Es un mal que aqueja a este gobierno, no menos que a los que le han precedido; afecta tanto a las finanzas públicas como a la salud de la gente; y no importa la profesión del funcionario en cuestión, porque todos son igualmente propensos a guardarse para sí -o para el grupo del poder- información sobre los asuntos públicos que es valiosa para la ciudadanía. Ahí están los 56 millones que, independientemente de la discusión sobre si debían o no ingresar al Fondo Fiduciario, el Gobierno debió reportar al público en general y, en vez de eso, prefirió mantenerse callado. Ahí está también el informe de los altos niveles de plomo en la sangre de los niños de la escuela de San Antonio en San Miguelito, debido a la espantosa contaminación del aire por las emisiones de los vehículos automotrices. Los funcionarios del Ministerio de Salud que en 1997 conocieron el informe decidieron engavetarlo, sabiendo las graves consecuencias que este tipo de polución trae para el desarrollo de los niños. Aunque ellos no hubieran podido hacer nada de inmediato, su deber era pasar esta información a sus superiores y a la comunidad para que entre todos se hiciera algo al respecto. Ningún político se atreve a comprometerse seriamente, pero este país necesita que la información pública sea de libre acceso para todos sus ciudadanos.