La investigación de este caso es realizada por los siguientes periodistas: Gustavo Gorriti, Miren Gutiérrez, Mónica Palm y Rolando Rodríguez. Diseño: Víctor Ramos.

Redacción de La Prensa

Nuevos documentos obtenidos por La Prensa apuntan la existencia de una investigación criminal en Estados Unidos contra Marc Harris e individuos de su organización por ‘‘lavado criminal de dinero’’. Asimismo, demuestran que no ha habido sólo uno, sino múltiples pedidos de investigar a Harris por parte de organizaciones policiales nacionales e internacionales. Aquí, en Panamá, como se ha publicado, el procurador José Antonio Sossa se negó a investigar a Harris y, por lo contrario, favoreció las acciones de este contra sus enemigos.

La Prensa ha conseguido copias de peticiones de investigación enviadas por la Interpol de Washington, D.C. a Panamá, en las que se solicita investigar a personas y compañías vinculadas con Marc Harris, así como al propio Harris. Estas peticiones de investigación policial se suman a las del FBI y a la del Departamento de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, del Consejo de Defensa del Estado de Chile.

La primera comunicación de la Interpol fue enviada el 17 de noviembre de 1997, y su texto es el siguiente:

Las cuatro mujeres mencionadas en la primera comunicación de Interpol de Washington son todas directivas de La Firma de Marc M. Harris, S.A. Barría figura como presidenta; De Portillo es la secretaria y tesorera asistente; Johnson es la tercera vicepresidenta, y De Tejeira es la primera vicepresidenta, según consta en el Registro Público. En dicha lista de directivos de esa empresa también consta el nombre del narcotraficante Wallace Stull.

Las funciones de esas personas son, en la práctica, más prosaicas. Según la planilla de La Firma, Barría trabaja en Recursos Humanos; de Portillo, en Facturación; Johnson es del staff personal de Harris, y De Tejeira trabaja en la Oficina de Apoyo (Backoffice).

Ninguna de las dos empresas mencionadas en la segunda comunicación de Interpol Washington aparece en los archivos de La Prensa sobre Harris. Pero, las iniciales TW –por Third World– aparecen en decenas de empresas de La Firma de Marc Harris, según consta en documentos internos de La Firma.

En lo que se refiere a los intereses de La Firma en Costa Rica, se sabe que uno de sus ex directivos, Carl Dilley, fue vicepresidente de Bosque Puente Carrillo, una compañía que tenía plantaciones de teca en aquel país. La empresa cerró en 1995, con gran escándalo, porque no llegó a cumplir las expectativas de los accionistas, informó entonces The Tico Times. Además, de acuerdo con la misma fuente, la compañía fue investigada por presunto fraude por la Securities Exchange Commission (SEC) en Estados Unidos.

Asimismo, Wallace Stull, el socio, cliente y amigo de Harris, hoy condenado por narcotráfico en Estados Unidos, recibía pagos mensuales de 5 mil dólares a través de Third World Money Market Fund S.A. y Third World Trustco LTD.

Pese a todas las peticiones policiales planteadas, el procurador José Antonio Sossa no permitió el inicio de ninguna investigación contra Marc Harris. Lo que sí hizo fue sumarse a Harris y al abogado de este, Carlos Jones, en la lista de querellantes contra La Prensa por haber investigado el caso.

Escuetas amistades

El caso de Marc Harris figura de forma central en la querella que el procurador José Antonio Sossa presentó esta semana contra Corporación La Prensa y, más específicamente, contra el director afiliado de este diario, Gustavo Gorriti.

Sossa sostiene que las investigaciones que ha publicado este diario sobre el asunto le atribuyen conductas que, ‘‘de comprobarse ser ciertas, constituirían delitos de corrupción de funcionario público que acarrearían en mi perjuicio cárcel y destitución del cargo público que ostento’’.

El procurador intenta desmontar la investigación de La Prensa, alegando que:

* ‘‘Declaro –afirma– bajo gravedad de juramento, que no tengo ningún vínculo personal, familiar, social, comercial, profesional o de otra índole con el señor Marc Harris’’. Sossa añade que, aparte de haber sido escuetamente presentado a Harris, ‘‘con quien jamás he conversado siquiera’’, no ha habido otra relación entre ellos.

* Sossa afirma que ‘‘es falso que las autoridades del Gobierno de los Estados Unidos de América hayan requerido por los medios legales procedentes una asistencia judicial contra el señor Marc Harris y no existe hasta el momento un indictment (especie de llamamiento a juicio) en los Estados Unidos de América contra Marc Harris por delito relacionado con drogas que fundamente en la República de Panamá una investigación por tal tipo’’.

* Al referirse a la carta del agregado jurídico (y funcionario del FBI) de la embajada de Estados Unidos, Gil Torrez, Sossa asegura que dicha carta ‘‘fue originada por petición del señor Alejandro Moncada con propósitos que solo él sabe. Así lo certifica la misma persona que suscribió la nota en referencia, a saber, Gil Torres [sic]’’.

Sin embargo, esa carta de Torrez, que Sossa adjunta como prueba, es también reveladora. Por lo siguiente:

* Torrez informa, en efecto, que su carta fue pedida por Moncada. Pero añade de inmediato que ‘‘esta nota fue pedida por la PTJ después que nuestra oficina compartió una información ligando la firma de Marc Harris con dos narcotraficantes norteamericanos’’ (la negrita es nuestra).

* El ‘‘Agregado Jurídico’’ de la embajada estadounidense indica que ‘‘nuestro despacho no tiene conocimiento de que existe [sic] un indictment contra Marc Harris’’. Pero añade de inmediato que ‘‘esto no elimina la posibilidad de que exista un indictment sellado donde el señor Harris es nombrado’’.

Todo lo que tendría que hacer Harris para averiguarlo es viajar a Estados Unidos, o incluso a Puerto Rico.

En cuanto a que la Procuraduría precise de un encausamiento [indictment] formal antes de realizar investigaciones sobre narcotráfico o lavado de dinero a pedido de organismos policiales o judiciales extranjeros, ello no es cierto. Hay muchos casos –uno de ellos, tal vez el más notorio, el de José Castrillón Henao– en los que la Procuraduría llevó a cabo investigaciones y pesquisas que culminaron en arrestos y enjuiciamientos, a petición de autoridades extranjeras, incluyendo las estadounidenses, sin que hubiera ningún encausamiento judicial previo en el país que pidió la cooperación.

Pero había además un ángulo panameño en la investigación, que fue soslayado del todo por el procurador, ya que en su carta del 11 de diciembre de 1997, Torrez puntualizaba que los clientes y socios de Harris arrestados en Estados Unidos habían confesado a un agente encubierto estadounidense que ‘‘ellos [Stull y Somerville] invertían sus ganancias en la firma de Marc Harris en Panamá’’.

¿Por qué, bajo idénticos términos de referencia, Sossa acepta colaborar y ordena investigar en varios casos y en uno (el de Harris), se niega a hacerlo?

De otro lado, el juramento de Sossa de no tener nada más que un escueto conocimiento personal de Harris, hace aún más intrigante el hecho de haber obligado a por lo menos un alto oficial de la PTJ a coordinar en su propio despacho las operaciones de búsqueda y captura de los enemigos de Harris (los abogados Gilberto Boutin y Ariel Corbetti), con el jefe de seguridad de Harris, Sam Gander, y dos caza-recompensas. Reunión que contó además, como ya se ha informado, con la presencia del fiscal auxiliar Carlos Augusto Herrera.

Herrera, subalterno de Sossa, fue el receptor de la querella de Sossa contra La Prensa.

Conclusiones

* Las autoridades panameñas recibieron, no una, sino al menos cuatro solicitudes formales de investigación sobre Harris, formuladas por las autoridades estadounidenses y chilenas.

* Dichas solicitudes aportan datos y conexiones que podían haber sido razón más que suficiente para comenzar una investigación de las actividades de Harris en Panamá. En casos similares, el propio Sossa ordenó el inicio de investigaciones.

* El procurador no solo se negó a investigar a Harris, sino que incluso colaboró activamente con el jefe de seguridad y los mercenarios contratados por este, para arrestar a sus enemigos.