Documentos para la descontaminación

Una nueva publicación aporta más sustento al reclamo panameño por la limpieza de los antiguos campos de tiro y bombardeo en las áreas revertidas.

Polígono de tiro de Piña. La controversia por los campos de tiro y bombardeo sigue sin solución a la vista.

El tema de la descontaminación de las áreas de tiro y bombardeo en las antiguas bases militares estadounidenses en Panamá se mantiene en suspenso. Pero mientras el Gobierno panameño ha confiado el futuro del asunto a la realización de un arbitraje internacional, siguen apareciendo documentos que fortalecen la posición panameña.

Este es el caso del breve libro La responsabilidad de los Estados Unidos por la contaminación ambiental de Panamá, de Jorge Illueca, editado el año pasado pero que ahora se encuentra en circulación en distintas librerías y puestos de libros de distintos establecimientos comerciales del país.

Los datos y las observaciones de esta publicación tienen su origen en la exposición hecha el 19 de junio de 2000, ante la XXXVI conferencia de la Federación Interamericana de Abogados, reunida en Panamá.

El valor del documento radica fundamentalmente en que es una sustentación temática, principalmente jurídica, del justo reclamo de Panamá ante la reiterada negativa de Estados Unidos a reconocer que todavía tiene responsabilidades pendientes con Panamá.

Según señala Illueca, “ es una realidad incuestionable que en los campos de tiro empleados en Panam´´a por las fuerzas norteamericanas, se han puesto a prueba materiales químicos tóxicos y que casi todas las armas no nucleares utilizadas desde el siglo pasado, incluidos el napalm, el agente naranja, el gas mostaza y otros tóxicos químicos, han sido objeto de pruebas en Panamá con la consiguiente contaminación y perjuicios para el país”.

En una vasta extensión que comprende más de las 3 mil 175 hectáreas que en 1999 Estados Unidos le entregó a Panamá, “aceptando estar contaminadas”, dice Illueca, “hay sobradas evidencias de que existen campos de tiro que han sido usados desde inicios del siglo XX hasta nuestros días para entrenar a personal militar norteamericano en el manejo de armas y otras actividades”.

Una de las partes fundamentales del libro es la sistematización y resumen de la abundante documentación que recopiló durante su gestión como co-presidente del Grupo de Trabajo Conjunto Estados Unidos-Panamá para la limpieza de los polígonos, Fernando Manfredo, quien relata las amargas experiencias que vivió en este organismo, al no poder llegar a un entendimiento con los estadounidenses sobre el asunto.

“Nos enfrentamos, afirma Manfredo, a la actitud agresiva y ofensiva del co-presidente estadounidense”. Su primer planteamiento fue que la remoción de las amenazas (residuos contaminados) estaba vinculada al calor de las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, señalando que en esos momentos no eran buenas. En esos días el Gobierno de Panamá había rechazado las pretensiones de Estados Unidos de operar una base militar disfrazadas con el nombre Centro Multilateral Antidrogas (CMA).

Según Manfredo, citado por Illueca, “otros planteamientos eran que debíamos referirmos al tratado Torrijos-Carter y buscar soluciones prácticas que fueran el resultado de una negociación donde habría concesiones recíprocas, porque ellos no iban jamás a aceptar que tenían responsabilidades residuales post-tratado, y para ello se apoyarían en la cláusula del tratado que señalaba que la remoción de las amenazas se realizaría hasta donde sea viable”.

La frase “hasta donde sea viable”, interpretándola unilateralmente, dice el ex negociador, “la condicionaron a factores tales como: accesibilidad, protección al medio ambiente natural, seguridad de las personas encargadas de los trabajos de detección y remoción de las amenazas, tiempo y costo. Ellos mismos establecieron los criterios para medir estos factores”.

Los estadounidenses plantearon que respecto a la accesibilidad de los sitios afectados, no podía trabajarse en áreas que tuviesen una inclinación mayor de 25%. “De nada sirvió probarles que en la isla Kaho's Olave en Hawaii, que fue utilizada al igual que en Panamá para práctica y prueba de municiones, explosivos y bombardeo, en estos momentos un contratista particular realiza la detección y remoción en gradientes de más de 40%”, dice Manfredo.

En el caso de daños al medio ambiente natural, señalaron que si en opinión de ellos el daño fuera mayor, no era viable la detección y remoción de las amenazas, porque habría necesidad de talar los bosques y remover toda la vegetación causando un daño mayor. Comenta Manfredo que “de nada sirvió que le comprobásemos que en esos momentos se realiza la detección de amenazas en las áreas de lo que fue el campo de tiro de Fort Ord, Monterrey, California, donde se han buscado la tecnología y los métodos para conservar el bosque chaparral y la vida silvestre que se quiere proteger sin causar mayor daño al medio ambiente natural”.

En cuanto al factor de tiempo, los estadounidenses señalaban que se requerirían 10 años para la remoción de las amenazas, pero que al mismo tiempo tenían la responsabilidad de la defensa del Canal, para lo cual era necesario continuar con las prácticas de tiro y de bombardeo que no fueron suspendidas hasta mediados de 1998. Rechazaron el argumento panameño de que la remoción de las amenazas prevalecía sobre los derechos de uso de los campos de tiro.

“Desde el principio nos entregaron lo que denominaron Plan para la Transferencia de los Campos de Tiro y se resistieron a que se le diera el nombre de Plan para la Remoción de las Amenazas a la Vida, Salud y Seguridad Humana en los Campos de Tiro y Bombardeo”, cuenta el ex funcionario.

Manifiesta que a los estadounidenses “se les explicó que no era un problema de semántica. Una cosa es un plan de remoción de amenazas en un campo de tiro o de bombardeo que va a continuar con ese uso y otra es la remoción de las amenazas en un campo de tiro y bombardeo que se cierra y se le va a dar a esas tierras un uso civil”.

Según Manfredo, los norteamericanos ignoraron el planteamiento panameño de que las amenazas no eran solamente los explosivos no detonados, sino también las derivadas de la contaminación de las aguas subterráneas con la descomposición de los metales de las municiones y bombas, así como los compuestos químicos que normalmente se utilizan en su manufactura. “No aceptaron realizar la perforación de pozos a la distancia y la profundidad que aconsejan las normas internacionales”, agrega.

Un estudio para la estimación de la localización de las amenazas, la naturaleza y densidad de las mismas, asignado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos a una empresa privada, concluyó que el mismo no pudo ser realizado en la forma que era necesaria por carecer de los datos históricos. El Comando Sur les había dicho que, como práctica, esos registros se destruían cada tres años y que se habían perdido muchos de ellos durante la invasión de Panamá el 20 de diciembre de 1989.

La falta de documentación no le permitió a la empresa determinar el posible uso de armas químicas y la existencia bajo tierra de estas armas, aun cuando pudieron localizar mapas donde se mencionaban áreas “para prácticas de armas químicas, biológicas y radioactivas”.

Un documento solicitado por Panamá titulado US Army Suspected Chemical Weapons Burial Sites, “nunca nos fue entregado a pesar de las múltipes promesas. Tampoco se pudo obtener a través del Freedom or Information Act”, dice el ex negociador.

Cuenta que a la parte panameña se le ofreció “acceso a los archivos del Centro de Pruebas Tropicales (Tropical Test Center). Luego se nos dijo que nos entregarían unos compactos con toda la información. Sin embargo, lo que nos entregaron no cubría los años que más nos interesaban, faltaban muchos documentos”.

Michael Short, experto de la empresa EOD Technology, contratista del Departamento de Defensa para los trabajos de remoción de amenazas, al final de los trabajos, declaró en Estados Unidos que “todas las áreas podían ser objeto de caracterización, detección y remoción de amenazas. Todo era cuestión de tiempo y costo”.

“Eso mismo me dijo Short a mí personalmente en Panamá -expresa Manfredo-. Señalando que lo más difícil sería un 25% del área de Piña por lo escarpado del terreno. También afirmó que no era necesario derribar los árboles grandes porque lo que se necesitaba era remover la vegetación a flor de suelo para colocar magnetómetros, y que esa vegetación se renovaba muy rápidamente por los suelos y el régimen de lluvias de Panamá”.

Curiosamente en el plan de transferencias de los Campos de Tiro se señalaba que se necesitaban varios años para la recuperación de esa vegetación.

El plan presentado por la parte norteamericana establecía cuatro tipos de medidas para la remoción de las amenazas: barrido del área, que consistía en una caminata de parte de personal militar en las áreas accesibles para identificar amenazas inminentes y sustanciales en la superficie. Limpieza superficial. Remoción del subsuelo a una profundidad de uno a cuatro pies, pero sólo en las áreas que necesitaría la [antigua] Comisión del Canal de Panamá para el ensanche del Corte Culebra, siempre y cuando que no se trate de suelos duros o suelos de arcilla duros. Control y mantenimiento mediante avisos de peligro y construcción de barreras en las áreas de impacto, donde ellos consideraban que no era viable la detección y también que la remoción de las amenazas no era viable.

Por contención y control querían decir impedir el acceso de personas a esas áreas. Sostenían que como los explosivos no estallan solos y se necesita que sean molestados por personas, si se contenía y controlaba el acceso al área eso equivalía a remover la amenaza.

Panamá planteó que las medidas de contención y control en todas partes del mundo no eran sino medidas temporales mientras se realizaba la remoción de las amenazas. “Ni siquiera quisieron aceptar que con las medidas de avisos y barreras se incluyese la construcción de cercas”, revela Manfredo.

La propuesta panameña de que se cumpliese con el Tratado del Canal de Panamá de realizar un estudio de impacto ambiental que fuese el que determinase cuáles serían los daños mayores al medio ambiente de los trabajos de detección y remoción y que al mismo tiempo recomendase las medidas para evitarlos o, de no ser posible, lograr mitigarlos, fue rechazada.

De igual forma, la propuesta panameña de que la controversia de si era o no viable la remoción de amenaza fuese dirimida haciendo una convocatoria a nivel mundial a la empresa privada para la realización de esos trabajos, fue rechazada, a pesar de que “les comprobamos que en los propios Estados Unidos el Departamento de Defensa contrata con la empresa privada esos trabajos”, relata Manfredo.

En opinión de la firma Phase Linear Technology, integrada por expertos de EOD Technology con experiencia en el área del Corte Culebra, es viable lograr un 100% en la remoción de amenazas en Emperador y el lado oeste del Canal, y por lo menos el 75% en Piña. El otro 25% ubicado en las áreas más empinadas, es susceptible de limpiarse a un costo mayor.

Además de todas las consideraciones de Manfredo, Illueca aporta en su libro otros elementos de derecho internacional que demuestran hasta qué punto Estados Unidos ha evitado cumplir con sus responsabilidades ambientales.