comunicar la decisión del consorcio alemán a Joaquín Díaz, representante legal —en Panamá— de Tocumen Siglo XXI.

A pesar de las acusaciones, a Panama Gateway también le gustaría saber la decisión que tome el Gobierno sobre el aeropuerto. “Desde que se suspendió el proceso, Proprivat se ha limitado a decir que el tema está bajo estudio y que no se ha tomado una decisión”, dice, por su parte, Roosevelt Thayer, ex ministro de Vivienda y socio de Panama Gateway Airport Corp.

A pesar de las incomodidades causadas por la espera, este no se da por vencido. “En principio, el consorcio mantiene el interés. Todo depende de los términos y condiciones bajo los cuales se reabra el proceso”, afirma.

Thayer atribuye el retraso y el silencio de las autoridades a “presiones de grupos interesados que desean mantener el estado actual del aeropuerto”.

VEA/ESPERA

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