Secuestro inmoral de la sociedad

Eso es lo que está haciendo Carlos Ernesto González Ramírez al ejecutar una estrategia de desinformación frente al contenido de la Ley del químico.

Sí, un secuestro inmoral de la sociedad en beneficio de su experiencia personal al reintegrarse a nuestra sociedad luego de finalizar estudios en Europa, a favor de su posición como impulsor de una tendencia económica que está en pleno proceso de aplicación: la globalización. Y en beneficio de su sello de excelencia intelectual al brindarnos un artículo desinformante, donde no hace referencia alguna al articulado como miembro de la recién establecida Fundación Libertad, lo cual fácilmente lleva al lector a confundir esta con la veterana Fundación para la Libertad Ciudadana. No son lo mismo.

Los ataques que ha hecho el señor Ramírez a la ley, los ha hecho en tres escenarios diferentes: Primero, como asesor de Arden & Price, ( La Prensa, 13-7-2001) ante un foro cerrado sin derecho a réplicas; segundo, en su artículo de La Prensa el 18 de julio titulado “Química Nacionalista” (la química es universal), donde pide vetar una ley que ha tenido que esperar 23 años para su aprobación; y el tercero, en su respuesta al correo electrónico que le enviara la licenciada Ana Santana.

Llama la atención las incongruencias hermenéuticas que surgen de sus propias palabras: 1. Atribuye a la Ley que en las empresas solo deben trabajar panameños. Eso es falso. La ley, en su artículo 20, señala que la contratación de químicos extranjeros se hará de acuerdo con las leyes laborales y convenios vigentes. La liberación de toda restricción laboral, en consecuencia, según su razonamiento, significa una violación a los derechos humanos de los panameños capacitados, ya que como señala en su artículo, los panameños no podrán ser contratados porque “las empresas extranjeras que invierten en tecnología lo hacen con sus propios equipos de técnicos en quienes confìan”. Es decir la confianza y no la capacidad, según usted, es un requisito para trabajar en esas empresas que se instalen en Panamá.

2. Paradójicamente, en el correo que envía a la licenciada Santana dice que mi artículo (18/7/01, La Prensa ) en ningún momento critica que se regule cualquier profesión, sino que se exija que sea panameño quien la ejerza. Un panameño nacionalizado no es extranjero es panameño.

3. Su segundo ejemplo relativo al símil que hace entre la venta al por menor de los chinos, o que no queremos inversión extranjera tiene algunas lagunas. Quedamos perplejos, puesto que en algunos momentos recibimos un tratamiento de organización de mercado y en otras como de servicios. Cierto que la OMC y el ALCA son ámbitos de negociación en materia de mercado y servicios, incluido las profesiones, pero de allí a que exista una analogía entre un chino en una abarrotería y un químico en un laboratorio, creo que requiere de un poco más de explicación.

3. Para fortalecer su argumento no hace falta que demerite la formación profesional de los médicos. Los panameños tenemos mucho potencial, pero artículos como el suyo revelan que todavía hay personas que piensan que lo extranjero vale más que lo nacional. Estudiar química no es fácil en un país como el nuestro, y es a todas luces un secuestro inmoral de la sociedad pretender desincentivar la formación de nuevos recursos humanos en esta área.

4. Nuestra ley no viola los derechos humanos ni tampoco confunde políticas de inmigración con políticas laborales. Si no lo sabe, en esta materia existe una rama denominada migración laboral que trata sobre el tema basado en la Constitución y el Código de Trabajo. La importancia del talento que según usted obstruimos, es regulada por dicha rama del derecho nacional e internacional. Debo ser enfático, no obstruimos nada, solo exigimos que se respeten los derechos humanos de los panameños, que se observen normas para la promoción industrial panameña mediante leyes que garanticen el trabajo al personal capacitado e idóneo. ¿Es esto violatorio de los derechos humanos de los extranjeros?

Esta ley no protege a los graduados de ninguna universidad en especial.

Por lo anterior cuestionamos públicamente el papel que pueda realizar el licenciado González Ramírez en la adquisición, en representación del país, de compromisos de negociación comercial que impidan al profesional panameño acceder al mercado de trabajo en condiciones de igualdad y respeto. Reiteramos nuestra propuesta de un foro de profesionales con la SENACYT e invitamos al sector empresarial al diálogo y debate nacional para todos juntos alcanzar una sociedad más justa, y equitativa .

Además en opinión

• La tierra me llama: I. Roberto Eisenmann Jr.
• Secuestro inmoral de la sociedad: Rafael Ernesto Vásquez
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• Un desmayo alentador: Juan Ramón Martínez Dettore
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