Colón: las promesas y las protestas
El Gobierno dice que está en marcha el plan para crear trabajos,
pero los colonenses alegan que no pueden esperar más
MARIO A. MUÑOZ
andresm@prensa.com
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Ayer la ciudad de Colón volvió a la calma; aún se percibían
los olores de los gases lacrimógenos. Varios comercios amanecieron
custodiados por policías.
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En septiembre del 2000, el Gobierno creó una comisión de alto nivel
para que diseñara un plan cuyo objetivo era atacar los problemas más
urgentes de Colón.
Sin embargo, el martes y miércoles en manifestaciones callejeras,
las asociaciones de desempleados denunciaron que ese plan no los
ha beneficiado en nada.
Las siete asociaciones que forman la Alianza por Colón decidieron
salir a la calle y piquetear las oficinas del Estado, entre ellas
la Zona Libre de Colón (ZLC).
Con ello querían demostrar “la cantidad” de personas que necesitan
trabajo.
Entre las agrupaciones que participaron en las manifestaciones están
las que integran la Unión de Trabajadores Desempleados Colonenses
(UTRADECO), el Movimiento Emancipación Colonense (MEC), Alianza
Rastafari, Movimiento Rescate de la Juventud Colonense, Movimiento
de Desempleados de Colón (MODESCO) y la Federación Sindical.
Los líderes de estas agrupaciones aseguran que la presente administración
gubernamental no ha disminuido el desempleo en la provincia, calculado
en el 23.2% de 200 mil habitantes, el más alto porcentaje de la
República.
La mencionada comisión presidencial concluyó que en la provincia
existen 17 mil 771 desocupados.
También determinó que las necesidades básicas no están satisfechas
porque, por ejemplo, en el sector salud, solo hay 141 médicos, 159
enfermeras y 441 camas para atender una población de 204 mil 208
habitantes.
La comisión la forman varios vice ministros y es presidida por el
asesor presidencial George Weeden.
En su momento, los comisionados dijeron que iban a invertir 60 millones
de dólares y ejecutarían 46 proyectos.
Pero, según los dirigentes de la alianza, esos funcionarios se limitaron
a analizar el problema y no a ejecutar la posible solución, que
es invertir en proyectos donde ellos puedan participar.
Las autoridades, por su parte, aseguran que hay varios mega proyectos
que están encaminados a lograr el inicio de un proceso de inserción
de la población colonense en el mercado laboral y que, por lo tanto,
es cuestión de tiempo.
Por ejemplo, se ejecutó un plan piloto que busca generar 750 mil
plazas de trabajo en la provincia de Colón, a través de un proyecto
denominado Capacitación para el Empleo, donde participan decenas
de personas a las que se les paga un salario por asistir a esta
capacitación.
Los desempleados que participan en ese plan marcharon esta semana
para pedir que la iniciativa sea prorrogada.
Mientras, la mayoría asegura que no puede seguir esperando y que
requiere de inmediato plazas en el sector público o puestos de trabajo
en el sector privado y otras actividades productivas independientes.
Dos días de violencia
Esta semana, miembros de las asociaciones decidieron manifestarse
y reunirse con el gerente de la Zona Libre de Colón (ZLC), Jorge
Fernández, quien es el secretario de la comisión presidencial.
El día miércoles 15 concurrieron a la entrada de la ZLC. La gerencia,
que estaba dispuesta a recibirlos, pidió que entraran tres o cuatro
dirigentes porque no podían dejar pasar a las 400 personas apostadas
afuera.
Por su parte, los manifestantes querían que fueran recibidos unos
14, a razón de dos personas por cada asociación.
Como no había acuerdo, los ánimos se caldearon y comenzó el enfrentamiento
entre guardias de seguridad y antimotines, por una parte, y los
integrantes de las siete asociaciones, incluyendo sus dirigentes,
por la otra.
Hubo pedradas, balazos, disparos de perdigones y enfrentamientos
físicos.
El resultado, 16 detenidos, 15 niños afectados por gases lacrimógenos,
un policía y dos periodistas heridos, un local comercial dañado,
un vehículo del Estado destruido y siete bicicletas de la Policía
Nacional de Colón destruidas por los manifestantes.
Los dirigentes y el Gobierno se acusaron mutuamente de empezar el
choque violento.
Al día siguiente, los manifestantes, acompañados del sacerdote Alan
Mclellan, se dirigieron pacíficamente a las puertas de la Zona Libre
de Colón donde se permitió que una representación de cada asociación
pudiera entrar.
En la reunión se logró el compromiso de que la presidenta de la
República, Mireya Moscoso, se encuentre con los dirigentes de la
alianza en una fecha por confirmar en ese momento, pero que después
se fijó para el 28 de agosto próximo.
Los dirigentes informaron a sus bases el acuerdo, pero no les satisfizo,
así que algunos decidieron ir a la “guerra” y a protestar en las
calles, pero la mayor parte se fue a sus casas, junto con los dirigentes.
La ocasión fue aprovechada por adolescentes e, incluso, niños para
destruir los edificios estatales y los establecimientos locales.
Hubo más destrozos y nuevos heridos. Ayer, la ciudad volvió a la
calma. Muchos descontentos esperarán el día 28 para ver qué respuestas
da Moscoso, pero otros seguirán en las calles para exigirlas de
“inmediato”.
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