La ciencia política, como todas las que se ocupan de asuntos sociológicos, tiene pocas certezas, pero una de ellas es que esa organización política que hemos denominado Estado, abarca cada vez ámbitos geográficos y demográficos más amplios. Por alguna razón, que la razón no puede explicar, Panamá invierte esa constante y navega contra la corriente en una suerte de esfuerzo por atomizar el país en lugar de unificarlo. Las etnias indígenas se consideran casi repúblicas independientes, con leyes y sanciones propias, completamente ajenas a lo que establece el derecho positivo panameño; los municipios hacen lo que les viene en gana; el acceso a las playas lo gravan con tasas, contribuciones o impuestos -como quieran llamarlo- e incluso se ha llegado al extremo de no permitir la entrada a un pueblo si no se paga una especie de peaje, como ocurrió algunos años atrás en El Valle. Una maestra fue castigada, en Kuna Yala, con azotes de ortiga y otros fueron retenidos por no pagar un impuesto arbitrario. Aparentemente ni ellos, ni las autoridades, han leído el artículo 48 de la Constitución vigente, según el cual, “nadie está obligado a pagar contribución ni impuesto que no estuvieren legalmente establecidos y cuya cobranza no se hiciere en la forma prescrita por las leyes”. Hemos dado un salto atávico al feudalismo.