Combatir la corrupción es obligación de todos

Los Estados deben desarrollar conceptos específicos para combatir la corrupción en todas sus manifestaciones

Durante las últimas semanas, hemos visto cómo los medios de comunicación nacionales manifiestan, haciendo eco de las expresiones de la opinión pública, que existen alarmantes niveles de corrupción en los diferentes estratos de la sociedad panameña.

Señalan que la erosión de los valores éticos y morales tienen su mayor incidencia en los estamentos burocráticos, sin dejar de destacar también que entre los protagonistas del sector privado de la economía comienza a inocularse la virulencia de la más aberrante plaga de los últimos decenios.

Sobre este punto, opinamos que los Estados deben desarrollar conceptos específicos para combatir la corrupción en todas sus manifestaciones y a los gobiernos que administran sus patrimonios les corresponde establecer y ejecutar las sanciones pertinentes contra quienes realicen este tipo de transgresiones.

Si bien es cierto que los niveles de corrupción pueden entronizarse en todo tipo de negocios, es importante acotar, que dado el descubrimiento accidental de importaciones no autorizadas de productos de origen animal, es preciso establecer drásticas medidas punitivas de urgencia contra quienes intenten introducir o introduzcan productos que afectan la salud humana, así como también la animal y vegetal en nuestro país.

Creemos propicias estas reflexiones, toda vez que en la Asamblea Legislativa, se discute el proyecto de ley que contempla las restricciones y endurecimientos de las penalizaciones contra quienes infrinjan lo anteriormente señalado.

Sin embargo, casi como una costumbre atávica, la población en general tiene la tendencia a señalar como responsables de los actos de corrupción a los integrantes de la clase política, actitud que se ha generalizado por todos los países del mundo.

Pero, si bien es cierto que el manejo y control de la gestión gubernamental revela un escenario sugestivo para la comisión de faltas a esta disposición, tal vez por su naturaleza intrincada y laberíntica, no debe considerarse un apotegma irreductible, ni una actitud inherente a todos los funcionarios.

Por tanto, ser político o funcionario no es sinónimo de corrupto, porque seguramente estamos frente a un grupo mayoritario de personas honestas que por encima de su condición económica rechazan las actividades al margen de lo que señala la ley.

No obstante, en los últimos tiempos, hemos observado que algunos actos irregulares cometidos por personas ligadas al universo empresarial han trascendido, motivando el rechazo de la opinión pública; pero así como no hacemos una característica distintiva de clase entre políticos y empleados al servicio del Estado, tampoco pensamos que es una conducta consuetudinaria entre los grupos corporativos, tradicionales garantes del crecimiento económico.

Así, la economía de los países capitalistas es promovida y sustentada por el esfuerzo y la creatividad de los empresarios y sus colaboradores, por lo tanto, debe mantenerse el concepto de dinamismo que los ha caracterizado en la ejecución de sus estrategias de mercado.

Tal vez una de las causas que afectan en estos momentos la actividad empresarial panameña, es que la colectividad percibe que estos actos de corrupción, atentan contra los intereses estatales, sobre todo al disminuir las recaudaciones fiscales y la posibilidad de destinarlas a inversiones de carácter social.

Con todo, los órganos Ejecutivo y Legislativo tienen la responsabilidad de sancionar a quienes quebranten las disposiciones legales en perjuicio de la ciudadanía en general, a quienes de una u otra manera, del sector público o privado, participen de estos actos en perjuicio de la ciudadanía en general.

Por todo esto, sugerimos a gremios de trayectorias reconocidas por su verticalidad y transparencia, como el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el Sindicato de Industriales de Panamá, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura y otros, que redoblen sus esfuerzos por preservar la imagen del sector y establezcan un código de ética, así como también la promoción de rígidas y duras sanciones a los infractores, para que ni la opinión pública ni las legislaciones vigentes y futuras, conciban a todos los empresarios como parte en esa insania que se propaga con la corrupción económica, administrativa y moral.

Nuestro país posee virtudes envidiadas por otras naciones y no solo es preciso destacar en este aspecto, su posición geográfica, sus facilidades para la existencia de un centro bancario y una zona libre de impuestos, así como una vía interoceánica revertida en la totalidad de su territorio hace apenas un año y medio y consolidada bajo el amparo del patrimonio panameño, sino también la voluntad, creatividad, sagacidad, certeza y proyección de sus empresarios, sin cuyo concurso la economía nacional sería apenas un espejismo, una utopía sin asideros en la realidad y que luego de las aciagas jornadas de épocas tan recientes, como la década del ochenta, logró levantarse de las cenizas que había producido su inesperado derrumbe.

Por eso, creemos de innegable importancia e impostergable ejecución, la creación de un acuerdo empresarial, que permita la ubicación de los puntos frágiles y las situaciones comprometedoras que podrían corroer las bases del sector privado de nuestra economía. Esto serviría de estímulo a la inmensa y laboriosa mayoría que se apresta a enfrentar con la creatividad que le es propia, los ajustes de una compleja y competitiva modernidad.

Como corolario de estas reflexiones, he de volver a insistir sobre la injusta apreciación que señala a los servidores públicos o a quienes se desenvuelven en las actividades políticas, como entes corruptos y prestos a transgredir con la certeza de impunidad, las legislaciones vigentes en materia económica, colocándose más allá de la ética y la moral.

En definitiva, estas apreciaciones son extensivas también a la clase empresarial, cuyo esfuerzo por levantar a un país de los escombros materiales y morales, consecuencia de las nefastas jornadas acaecidas a finales de los ochenta, y que anterior y posteriormente consolidó la economía panameña, debe servir de ejemplo para sus similares regionales y la perfila como una garantía de desarrollo para el país.

Finalmente, opinamos que los actos de corrupción son completamente ajenos a los intereses de la colectividad y que su práctica representa, tal vez, la parte más vil de los actos delictivos, puesto que socavan el bienestar común. Por eso, aplaudimos cualquier iniciativa que erradique esta postura y a quienes, ante sus embates, mantengan en alto el estandarte de la honestidad y el desarrollo de la patria.

Además en opinión

• Combatir la corrupción es obligación de todos: Hatuey Castro Barona
• A Dios lo que es de Dios...: Ernesto Endara
• Lucharemos por nuestros derechos: Roberto Clement Solis
• ¿Hasta cuándo?: Ramón H. Benjamín M.
• Por favor tía, deje de fumar: José Miguel Samudio Horna
• Al fin, un diagnóstico de los males en la administración de justicia: Betty Brannan Jaén