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La
Prensa - Ciudad de Panamá, 13 de junio de 2001
Una
denuncia sin precedentes
“El
procurador sostiene posiciones personales que son contrarias a
la convención americana de derechos humanos”
Jorge
Giannareas
jorgian@prensa.com
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| Claudio
Grossman, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos |
La
reciente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) puso de relieve que en Panamá se habían producido algunos
avances en materia de derechos humanos, al tiempo que señaló que
hay “situaciones preocupantes”, entre las cuales se encuentra
de manera prominente la persecución a los periodistas.
“Somos
comisionados, no diplomáticos”, justifica así Claudio Grossman,
presidente de la CIDH, en entrevista exclusiva concedida a La
Prensa, las prioridades de su agenda y el tono de sus encuentros
e intercambios con sectores gubernamentales y no gubernamentales.
Sobre la cuestión del estado actual de la libertad de expresión,
Grossman mostró su insatisfacción con la calidad de la información:
“Recibimos denuncias de que había más de 70 casos”, dice Grossman
con consternación. “Le preguntamos al procurador y nos dijo que
solo eran 22 casos que involucraban a solo 28 periodistas. Ahora
bien, no hay ningún país en la región que tenga a 28 periodistas
demandados por calumnia e injuria ante los tribunales”. Grossman
lo dice sin ambages: “Panamá es el país número uno en América
Latina”, en lo que a periodistas acusados se refiere. Es un liderazgo
de dudoso orgullo. O tal vez no.
El tema adquirió una relevancia inusitada en la reunión que sostuvo
la comisión en las oficinas de la Procuraduría General de la Nación.
La posición del jefe del Ministerio Público causó extrañeza a
todos los miembros de la comisión y a Grossman en particular,
que no pudo ocultar su desasosiego con lo que le tocó presenciar
ese día jueves 7 de junio en horas de la tarde.
“El”,
refiriéndose a José Antonio Sossa, nos cuenta Grossman, “invitó
a una serie de personas a la reunión a las que presentó como representantes
de gremios de abogados. Nosotros no teníamos una reunión con ellos,
nosotros queríamos una reunión con el procurador. Se produjo una
situación extraña porque él le pasaba la palabra a esta gente,
que parecía muy partidaria de él.” “Esto nunca nos había pasado”,
confesó un asombrado presidente de la CIDH. “Fue una cosa sin
precedentes”.
“Nos
causó extrañeza la forma en que vio su rol con una comisión que
vino a conversar con él. Lo importante es que el procurador se
mostró como un militante de una interpretación que es válida en
la vida privada, pero en su rol de funcionario público tiene que
aplicar los tratados libremente suscritos por el Estado panameño”,
arguyó Grossman.
Sin titubear Claudio Grossman afirmó que, en materia de libertad
de expresión, el procurador sostiene posiciones personales que
son contrarias a la convención americana de derechos humanos.
Cualquier individuo tiene el derecho de decir “quiero meter presos
a los periodistas porque son mala gente”, pero no como procurador,
comentó.
Pero no es solo una cuestión de las “extrañas” ideas que tiene
un funcionario equis. De todas las denuncias que recibió la comisión,
la que probablemente más preocupa a su presidente es la de que
en Panamá los procesos contra periodistas no son casos aislados,
sino que hay un patrón, de que se trata de una acción sistemática
dirigida por el procurador con el fin de intimidar a la prensa.
“Nosotros no prejuzgamos el hecho”. “Hemos recibido esta denuncia
y la vamos a investigar”, recalca con ceño adusto.
-¿En qué consiste exactamente la denuncia?
- La denuncia consiste en que el procurador está dirigiendo una
cruzada contra los periodistas que critican a funcionarios públicos.
Nosotros investigaremos esta denuncia porque ella significa un
abandono de la neutralidad que tiene que tener el procurador general.
-¿En
qué sentido esta denuncia es distinta del hecho habitual de que
el Ministerio Público investigue a periodistas por los delitos
de calumnia e injuria?
- Si se tratara de varios casos aislados, sería diferente; pero,
si de lo que se trata es de una política sistemática de intimidación,
impulsada desde el despacho de un alto funcionario del Estado
[como lo es el procurador] que utiliza el régimen de calumnia
e injuria para perseguir al periodista que está investigando a
autoridades públicas, entonces hay aquí una responsabilidad del
Estado panameño. Y hasta podría configurar una responsabilidad
individual del mismo procurador. Se trata de una denuncia que
la comisión va a investigar.
-¿Cómo
podría comprobarse que los distintos procesos que se siguen a
periodistas por los delitos de calumnia e injuria forman parte
de una acción sistemática por parte del Estado?
- Se trata de una acción sistemática cuando los distintos procesos
están todos impulsados desde un mismo despacho y se les confiere
una atención especial a este tipo de casos. La comisión ya ha
establecido en otros casos como el de Venezuela, por ejemplo,
que cuando una autoridad denigra sistemáticamente a los periodistas,
es decir no lo hace en un momento solamente, como resultado de
una explosión emocional, sino que lo hace constantemente, esto
puede constituir una violación a la libertad de expresión.
-¿Cuáles podrían ser las consecuencias si se estableciera la
veracidad de estas alegaciones?
- Como le dije, esta es una denuncia que nosotros vamos a investigar.
Si se comprueba que es cierto, entonces habría una responsabilidad
de parte del Estado, que podría concluir en una condena de tipo
económico, por los daños causados .
-¿No podría ampararse el jefe del Ministerio Público en que
su labor es proteger el honor de las personas?
- El parte de una disyuntiva falsa entre el ejercicio de la libertad
de expresión y el honor. Nosotros le dijimos que ese no es el
tema; nosotros somos partidarios de proteger el honor a través
de la responsabilidad civil, que consiste en una indemnización,
y el derecho de rectificación. No pudimos comunicarnos sobre este
punto. Cuando se lo planteábamos no había respuesta de su parte.
-¿Cuál es la importancia de la protección del honor en un régimen
democrático?
- Le repito: la disyuntiva entre la libertad de expresión y la
protección del honor es falsa. Decir “o se protege el honor o
se garantiza la libertad” es un intento por confundir las cosas.
Es decir una estupidez. La cuestión tiene una dimensión pública,
ciudadana.
Lo que hay que preguntarle a la gente es lo siguiente: ¿es usted
partidario de que los políticos, las autoridades públicas, que
tienen un deber fiduciario, sagrado, de administrar los dineros
del Estado, que pueden tomar decisiones que afectan la vida de
un país en su conjunto, sean sometidos a una crítica y a un debate
vigoroso sobre su actuación, o es usted partidario de que ellos
se defiendan metiéndolo a usted preso utilizando los recursos
del Estado? En mi opinión, es mejor que haya un régimen de responsabilidad
civil más un derecho de rectificación de respuesta.
-En Panamá, las autoridades pueden penar sin juicio previo
cuando consideran que una persona les irrespeta. Esto es lo que
otros países llaman leyes de desacato.
- Panamá no es el único que todavía no ha eliminado las leyes
de desacato, o despenalizado la calumnia y la injuria, pero sí
es el número uno en la cantidad de casos contra periodistas, aun
tomando en cuenta la cifra que da el procurador.
-¿Se han eliminado las leyes de desacato en algún país?
- En Argentina existían leyes de desacato, es decir, la crítica
de las autoridades públicas conllevaba una sanción penal. El periodista
Horacio Verbitsky acusó al presidente Menem de tráfico de armas,
enriquecimiento ilícito, peculados, y otras cosas. Utilizando
las leyes de desacato lo condenaron al pago de una multa y prisión.
Su caso fue ante la Corte Interamericana y ganó. Como consecuencia,
el Estado argentino tuvo que modificar sus leyes y abolir el desacato,
lo que ha hecho posible el encausamiento y arresto del entonces
presidente de la República Carlos Menem esta semana. Esta es una
prueba de la importancia de un debate público y vigoroso, que
las leyes de desacato impiden.
-Entonces,
¿hay una relación entre el caso Verbitzky y el caso Menem?
- Por supuesto. La eliminación de las leyes de desacato ha permitido
un debate importante para la sociedad argentina. Yo no sé si Menem
es o no culpable, pero a mí me parece positivo que se establezca
en Latinoamérica con toda claridad el principio de que no hay
nadie por encima de la ley.
Antes hasta los que eran ex funcionarios públicos podían utilizar
en su favor las normas de desacato. Claro, nunca es un solo factor
el que ocasiona un resultado, pero yo estoy convencido de que
sin un debate vigoroso sobre la actuación de las autoridades en
que los participantes no están amenazados por sanciones penales,
el encausamiento y arresto de Menem no habría pasado.
Se trata, a fin de cuentas, de darle validez al principio de que
nadie está por encima de la ley, y en el caso de los funcionarios
públicos, la ley debe permitir que su actuación sea observada
más de cerca, porque el propósito del servicio público es que
los servidores públicos sirvan al pueblo y no que se sirvan del
pueblo. Por eso es que vamos a investigar especialmente esta denuncia
que hemos recibido de que el procurador general lleva a cabo una
acción sistemática de utilización de las leyes de desacato contra
los periodistas.
Informe
de la SIP
sobre la libertad
de prensa
en el hemisferio
Algunas
partes del informe, que aún debe ser revisado por la organización:
Argentina:
Han surgido iniciativas económicas y legales que ponen en riesgo
a la prensa escrita a través de una posible reglamentación al
derecho de réplica, un proyecto de colegiación obligatoria en
la provincia de Mendoza y un hostigamiento contra el diario El
Liberal de Santiago del Estero.
Canadá:
Algunos periodistas han sido agredidos o amenazados por personas
afectadas por denuncias hechas públicas, y otro gran número de
ellos han sido arrestados cuando cubrían manifestaciones. Se utiliza
cada vez más la legislación sobre derechos humanos para regular
la actividad de la prensa.
Chile:
Permanece vigente la Ley de Seguridad del Estado que actúa como
manto de sobreprotección legal de los funcionarios. Unas 300 autoridades
de los tres poderes y del orden militar están favorecidos por
esa ley en diferentes pleitos con los medios de comunicación.
República
Dominicana: Catorce casos de agresiones y atropellos contra
medios y periodistas han sido denunciados. Continúa impune el
crimen contra el columnista Narciso González, ocurrido en 1994.
El Salvador: Persiste un enfrentamiento entre funcionarios
públicos y periodistas por denuncias por difamación. Siguen vigentes
disposiciones del Código Penal que prohíben el acceso del periodismo
a ciertas fases de los procesos judiciales.
Guatemala:
Existe, de parte del gobierno, especialmente del Ministerio de
Comunicaciones, un fuerte acoso y desprestigio contra la prensa
y periodistas independientes. El monopolio de la televisión es
el instrumento utilizado por el gobierno para ese fin. En el plano
positivo, la SIP y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos
acordaron reiniciar las investigaciones por el caso de Irma Flaquer,
desaparecida en 1980.
Haití: Los periodistas admiten que se autocensuran debido
a presiones políticas. Un periodista fue asesinado en diciembre.
El crimen contra Jean Dominique, ocurrido en abril del 2000, parece
condenado a una total impunidad. La SIP descubrió numerosas irregularidades
en el proceso policial y judicial.
El nuevo gobierno produjo un cambio positivo en cuanto a no discriminar
en el otorgamiento de la publicidad oficial. La alta carga impositiva
que deben soportar los medios, la disminución de la publicidad
y de sus ventas, incide gravemente en el cierre de varios de ellos.
Caribe: en Antigua y Barbuda la Radio Observer ganó un
juicio sobre la confiscación de su equipo. En Trinidad y Tobago
el presidente de Caribbean Communication Network demandó al primer
ministro por difamación porque fue acusado de `seudo racista.
En Jamaica, The Gleaner Company logró una reducción de la indemnización
resultante de una querella por difamación.
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