Panamá, 24 de julio de 2001
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El asesinato del licenciado Roque Pérez ha consternado a la opinión pública nacional. En primer lugar, el hecho en sí, la forma, la hora, el lugar y las circunstancias en las que ocurrió, lo hacen poco menos que inverosímil. Ninguno de los agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI) presentes en el lugar, hizo nada por impedir la fuga del asesino, cosa que solo puede explicarse por falta de entrenamiento suficiente. La reacción, ante un caso de esa naturaleza, debe ser una especie de reflejo condicionado, inmediato y efectivo. No ocurrió así, y los funcionarios cuya protección depende del SPI, harían bien en cerciorarse de la competencia de los encargados de su seguridad. Pero el colmo es que el director de la Policía Nacional trató de justificar la pasividad de quienes podían y debían hacer algo para detener al victimario, culpando a la víctima. En declaraciones a un canal de televisión, dijo que deberíamos “tratar de cuidarnos nosotros mismos, en el sentido de no involucrarnos con grupos que no son los mejores”. Y para que no quede duda alguna, agrega: “Esos son los resultados de malas compañías o de malas situaciones”. Esas declaraciones, hechas por cualquiera, son ofensivas, pero si quien las dice es el director de la Policía Nacional, constituyen una aberración, por la cual debería pedir disculpas a la familia de Roque Pérez y a la opinión pública en general.

 
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