Deuda pública y economía nacional

La enorme deuda pública, heredada de los tiempos de los militares, tiene en la actualidad negativos efectos en la economía nacional

Hasta 1968, todo cargo público, sus funciones y asignaciones eran creados por leyes sustantivas preexistentes a su inclusión en la ley de presupuesto que, como sabemos, es adjetiva. Asimismo, el crédito público solo era usado en programas específicos de desarrollo, obras y servicios, previamente estudiados y aprobados por los organismos oficiales competentes y finalmente autorizados por leyes específicas expedidas previamente.

El desarrollo social era consistente, el crecimiento económico alcanzó nivel alto en la América Latina y la tasa de desempleo una de las más bajas, todo ello con los recursos corrientes del Gobierno, y con el uso moderado y solo indispensable del crédito público. Al cierre del año fiscal de 1968, la deuda contractual o fundada del sector público -la interna-, externa y flotante, totalizaba la suma de doscientos cincuenta y tres millones setecientos ochenta y un mil quinientos cuarenta y nueve balboas con trece centésimos (B/.253,781,549.13), según consta en el informe de la Contraloría General de la República correspondiente a 1968.

Tales cifras evidenciaban, sin lugar a dudas, una situación fiscal sana al caer el gobierno de jure por el golpe de Estado de 1968. El servicio de la deuda pública no rebasaba el 13% de los ingresos corrientes del Gobierno Central. El cierre fiscal hasta ese año no registraba déficit y, por tanto, la situación fiscal y financiera del Estado era, incuestionablemente, sana.

Al sucumbir el Gobierno Constitucional por el golpe militar de octubre de 1968 y disuelta la Asamblea Nacional, el gobierno de facto se arrogó las funciones legislativas, incluyendo la de dictar el presupuesto, crear y suprimir empleos y contratar empréstitos sin sujeción alguna. La Contraloría General fue convertida en simple dependencia subordinada a la voz de mando de los noveles gobernantes.

El principio universalmente reconocido de que todo gobernante necesita de frenos y controles (ley de pesos y contrapesos) para contener la tendencia natural al exceso y al abuso -más necesario aún en gobiernos ejercidos o controlados por militares, dado que estos están acostumbrados a mandar y a que se les obedezca- no existió en los 21 años de gobiernos impuestos.

Por otra parte, la situación mundial de abundancia de petrodólares y la lenidad de funcionarios y representantes de organismos financieros internacionales, abonó las facilidades de consecución de préstamos a muy alto costo, lo que contribuyó a que el gobierno de facto rebasara las necesidades crediticias, para cubrir el incremento desordenado de gastos, y para financiar proyectos no siempre estudiados y programados dentro de un orden de prioridades, además, y en no pocos casos, para inversiones insensatas y sin perspectivas razonables.

Al restablecerse el sistema de gobierno ejercido a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en virtud de las reformas constitucionales de 1983, aun cuando persistía la injerencia de las Fuerzas de Defensa hasta diciembre de 1989, la deuda pública contractual rebasaba la enorme cifra de 7 mil millones de dólares y el crédito público estaba completamente agotado. El Estado se encontraba en situación de moratoria con sus acreedores nacionales, organismos internacionales de crédito, Club de París, banca comercial privada y tenedores de bonos del Estado, y los empleados públicos se pagaban en parte con pagarés.

En tan desdorosa situación, las funciones del gobierno de reconstrucción nacional instaurado a finales del 1989, consistieron primordialmente en el reordenamiento y saneamiento fiscal y financiero del Estado.

Sin embargo, las cargas financieras de la enorme deuda pública que rebasa la capacidad crediticia y de pago del Estado panameño es, sin lugar a dudas, causa principal del estancamiento de la economía nacional, y del desarrollo social del país. Más del 50% de los ingresos corrientes del Gobierno Central han estado y continúan estando comprometidos con el servicio de esta deuda pública desproporcionada, que constituye la herencia nefasta de los gobiernos dictatoriales que se impusieron por la fuerza durante 21 años de nuestra vida republicana.

A este respecto, el Presupuesto General del Estado tiene previsto para la vigencia fiscal de 2001, en concepto de ingresos corrientes del Gobierno Central, la suma de dos mil millones ciento cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta y siete mil ochocientos dólares (B/.2,155.757.800.00), y para el servicio de la deuda pública ha fijado la suma de mil ciento siete millones quinientos noventa y siete mil novecientos dólares (B/.1.107.597.900.00) en concepto de intereses y amortización. Estas sumas representan en términos relativos el 51.38%, quedando solo la suma de mil cuarenta y ocho millones ciento cincuenta y nueve mil novecientos dólares (B/.1.048.159.900.00) para cubrir los gastos de funcionamiento e inversiones fijados en la suma de dos mil millones treinta y seis mil doscientos cuarenta y dos mil ochocientos dólares (B/.2.036.242.800.00). Esto obliga la concertación de nuevos empréstitos para cubrir tales obligaciones y programas del Estado, en la presente vigencia fiscal.

Esta es la consecuencia gravosa que nos imponen las obligaciones financieras contractuales incurridas por los gobiernos surgidos de la intromisión de los cuarteles en la institucionalidad del Estado, gravando a las generaciones presentes y futuras. Se trata de una situación de difícil salida y de la que no están exentos los organismos financieros internacionales, por su condescendencia con los gobiernos de facto.

La situación descrita impide la realización de programas de desarrollo social para mejorar la situación de pobreza y desempleo que padece el pueblo panameño, situación que se repite año tras año.

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