El cuatrerismo burla la ley

En la vía hacia La Arena de Chitré hay esta valla publicitaria instando a la denuncia del cuatrerismo.

En general, el hurto pecuario ocurre en áreas rurales de difícil acceso y de noche, y son pocos los ganaderos que interponen denuncias. Además no hay leyes estrictas ni suficiente personal y equipo policial para combatir este delito. Sobre todo, es un delito que necesita mucha investigación, porque los dueños se dan cuenta de la ausencia de los animales varios días después de ocurrido el delito.

• Leyes poco enérgicas. Ricardo Herrera, presidente de la ANAGAN en Coclé, considera que las leyes que castigan el cuatrerismo deben ser cambiadas para hacerlas más enérgicas, ya que en la actualidad, los cuatreros, además de recibir penas leves, obtienen fácilmente fianzas de excarcelación.

• No se denuncia o se retiran denuncias. Wilfredo Hurtado, inspector jefe de la PTJ en Los Santos, señaló que se está dando una práctica generalizada a nivel nacional: el ganadero interpone la denuncia, pero cuando la PTJ o la Policía Nacional recuperan el animal, en ocasiones el dueño llega a un arreglo con el cuatrero y retira la denuncia, a cambio de recibir el valor de la res hurtada.

El gobernador de Veraguas, Mario Forero, dijo que son pocos los que piden ayuda a las autoridades administrativas para controlar la actividad del cuatrerismo. “Hemos realizado muchos operativos para la detección de los cuatreros; sin embargo, no se puede meter a nadie en la cárcel si no hay una denuncia formal en contra de los que cometen esta actividad ilícita”, indicó.

• Mala confección y falta de verificación de guías . La PTJ de Los Santos señala que el problema de la confección de las guías de embarque se debe a que muy frecuentemente, se cambia de corregidores después de que se les ha dado seminario de elaboración de estos documentos. En las guías se debe determinar el origen de las reses que van en un camión, la identificación de los conductores y la matrícula de los vehículo.

El jefe de la sección de Hurto Pecuario a nivel nacional de la PTJ, José María Rodríguez, señala que la Policía hace la documentación inadecuadamente y no revisa las guías de traslado. “Son los funcionarios de Sanidad Animal del MIDA quienes revisan esta documentación , a pesar de que no tienen ninguna autoridad legal para hacerlo”, añadió.

• Insuficiente vigilancia. El alcalde de Soná, Faustino Camaño, aseguró que en su distrito no existen suficientes policías, y las autoridades no ejercen los mecanismos de control para evitar este delito. Cuando se realizan los turnos, apenas se hace con una o dos unidades. “A la entrada de Soná hay una garita de control que sirve para detectar algunos casos de cuatrerismo, sin embargo, sólo permanece una unidad policial de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., por lo que este sitio queda sin vigilancia durante la noche”, indicó. Falta mayor vigilancia en las carreteras cuando se transporta ganado, indicó Ricardo Herrera, de la ANAGAN de Coclé.

La ley y el Código Administrativo prohíbe la movilización de animales antes de la 6:00 a.m. y después de las 6:00 p.m.; pero esto no se está aplicando en ninguna garita de control, porque se han observado camiones llenos de ganado a altas horas de la noche hacia diferentes sitios de matanza, sin que se les pida documentación alguna sobre su procedencia, señaló el alcalde Camaño.

El presidente de la ANAGAN en Chiriquí, Sergio Anguizola, señala que la PTJ tampoco cuenta con suficiente equipo rodante y radio, así como personal capacitado para controlar el cuatrerismo en la provincia.

• Complicidad de peones. En las investigaciones sobre este delito, se ha encontrado que en los casos de cuatrerismo están involucrados los trabajadores que cuidan las fincas de los ganaderos, porque al comprobarse el hurto, el mismo dueño de la finca o de las reses retira la denuncia en la que se involucran sus empleados, mencionó el alcalde de Soná.

El incremento de este delito instó a que un grupo de ganaderos formara el primer comité a nivel nacional contra el cuatrerismo en la provincia de Los Santos, el cual en 1993 ayudó a reformar la pena relacionada con este delito, además, se tomaron las medidas de poner candado a las puertas de las fincas, en los chutes, y registrar el ferrete.

Sin embargo, Anguizola considera que se deben hacer cambios a la ley del cuatrerismo.

La ley existente, el numeral 10 del artículo 184 de la Ley 15 del 15 de julio de 1993, establece una pena de 30 meses a seis años de prisión para los que cometan el delito de hurto pecuario comprobado.

Para Anguizola, “la ley, tal como está, es ofrecer una licencia al cuatrero para dedicarse a este acto ilegal”.

Indicó que desde hace seis meses, la ley del cuatrerismo se encuentra en la Asamblea Legislativa, y ya es tiempo que esos cambios se den, porque pese a que las autoridades aducen que es un delito menor, el que sale perjudicado es el ganadero que pierde su vaca y la ganancia.

Señaló que la ley como ésta, le ofrece al cuatrero pagar una fianza, “o sea, él puede robarse 10 ó 20 vacas y luego pagar una fianza y salir libre de este proceso”.

Para el jefe de la sección de Hurto Pecuario a nivel nacional de la PTJ, José María Rodríguez, la prevención del hurto pecuario está en manos de los tesoreros, los alcaldes y por ende el gobernador. Estas autoridades deben exigir a la Policía Nacional la revisión de la documentación de traslado de animales, haciendo cumplir los artículos 1604 y 1608 del Código Administrativo.

Coincide con Rodríguez el fiscal especial para el hurto pecuario del Ministerio Público de Veraguas, Ezequiel Pinzón, quien mencionó una disposición del Código Administrativo que debe ser aplicada por los alcaldes, corregidores y tesoreros municipales, la cual consiste en la prohibición de trasladar animales después de 6:00 p.m. y antes de las 6:00 a.m. hacia cualquier sitio.

En tanto, Rolando Rodríguez, fiscal designado por el Ministerio Público para investigar el abigeato en Chiriquí, expresa que hay poca atención de otras instancias gubernamentales a las recomendaciones del Ministerio Público.

“Este año hemos pedido el cierre de dos establecimientos comerciales a los que los hemos sorprendido con carne que no proviene de un matadero, sino de sacrificios clandestinos, con tierra, hierba y vestigios del potrero, pero el Ministerio de Salud no lo ha hecho”, dijo Rodríguez.

Ricardo Herrera, de la ANAGAN de Coclé, recomendó que en la garita del Tránsito en Divisa se nombren inspectores que fiscalicen el traslado de ganado las 24 horas, supervisando específicamente las guías de transporte para ver si están en regla.

Así mismo, el dirigente de los ganaderos coclesanos instó a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario a poner a funcionar, también las 24 horas, la garita de cuarentena, ubicada en Antón.

Arquimedes Cedeño, de la ANAGAN de Los Santos, solicitó la cooperación de los expendedores de carne, porque en muchas ocasiones ellos saben de dónde procede la res, quizás hurtada.

El presidente de la ANAGAN hizo un llamado a los ganaderos para que denuncien a los que cometen este delito, independientemente de que sean amigos, capataces, mayorales o trabajadores de sus fincas.

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