Al fin, un diagnóstico de los males en la administración de justicia

Panamá es el único país del área centroamericana que no ha modernizado su derecho procesal penal

PANAMA, R.P. - Me asombró que la magistrada presidenta de la Corte Suprema, Mirtza de Aguilera, dijera recientemente en el programa televisivo Enfoque que el sistema de justicia en Panamá funciona “muy bien”. Eso no concuerda con lo que yo he observado del sistema panameño —por lo menos la justicia penal—, un sistema que los observadores internacionales repetidamente tildan de ineficiente, inhumano y corrupto. Sin embargo, las autoridades panameñas suelen recibir estas críticas con una actitud de “rechazo”, de paso acusando a los periodistas de que somos los que tenemos la culpa de que la ciudadanía no confíe en la justicia panameña.

En marzo de 1998, frustrada por este ciclo estéril de críticas y rechazo, escribí que lo que se necesitaba era un diagnóstico imparcial de la situación de la justicia en nuestro país. No bastaba con analizar si el paciente está enfermo o no, escribí, sino también diagnosticar si el mal se podrá curar con algunas curitas o si requiere de cirugía radical y, sobre todo, determinar si la evidente parálisis del paciente se debe a problemas en la cabeza (actitudes y conceptos obsoletos) o en los bolsillos (escasez de recursos).

Me complace reportarles hoy que ya se ha hecho ese diagnóstico, o por lo menos un primer borrador de lo que podría llegar a ser un diagnóstico detallado. Seis agrupaciones cívicas —la Comisión de Paz y Justicia, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el Colegio Nacional de Abogados, la Universidad Católica Santa María la Antigua, el Centro de Asistencia Legal Popular, y el Consejo Nacional de la Empresa Privada— han tenido la excelente iniciativa de formar una “Alianza Ciudadana Pro Justicia” cuya primera tarea fue organizar una conferencia sobre el problema de la justicia en Panamá. La semana pasada se presentó un libro que recoge las ponencias de la conferencia, titulado Memoria, Reforma Judicial: una tarea inconclusa; la obra pone en blanco y negro que la administración de justicia en Panamá, lejos de andar “muy bien”, anda pésimamente.

Lo transcendental de este diagnóstico es que la administración de justicia panameña está plagada de problemas que no se resolverán con un mero aumento de presupuesto ni con más “reformas por retazos”. En otras palabras, regresando a mi analogía médica, el paciente requiere cirugía integral (no más curitas) y su mal mayor está más en la cabeza (conceptos obsoletos) que en los bolsillos.

En cuanto a la mora judicial, por ejemplo, el capítulo escrito por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana señala que “uno de nuestros mayores problemas radica en que nuestro sistema judicial está basado en principios y conceptos muy antiguos, que en la mayoría de los casos no han sido adecuados a los tiempos en que vivimos”. Se trata de un marco normativo que data de por lo menos cien años atrás, cuyo diseño jamás tuvo como objetivo “la agilización, eficiencia, o rápidez de los procesos”.

La vergüenza para Panamá no es que hayamos instituido este sistema decimonónico en su momento, sino que sigamos aferrados a el en el Siglo XXI. “Panamá es el único país del área centroamericana que no ha modernizado su derecho procesal penal”, subraya la Fundación, puntualizando que el resultado es “una permanente y exagerada población penitenciaria, que espera en las cárceles por una administración de justicia, que en gran cantidad de casos llega después de que la persona ha cumplido su pena, sin que esta haya sido impuesta”.

Esto explica que la población carcelaria panameña sea la más alta de América Latina (340 internos por cada cien mil habitantes), con porcentajes elevadísimos (60% o más) de presos que no han sido enjuiciados. Como agravante, es “común” que el sistema penitenciario panameño ubique a presos no condenados en prisiones fuera de la jurisdicción en que se tramitan sus casos, lo que obviamente dificulta su traslado a los tribunales. Y para rematar, en Panamá solo hay un defensor de oficio por cada 28 mil personas pobres. Lo que todo esto significa es que los privados de libertad en Panamá —si son personas pobres-— son los que tienen menos acceso a la justicia. En otras palabras, la justicia penal en Panamá consiste en tirar los presos al calabozo y botar la llave al mar. Lamentablemente, las autoridades oscilan entre negar que la llamada mora judicial existe y alegar que, si existe, ella se debe a la falta de recursos.

En este informe, la Fundación reconoce que la falta de recursos ciertamente contribuye a la mora judicial, pero subraya que más dinero no será suficiente para corregir el problema. Una mayor asignación presupuestaria, “sin un previo y profundo estudio, podría servir únicamente para incrementar salarios o acrecentar una planilla de nuevos juzgados, lo cual no constituye una solución al problema”, observa la Fundación. “Para ello”, subraya, “será necesaria la implementacion de un programa integral, que aborde todas y cada una de las causas generadoras del problema”. Como si todo lo anterior fuera poco, se percibe que el aparato judicial panameño sufre de corrupción y falta de independencia. Sin citar casos específicos, el informe plantea que “la corrupción es una de las más graves causas de la mora judicial” en Panamá, explicando que la práctica panameña de que el juez reciba privadamente y por separado a los abogados de las partes ilustra una falta de transparencia que presenta “ilimitadas oportunidades” para soborno u otro comportamiento ilícito.

Aun si no hubiera franca corrupción, este informe señala que Panamá tiene una manera “desacertada” de seleccionar jueces y magistrados, que “permite, de forma solapada, la influencia y el amiguismo”, y que cuenta con una cuadro de evaluación que está “diseñado para favorecer a los menos preparados académicamente”. Cuando un juez no está bien preparado, explica el capítulo sobre independencia judicial, lo que prevalece es “la mediocridad [y] el compromiso por la salvaguarda del cargo por encima de los verdaderos ideales de justicia.” Según lo señalado, los jueces panameños laboran bajo “el temor de tomar decisiones que afecten a determinados grupos políticos” o que difieran del criterio trazado por la Procuraduría General de la Nación. En síntesis, es muy difícil decir que en Panamá hay independencia judicial.

Ante la enormidad del problema, este informe ofrece numerosas recomendaciones de corto y mediano plazo (concuerdo con casi todas) pero plantea que lo que verdaderamente se necesita es un reforma judicial integral, con objetivos escalonados. Esto jamas ocurrirá si la ciudadanía no lo exige.

Por último, debo reconocer que el informe también critica la cobertura que los medios informativos panameños damos a los procesos judiciales. Acepto que muchas veces es sensacionalista y superficial y que, como recomienda el Colegio de Abogados, la calidad de la cobertura se elevaría si estuviera en manos de reporteros especializados. Solo subrayo que esto jamás ocurrirá si se implementa la nueva ley de prensa que prohíbe que abogados trabajen en el periodismo y si no se implementan medidas que garantizan mucha más transparencia en el sistema de justicia. No se puede hacer un periodismo de altura sin conocimientos, sin luz, y sin acceso a la información.

Además en opinión

• Combatir la corrupción es obligación de todos: Hatuey Castro Barona
• A Dios lo que es de Dios...: Ernesto Endara
• Lucharemos por nuestros derechos: Roberto Clement Solis
• ¿Hasta cuándo?: Ramón H. Benjamín M.
• Por favor tía, deje de fumar: José Miguel Samudio Horna
• Al fin, un diagnóstico de los males en la administración de justicia: Betty Brannan Jaén