Panamá, 18 de agosto de 2001
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Colón: las promesas y las protestas

El Gobierno dice que está en marcha el plan para crear trabajos, pero los colonenses alegan que no pueden esperar más

MARIO A. MUÑOZ
andresm@prensa.com

Ayer la ciudad de Colón volvió a la calma; aún se percibían los olores de los gases lacrimógenos. Varios comercios amanecieron custodiados por policías.

En septiembre del 2000, el Gobierno creó una comisión de alto nivel para que diseñara un plan cuyo objetivo era atacar los problemas más urgentes de Colón.

Sin embargo, el martes y miércoles en manifestaciones callejeras, las asociaciones de desempleados denunciaron que ese plan no los ha beneficiado en nada.

Las siete asociaciones que forman la Alianza por Colón decidieron salir a la calle y piquetear las oficinas del Estado, entre ellas la Zona Libre de Colón (ZLC).

Con ello querían demostrar “la cantidad” de personas que necesitan trabajo.

Entre las agrupaciones que participaron en las manifestaciones están las que integran la Unión de Trabajadores Desempleados Colonenses (UTRADECO), el Movimiento Emancipación Colonense (MEC), Alianza Rastafari, Movimiento Rescate de la Juventud Colonense, Movimiento de Desempleados de Colón (MODESCO) y la Federación Sindical.

Los líderes de estas agrupaciones aseguran que la presente administración gubernamental no ha disminuido el desempleo en la provincia, calculado en el 23.2% de 200 mil habitantes, el más alto porcentaje de la República.

La mencionada comisión presidencial concluyó que en la provincia existen 17 mil 771 desocupados.

También determinó que las necesidades básicas no están satisfechas porque, por ejemplo, en el sector salud, solo hay 141 médicos, 159 enfermeras y 441 camas para atender una población de 204 mil 208 habitantes.

La comisión la forman varios vice ministros y es presidida por el asesor presidencial George Weeden.

En su momento, los comisionados dijeron que iban a invertir 60 millones de dólares y ejecutarían 46 proyectos.

Pero, según los dirigentes de la alianza, esos funcionarios se limitaron a analizar el problema y no a ejecutar la posible solución, que es invertir en proyectos donde ellos puedan participar.

Las autoridades, por su parte, aseguran que hay varios mega proyectos que están encaminados a lograr el inicio de un proceso de inserción de la población colonense en el mercado laboral y que, por lo tanto, es cuestión de tiempo.

Por ejemplo, se ejecutó un plan piloto que busca generar 750 mil plazas de trabajo en la provincia de Colón, a través de un proyecto denominado Capacitación para el Empleo, donde participan decenas de personas a las que se les paga un salario por asistir a esta capacitación.

Los desempleados que participan en ese plan marcharon esta semana para pedir que la iniciativa sea prorrogada.

Mientras, la mayoría asegura que no puede seguir esperando y que requiere de inmediato plazas en el sector público o puestos de trabajo en el sector privado y otras actividades productivas independientes.

Dos días de violencia

Esta semana, miembros de las asociaciones decidieron manifestarse y reunirse con el gerente de la Zona Libre de Colón (ZLC), Jorge Fernández, quien es el secretario de la comisión presidencial.

El día miércoles 15 concurrieron a la entrada de la ZLC. La gerencia, que estaba dispuesta a recibirlos, pidió que entraran tres o cuatro dirigentes porque no podían dejar pasar a las 400 personas apostadas afuera.

Por su parte, los manifestantes querían que fueran recibidos unos 14, a razón de dos personas por cada asociación.

Como no había acuerdo, los ánimos se caldearon y comenzó el enfrentamiento entre guardias de seguridad y antimotines, por una parte, y los integrantes de las siete asociaciones, incluyendo sus dirigentes, por la otra.

Hubo pedradas, balazos, disparos de perdigones y enfrentamientos físicos.

El resultado, 16 detenidos, 15 niños afectados por gases lacrimógenos, un policía y dos periodistas heridos, un local comercial dañado, un vehículo del Estado destruido y siete bicicletas de la Policía Nacional de Colón destruidas por los manifestantes.

Los dirigentes y el Gobierno se acusaron mutuamente de empezar el choque violento.

Al día siguiente, los manifestantes, acompañados del sacerdote Alan Mclellan, se dirigieron pacíficamente a las puertas de la Zona Libre de Colón donde se permitió que una representación de cada asociación pudiera entrar.

En la reunión se logró el compromiso de que la presidenta de la República, Mireya Moscoso, se encuentre con los dirigentes de la alianza en una fecha por confirmar en ese momento, pero que después se fijó para el 28 de agosto próximo.

Los dirigentes informaron a sus bases el acuerdo, pero no les satisfizo, así que algunos decidieron ir a la “guerra” y a protestar en las calles, pero la mayor parte se fue a sus casas, junto con los dirigentes.

La ocasión fue aprovechada por adolescentes e, incluso, niños para destruir los edificios estatales y los establecimientos locales. Hubo más destrozos y nuevos heridos. Ayer, la ciudad volvió a la calma. Muchos descontentos esperarán el día 28 para ver qué respuestas da Moscoso, pero otros seguirán en las calles para exigirlas de “inmediato”.

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