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Un salto al vacío
Los políticos deberán entender que los tiempos que decurren exigen estadistas y no arlequines
Rubén M. Castillo Gill
Las últimas noticias del mundo no son muy halagadoras. Hambre crónica en algunas regiones de Centroamérica, violencia incontenible en el Medio Oriente, debilidad persistente de las economías latinoamericanas y crisis global del agua, son algunos de los hechos que nos sorprenden al asomarnos al universo, desde el balcón de nuestras perplejidades.
La crisis de la globalización ha sido reconocida por el propio Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, quien recientemente ha señalado que el sistema debe humanizarse.
Los hechos hacen que el proceso globalizador se parezca a la historia de Frankenstein quien, luego de su primer hálito vital, se vuelve contra su creador.
Vale anotar que lo único que le otorga un poco de sosiego al drama existencial de los tiempos actuales, es que las mentes de la globalización no se han empecinado en la ruta empedrada por la cual atraviesa el planeta y ya comienzan a entender las falencias del esquema.
La realidad nos indica que el mundo vive un momento de grave calamidad y que las soluciones pasan por dos circunstancias bien definidas: la adecuación de las estructuras políticas de nuestros Estados para enfrentar los cambios que nos acosan y una nueva visión de lo que debe ser el manejo de la cuestión económica.
Sobre el ámbito político, la lección que no hemos querido aprender es la que dio España hace má¿s de un cuarto de siglo. Los partidos políticos del más variopinto signo ideológico, se pusieron de acuerdo para establecer, con precisión, reglas de convivencia que permitieran el progreso y el desarrollo de la nación. Ese acuerdo produjo la estructuración del Estado del bienestar, la democratización de la educación y entre otras cosas, reglas ciertas para el debate de las lógicas diferencias que deben existir en un ámbito democrático.
El llamado “Pacto de la Moncloa” dotó a España de bases firmes que permitieron el ejercicio democrático y el consecuente desarrollo económico y social. Con acierto y como consecuencia del esfuerzo de aquella generación visionaria, el actual presidente del Gobierno español, José María Aznar puede decir, sin faltar a la verdad, que “España va bien”.
En lo económico, no hemos asimilado que nuestros países, inscritos en las economías emergentes, deben adecuar su accionar sobre las bases de una absoluta y total austeridad en la administración pública, lo cual implica aumentar la eficiencia al menor costo posible, entendiendo que el Estado debe tener, como norte, satisfacer en forma rápida las necesidades de los sectores más deprimidos de la sociedad.
La austeridad debe significar una revisión lógica de los gastos del Estado y la liquidación definitiva del clientelismo como forma insensata y aberrante del ejercicio público.
En ese camino de la nueva visión económica, se debe implementar una amplia reforma fiscal que haga equitativa las cargas tributarias. La disminución sensible de la evasión fiscal y el compromiso de los ciudadanos de financiar la actividad cotidiana de la nación, así como la transparencia en el manejo de la cosa pública, permiten que podamos consolidar las bases de un crecimiento sostenible.
En torno a la transparencia, debemos seguir el ejemplo del presidente mexicano Vicente Fox, quien instituyó la contraloría ciudadana. Mediante este mecanismo, el gobierno, a través de internet, ofrece a la nación toda la información relativa a los actos públicos que tengan que ver con el uso de fondos del Estado, con lo cual los asociados pueden, antes del perfeccionamiento de cualquier operación, demostrar sus disconformidades o denunciar lo que pudiesen considerar que perjudica los haberes nacionales. Este ejercicio de pulcritud y claridad, hizo que se descubriera el conocido “escándalo de las toallas” ya que se pudo evidenciar que el Estado las estaba adquiriendo a un precio exagerado y en consecuencia lesivo para la nación. Obviamente los involucrados fueron destituidos y se dejó claro que el truculento escenario de la dilapidación de los fondos estatales es cosa del pasado.
Es obvio que esa visión basada en la probidad y en el cambio del ilógico concepto malgastador que ha permeado la conciencia ciudadana, debe generar una administración en base a prioridades sociales y no a caprichos. Mirémonos en el espejo de Argentina, cuya crisis se gestó, según el ministro Domingo Cavallo, en la actitud irracional del presidente anterior, quien comprometió al Estado gastando más de lo que se podía, sin ningún objetivo institucional, o lo que es peor, con un objetivo políticamente subalterno: su reelección.
Debe quedar claro que la conducta ciudadana debe cambiar. Tony Blair, primer ministro británico y seguidor de la corriente socialdemócrata de la tercera vía, nos señala que la intervención estatal no debe provocar la abulia ciudadana. Los asociados deben exigir sus derechos pero deben cumplir, estrictamente, con sus obligaciones. El Estado debe ser un facilitador que ayude a los ciudadanos a gestar ideas para lograr sus propias soluciones.
El estado del mundo nos alerta a hacer cambios antes de que el peso de las circunstancias agrave la frágil economía panameña. Los políticos deberán entender que los tiempos que decurren exigen estadistas, y no arlequines que se alimentan del ocaso y la decadencia. Si los políticos contemporáneos no lo entienden, perderán la oportunidad de hacer una auténtica apuesta por el futuro y demostrarán que el agujero de la bóveda celestial no solo afecta la capa de ozono.
El autor es abogado
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