Los deberes insoslayables del Estado

Los usuarios deben ser los más celosos defensores y custodios de las instituciones sociales

La controversia entre los partidos políticos ha estado muy movida durante los últimos días. No se ha motivado por temas frívolos, sino por distintos enfoques sobre problemas que corren sin solución desde hace muchísimos años. Me refiero a la polémica abierta sobre el IDAAN y sobre el destino del Seguro Social.

El IDAAN ofrece dos vertientes en el razonamiento, una que reclama urgente atención para satisfacer necesidades de poblaciones marginadas. Otra, que guarda relación con su condición de entidad estatal. El Gobierno, en primer término, quiso resolver la grave morosidad en el abastecimiento de agua con dinero propio, pero encapsulado en los llamados fondos fiduciarios. La oposición política, denominada META, se opuso al intento oficial. La iniciativa gubernamental y la conducta opositora tendrán un costo o beneficio político que se reflejará en las urnas del 2004. Si el Gobierno encuentra por vía del endeudamiento las partidas necesarias para resolver el problema del agua que confrontan doscientas mil personas, recibirá el reconocimiento popular. Lo negativo del endeudamiento con su secuela en el costo del agua, se cargará a la oposición que ha preferido mantener intocable el producto de las ventas de las empresas estatales como versión moderna de los “millones de la posteridad”.

En el manejo de la hacienda pública se debe actuar, igualmente, con cierta prudencia y sabiduría. Si el IDAAN en el pasado ha sido fuente de despilfarros, de peculados o de desorden administrativo, como política paralela a la obtención de fondos, debe crearse un nuevo aparato institucional que garantice un IDAAN autónomo, austero y eficiente. Si el Gobierno y la oposición hubieran acordado en las sesiones extraordinarias, respondiendo a iniciativa del META, la fundamentación de un nuevo IDAAN, la oposición no estuviera hoy enfrentada al dilema del costo político que le queda como rédito negativo por su conducta tan tenaz y firme en contra de la iniciativa gubernamental.

Todo parece indicar que entre ciertos políticos y economistas es más agradable proyectar la imagen de Panamá como la de un mendigo o pordiosero sentado en un sillón de oro, como hablaba Humboldt del Perú cuando se percató de la grandiosidad de su riqueza y de la miseria de su pueblo. Poseer más de mil quinientos millones de dólares depositados en bancos extranjeros y sometidos al negocio especulativo de tales bancos, en tanto su dueño, el pueblo panameño, se encuentra asfixiado por las privaciones de la desventura, actualiza sin ninguna gloria el juicio de Humboldt. Esta realidad es tan censurable como la paradoja que ofrecen algunas naciones ricas al cerrar sus años fiscales con superávit mientras grandes sectores de la población subsisten en la pobreza.

En cuanto al carácter de entidad estatal del IDAAN y la espada de la globalización que se cierna sobre tal status, cabría recordar algunos criterios que deben ser sopesados. Todo lo que maneja el sector privado, salvo las obras de solidaridad humana, responde naturalmente al estímulo del lucro. Lo que maneja el sector público debe responder al estímulo del servicio. El Estado, como tal, responde a un pacto táctico entre los asociados y debe garantizar un cúmulo de servicios en bien de las necesidades esenciales de los pueblos: el agua, la salud, la educación, entre otros no menos importantes. Lucrar con la salud del pueblo como política institucional es casi un crimen; igual criterio puede extenderse al compromiso estatal de educar. El sector privado al vender un vaso de agua tiene que lucrar con esa venta; el Estado también vendería ese vaso de agua, pero sin dividendos, atendiendo sus costos y la reserva para el mantenimiento. Resulta absurdo exigirle a la empresa privada una conducta similar porque el Estado fue creado por la sociedad para que le garantizara la mayor suma de felicidad, en paz.

El concepto expuesto debe servir también para enrumbar el debate sobre el destino del Seguro Social. Si existe alguna crisis en esa institución debe buscarse su causa en los pésimos cálculos actuariales o en la irresponsabilidad de aquellos gobiernos, directores y juntas directivas que llegaron a sus arcas armados de una ganzúa para desviar sus fondos sociales a otros fines realmente ilícitos o no convenientes. Pero el Seguro Social como entidad de servicio público estatal es como la Marsellesa. Es de una belleza inmarchitable; mas si una orquesta la interpreta mal, el hecho no da razones para censurar tan suprema inspiración. El Seguro Social, a pesar de los roedores históricos que en alguna ocasión interpretaron mal la partitura de sus fines, debe permanecer tal cual fue concebida por sus creadores tan previsores.

Manuel Celestino González, trovador popular de la palabra encendida, decía en las plazas panameñas que este país necesita orden y disciplina. El orden que emana de la ley y la disciplina que está necesariamente emparentada con la honestidad. En el orden, el servicio público se perfeccionaría porque su misión no respondería a capricho, sino a las exigencias de la ley. En la disciplina, encontrarían los usuarios el cauce adecuado para no caer ni en el abuso del consumo ni en la morosidad de sus obligaciones. Los usuarios deben ser los más celosos defensores y custodios de las instituciones sociales. En Venezuela, ese servicio de transporte colectivo que se denomina “el metro”, el usuario lo cuida, lo quiere, lo defiende y lo llama “el cadillac del pueblo”. A eso debemos aspirar los panameños; es decir, a ser dignos beneficiarios de las instituciones que deben responder exclusivamente el estímulo de un servicio de inmejorable calidad. Los hospitales del Seguro Social, por ejemplo, deben tener la categoría de los mejores hospitales privados.

La buena agua, la buena salud, la buena escuela, dotarlas, es deber primario e insoslayable del Estado.

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