Una decisión acertada

Hay que hacer un reconocimiento a quienes lograron que se desestimara el Campo Antenas como sitio para ubicar la Ciudad Gubernamental

Recientemente han sucedido dos hechos de trascendente importancia para el futuro ambiental de la República. El caso de la negación del permiso para la extracción de arena del fondo marino frente a Playa Blanca, que hizo noticia con gran cobertura nacional debido al conflicto de intereses económicos de las partes en pugna, y el otro, el cambio de ubicación de la futura Ciudad Gubernamental, que ha pasado casi desapercibido en los medios de información, debido a que, desafortunadamente, el tema del desarrollo urbano les preocupa a muy pocos.

Ambas noticias son de extraordinaria importancia porque indican un cambio de actitud en la conciencia nacional. El caso de la arena ha sido ampliamente considerado y no requiere más atención. Sin embargo, el caso de la Ciudad Gubernamental amerita no solo la consideración, sino el reconocimiento público de los autores protagonistas y anónimos que lograron que se desestimara el Campo de Antenas como sitio para ubicar la Ciudad Gubernamental y darle preferencia a Albrook.

Para hacer justo reconocimiento, debo seguir la misma secuencia de cómo se desarrollaron los eventos en el proceso de decisión. Una vez autorizado por el Gabinete, el Ministerio de Vivienda abrió la licitación pública para seleccionar la firma profesional que llevará a cabo el estudio y plan maestro para la construcción de la Ciudad Gubernamental. El Campo de Antenas dentro del Parque Camino de Cruces aparecía en el pliego de cargos como el único sitio para ubicar el proyecto. Esta absurda decisión no solo limitaba la participación de los profesionales a los que les correspondiera ejecutar el proyecto, sino que claramente indicaba que la decisión había sido impuesta por razones estrictamente políticas, al margen de consideraciones ambientales y urbanas. Gracias a la iniciativa que nace de uno de los profesionales que participan en la licitación, en la reunión de homologación, los cuatro grupos concursantes le solicitaron al Ministerio de Vivienda que incluyera en el pliego de cargos la posibilidad de incluir otros sitios además del propuesto, para ser evaluados conjuntamente con el Campo de Antenas, lo cual fue aceptado mediante adenda por el Ministerio. Gracias a esta iniciativa, es que el consorcio ganador de la licitación, Ing. F.G. Guardia y Asociados y Clemant & Medina, logra ampliar la lista de posibles sitios para ubicar el proyecto con mejor criterio de evaluación urbana y consideración ambiental. Obviamente que en el proceso de evaluación técnica el Campo de Antenas queda descalificado y surgen mejores opciones, de las cuales el actual aeropuerto de Albrook parece ser la mejor.

Los gestores de la idea que proponía la Ciudad Gubernamental en el Campo de Antenas sabían que tenían que cambiar dos leyes de la República que protegen la integridad ambiental del Parque Camino de Cruces: la propia Ley Nº 30 que lo crea y la Ley Nº 21 que reglamenta el uso de suelos de las áreas revertidas. Para lograr esto tenían que producir una acción legislativa discreta, que no pusiera en evidencia el problema ambiental por la reacción que justificadamente produciría en las organizaciones ambientales y en los ciudadanos conscientes del problema urbano. Con gran ingenio político le robaron el mandado al legislador Ameglio, modificando en el primer debate el proyecto de Ley Nº 25 (que pretende ordenar el uso de las áreas públicas y recreativas en las áreas revertidas) e incluyendo el artículo 13 que cambia el uso del suelo en el Campo de Antenas, de parque (área verde) a institucional, y además le quita al Parque Soberanía 120 hectáreas. Mediante esta ingeniosa gestión, los promotores del proyecto obvian la necesidad de exponer públicamente a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), para evitar otra confrontación que a todas luces sería penosa y desagradable para la institución. La iniciativa legislativa no ha pasado a segundo debate y de progresar, tendrá que confrontar la oposición ciudadana, que no está dispuesta a aceptar la destrucción de los Parques Camino de Cruces y Soberanía.

Debo reconocer que la oportuna intervención de la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC), que reúne a 30 organizaciones ciudadanas, tan pronto conoció de la intención legislativa, alertó a la ciudadanía con la denuncia pública y solicitó la reconsideración de esta absurda propuesta. De igual modo, no se debe excluir del proceso que afectó la decisión a los ciudadanos que oportunamente emitimos opinión escrita y radial oponiéndonos al sitio y a la iniciativa legislativa de modificar la integridad territorial del Parque. Particularmente, el arquitecto Rodrigo Mejía Andrión no solo se opuso, sino que retomó y propuso la recomendación técnica que se formuló en el Consejo Técnico de Urbanismo durante la administración del presidente Endara, de que el Aeropuerto de Paitilla debía ser trasladado a Tocumen, y así permitir la posible utilización de Albrook para ubicar la Ciudad Gubernamental.

Estoy seguro de que durante el proceso que generó la toma de decisiones en el consorcio profesional encargado del proyecto, todo lo expuesto fue parte de la interacción de eventos que condujeron a la acertada selección de Albrook y a desestimar el Campo de Antenas para ubicar la futura Ciudad Gubernamental. A esto debo adicionar el diagnóstico y análisis técnico que, por la experiencia y calidad profesional de los arquitectos e ingenieros involucrados en el estudio, garantizan la correcta selección del sitio. Esta decisión no tendría mayor trascendencia sin que la misma hubiera sido aceptada públicamente por el ministro de la Vivienda, Miguel Cárdenas, a pesar de que la decisión final para la selección del sitio está a la espera de la aprobación definitiva. Confiamos en que el ministro Cárdenas escogerá el sitio más conveniente a los intereses de la ciudad, sus ciudadanos y el medio ambiente.

Además en opinión