Este documento apareció originalmente en La Prensa, edición del 8 de agosto de 1999

La carta estaba fechada el 11 de diciembre de 1997, que fue un jueves, y llegó poco después al despacho de su destinatario, Alejandro Moncada, el director de la PTJ.

Se trataba de una comunicación de policía a policía, del FBI a la PTJ. Estaba firmada por el representante local del FBI, cuya agencia opera dentro de la representación diplomática de Estados Unidos en Panamá bajo la inocua denominación de ‘‘agregaduría jurídica’’.

Aunque la redacción de la carta exhibía la ortografía pintoresca y la sintaxis inesperada del espanglish formal, su contenido era ciertamente interesante.

La carta decía lo siguiente:

Luego de leer la carta, el director de la PTJ, Moncada, se dispuso a ordenar el inicio de una investigación sobre Marc H. Harris y sobre su organización. (Acerca de Harris, ver La Prensa del 7, 8 y 9 de junio de 1998). No solo se trataba de un caso al parecer importante de narcotráfico y lavado de dinero, sino que en otros parecidos –como los de Alberto Laila y la investigación de la Policía Montada de Canadá sobre lavado de dinero– se había respondido positivamente, y en forma inmediata, a los pedidos de colaboración de agencias policiales extranjeras.

La investigación requería, según los jefes de la PTJ que discutieron ese día el caso, el uso del grupo especial de Vigilancia y Seguimiento, una unidad ad hoc de la PTJ cuyos miembros habían sido entrenados en técnicas de inteligencia táctica y que disponían de la parafernalia mecánica y electrónica –donada por Alemania– para vigilar y seguir sospechosos.

La movilización de ese grupo requería, sin embargo, del permiso explícito del procurador general de la Nación, José Antonio Sossa. Moncada –quien entonces tenía mejores relaciones con el procurador que ahora– se comunicó con él por teléfono y le pidió una reunión urgente. Sossa repuso que iría él a la PTJ.

Poco después, llegaba el procurador a la sede policial en Ancón, acompañado por su secretario general, José María Castillo. Entraron a la oficina de Moncada, donde, además de éste, los esperaban el sub director de la PTJ, Ramiro Jarvis; el jefe de la Interpol en Panamá, Jorge Motley, y el asesor legal de la PTJ, José Pérez.

Sentados alrededor de una mesa de reuniones en el despacho de Moncada, éste entregó la carta del FBI a Sossa. El procurador la leyó, agrió el gesto, se le congestionó el rostro y dando un manotazo sobre la mesa dijo: ‘‘¡A Marc Harris no se lo investiga!... No hay pruebas... ¡Yo solo investigo a Marc Harris si recibo un indictment [encausamiento] formal a través de la Cancillería!... ¡De otra forma, no autorizo ninguna investigación!’’

Hubo un silencio helado en la mesa. Ni con Laila, ni con Castrillón Henao, ni en ningún otro caso similar, Sossa había siquiera sugerido la necesidad de un encausamiento previo.

‘‘¿Qué otro asunto pendiente tenemos?’’, demandó Sossa, dando por terminado el asunto. Era evidente que el procurador no deseaba investigar a Harris, y salvo algún breve cruce de miradas, ninguno de los miembros de la PTJ se atrevió a objetar su decisión.

Así, el FBI se quedó sin respuesta, y el caso quedó sin investigarse en Panamá. En Estados Unidos, en cambio, tanto Wallace Stull como James Somerville se declararon eventualmente culpables del delito de narcotráfico. Stull, el principal acusado, fue sentenciado en junio de 1998 a cerca de 4 años de cárcel efectiva y a otros tres de libertad vigilada.

Pero la conexión panameña quedó en la penumbra.

¿Había una relación de negocios entre el narcotraficante confeso Stull y Marc Harris o su organización?

¿Qué hubiera encontrado Sossa si hubiera decidido investigar?