Pastrana sanciona polémica 'ley de guerra'

Opositores a la ley temen que la misma intensificará el conflicto y la violación de los derechos humanos

Soldados colombianos observan un autobús que fue incendiado este martes por guerrilleros del ELN en el poblado de Dagua, cerca a Cali. Pastrana, quien suspendió contactos de paz con el ELN, firmó la ley que autoriza al presidente a declarar áreas del territorio nacional como escenarios de combate frontal contra guerrilleros izquierdistas y escuadrones paramilitares de ultraderecha.

BOGOTA, Colombia (Reuters). —El presidente de Colombia, Andrés Pastrana, sancionó una polémica ley que autoriza a las Fuerzas Militares a realizar detenciones, allanamientos y practicar diligencias judiciales en zonas de guerra a donde no pueda ingresar la Fiscalía General, informó ayer jueves el Gobierno.

Pastrana firmó el lunes la ley, aprobada por el Congreso en junio, pese a la oposición de grupos de derechos humanos, políticos y académicos, que temen que contribuirá a intensificar el conflicto y la violación de los derechos humanos.

"Esto es un revés para el Estado de Derecho en Colombia", dijo a Reuters José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch.

"Esta ley va a hacer que se hagan más difíciles las investigaciones judiciales de derechos humanos por parte del Ejército", agregó Vivanco, quien ha hecho fuertes denuncias contra las fuerzas de seguridad por sus violaciones a los derechos humanos.

La Ley de Seguridad y Defensa Nacional autoriza al presidente a declarar zonas particulares del territorio nacional como escenarios de combate frontal contra guerrilleros izquierdistas y escuadrones paramilitares de ultraderecha.

La norma se sancionó una semana después de que Pastrana suspendiera contactos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda fuerza guerrillera del país, debido a la falta de voluntad real para entablar una negociación.

Desde entonces, el ELN, que acusa al Estado de permanecer inerme ante el despliegue y la violencia desatada por paramilitares, inició una cruenta escalada de ataques contra poblaciones, carreteras e infraestructura petrolera del país.

Entre tanto, el proceso de paz que se adelanta desde enero de 1999 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla más antigua y numerosa del continente con unos 17 mil combatientes, está estancado.

El último impasse entre ambas partes fue la ruptura, a mediados de julio, de la confidencialidad por parte de las FARC de una propuesta que el Gobierno les presentó para el cese del fuego y las hostilidades.

El intercambio bilateral de proyectos se produjo en julio del 2000, fecha a partir de la cual las propuestas eran evaluadas bajo estricta reserva de las partes.

Por causa de la confrontación armada en Colombia han muerto en la última década más de 40 mil personas -la mayoría civiles- y al menos dos millones fueron desplazados.

La ley desató fuertes reacciones de grupos de derechos humanos, organizaciones promotoras de la paz, políticos y académicos.

Los militares reclamaron por años las facultades contempladas en la ley para mejorar sus resultados en la lucha contra la guerrilla y los paramilitares. Antes los militares no podían realizar allanamientos ni detenciones y requerían estar acompañados por funcionarios de la Fiscalía en algunos casos.

Las fuerzas militares son acusadas por grupos humanitarios, como Amnistía Internacional, de tener uno de los peores historiales de violación a los derechos humanos y de apoyar a los paramilitares, que combaten con violentos métodos a la guerrilla y a sus colaboradores.

La Comisión Colombiana de Juristas, una organización no gubernamental de derechos humanos, anunció que demandará la ley ante una alta corte debido a que atenta contra los derechos consagrados en la Constitución.

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