Exigen nueva ley en materia penitenciaria

El instrumento legal deberá ser cónsono con las aspiraciones que la sociedad exige, dice la Alianza Ciudadana Pro Justicia

La Alianza Ciudadana Pro Justicia, que reúne a una decena de organizaciones de la sociedad civil, urgió la aprobación de un instrumento legal en materia penitenciaria cónsono con las aspiraciones que la sociedad demanda.

Desde hace un año, se han instalado cinco mesas de trabajo encaminadas a promover participación ciudadana en la discusión de temas tales como transparencia e independencia judicial, justicia administrativa, educación legal ciudadana, mecanismos alternativos de solución de conflictos y sistema penitenciario.

Entre las organizaciones que forman la alianza figuran el Colegio Nacional de Abogados, la Comisión de Justicia y Paz, Universidad Santa María la Antigua, Consejo Nacional de la Empresa Privada, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Centro de Asistencia Legal Popular, Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá y la Asociación Panameña de Derecho Constitucional, entre otras.

Mediante un comunicado, la alianza en mención refrendó la iniciativa adoptada por el Organo Legislativo, en el sentido de instalar una subcomisión que se encargará de discutir en torno al anteproyecto de ley penitenciaria.

De acuerdo con la alianza, las actuales condiciones del sistema penitenciario exigen la realización de acciones gubernamentales tendientes a poner fin a la difícil situación que hoy viven las personas privadas de la libertad.

Dicha alianza espera que este “alentador” esfuerzo no quede como tantos otros, convertido en un vano intento destinado al olvido, como fue el caso del anteproyecto de récord policivo o como la propia ley penitenciaria que ha visto pasar muchos períodos legislativos, sin habérsele dado la prelación que este importante tema requiere.

A principios de mayo, el Legislativo aprobó -en tercer debate- un proyecto de ley sobre reformas al Código Judicial que, entre otros fines, persigue reducir la mora judicial.

El documento, de 120 artículos, agiliza las notificaciones, elimina el asueto de Semana Santa en el Judicial, amplía las funciones de los juzgados municipales y deja abiertas las puertas a cambios.

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