Galindo asegura que el Estado no ha vendido acciones de empresas eléctricas

Mario Galindo

El asesor presidencial Mario Galindo explicó recientemente que los 57 millones 803 mil 413 dólares provenientes de la devolución del capital hecho por Unión Fenosa al Estado “no tenían que ir al Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD), porque no se trata de una venta de acciones, sino de una reducción de capital”.

En consecuencia, agregó, como el Estado no ha vendido ni una sola acción de las que le corresponde en las empresas privatizadas y no ha recibido dividendos “no hacía falta ingresarlo [el dinero] al FFD”.

En ese sentido, ese capital se va a usar para resolver el problema de la merma en las recaudaciones del Estado, dijo.

Galindo hizo estas declaraciones motivado por las distintas posiciones presentadas, luego de que los legisladores del pacto por el Mejoramiento y Transformación de la Asamblea Legislativa (META) denunciaran que el Gobierno “violó” la ley que creó el FFD, porque ingresó esos 57 millones de dólares en la cuenta común del Estado en vez de depositarlos en dicho fondo.

Hace unos días, el ex ministro de Economía Guillermo Chapman consideró que ese dinero devuelto por Unión Fenosa es una “consecuencia” del proceso de privatización, y la ley estipula que debe ingresar al FFD. El ex contralor José Chen Barría, por su parte, acusó a las autoridades de falta de “transparencia” en el manejo de ese dinero.

Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) argumentó que ese dinero fue depositado como ingreso extraordinario de capital y cubre en parte la “caída” de los ingresos corrientes del primer semestre del año, lo que permite mantener el financiamiento del presupuesto de inversiones del año 2001.

Además, el MEF señaló en un comunicado que Unión Fenosa decidió reestructurar el capital como política de la empresa, de tal forma que lo que correspondía a capital de operación fuera financiado por créditos bancarios.

En 1998, Unión Fenosa pagó 211 millones 970 mil 915 dólares por el 51% de las acciones de las empresas distribuidoras de energía Metro-Oeste y Chiriquí, que surgieron tras la reestructuración del IRHE. El Estado conservó el resto de las acciones.

Por su parte, Balbina Herrera, presidenta del Partido Revolucionario Democrático, advirtió que los legisladores del META citarán en septiembre a la Asamblea Legislativa al ministro de Economía y Finanzas, Norberto Delgado, para que brinde una explicación sobre esta situación.

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