La Firma y su abogado
 

Este documento apareció originalmente en La Prensa, edición del 10 de agosto de 1999

Los documentos indican una preocupación de la Firma por mantener discreción sobre esos pagos. Una comunicación del 23 de marzo de 1998, sobre ‘‘Carlos Jones legal assistant’’ [sic] dice: ‘‘¿Crees que esto se pueda incluir en La Firma como honorarios profesionales lo más confidencialmente posible?’’. Otra comunicación, del mismo día, redactada en inglés, pregunta si el pago a Jones ‘‘¿debe ser incluido dentro de los pagos de la Firma o efectuado en una cuenta local offshore?’’

La respuesta, de Ken Darlington, funcionario de La Firma, fue que el pago de 2 mil dólares ‘‘... es una nueva figura que no debe confundirse con los otros pagos que se realizan actualmente al licenciado Jones’’.

Dicho pago se amplió primero hasta octubre y luego hasta diciembre de 1998, de acuerdo con los documentos de La Firma.

Aparte de ese y de ‘‘los otros pagos’’, Jones suscribió un contrato con La Firma de Marc Harris, en junio de 1998, mediante el cual se le pagaba otros 5 mil dólares mensuales, por el plazo prorrogable de un año, por sus ‘‘servicios profesionales’’ en el conflicto legal entre Harris y Boutin. Jones ya había hecho sentir su influencia.

De acuerdo con el juez Jorge Luis Lau, Jones y otros abogados de La Firma de Marc Harris, fueron a verlo en varias ocasiones en 1997, para presionarlo a favor de Harris. En una de esas visitas, recuerda Lau, poco después de admitir la demanda de Boutin contra Harris, Jones y su acompañante, el abogado Aurelio Lineros, ‘‘me dan a entender que ellos van a presionar al juzgado si yo no declaraba nulos un montón de cosas ahí, que no había razón de declararlas nulas’’. Jones quien, según Lau, ‘‘era el vocero’’, le dijo que ‘‘tenían amarrado... al procurador Sossa para todo lo que venía’’; entonces retaron al juez: ‘‘¿Era valiente para aguantar toda esa vaina?’’

Lau afirma haberse molestado tanto con esa nada velada amenaza, que mandó a llamar guardias de seguridad de la Corte para que acompañaran a los abogados fuera de su despacho.

En marzo de 1998, el procurador Sossa pidió la intervención del teléfono del juez Lau.

Si eso sucedía en el frente civil, en el penal los hechos fueron más aparatosos. El 15 de junio de 1998, el fiscal primero Luis Martínez emitió una orden de búsqueda y captura contra Boutin. El 3 de agosto, Boutin fue capturado en Guararé y pasó tres días preso. Lau se pregunta ahora que cómo es posible que ‘‘una fiscal superior con diez tipos de la PTJ [haya] correteado a Boutin en Guararé. De no haber sido por Jones, eso seguramente no habría ocurrido... El hombre maneja influencias en el Ministerio Público y puede manejar situaciones que no son muy comunes’’.

Como se recuerda, cuando estalló el escándalo de las escuchas telefónicas, Sossa reclamó para sí la potestad irrestricta de intervenir el teléfono de quien le plazca. En el caso del juez Lau, ordenó la interceptación con base en supuestas informaciones e indicios que no precisa. Es decir, que en este caso, Sossa investigó solo con ‘‘indicios’’. En cambio, en el caso de Marc Harris, con una carta del FBI que menciona antecedentes precisos y confesiones de narcotraficantes encarcelados, que eventualmente serían condenados, se negó a hacerlo.

La Corte no se ha pronunciado hasta el momento sobre el caso del procurador Sossa.

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