La Prensa Web

Las recientes decisiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Contraloría de adoptar reglamentos que limitan el acceso a información pública y le dan un carácter de confidencialidad ha provocado reacciones diversas entre economistas, políticos y juristas.

Pero, ¿qué es lo que se esconde detrás de dichos anteproyectos? ¿Qué está en juego? ¿A qué obedecen tales medidas?

El debate sobre el acceso a la información pública ha vuelto al tapete después de que la Contraloría General de la República publicara el 9 de julio de este año en la Gaceta Oficial su intención de poner en ejecución el Decreto No. 194 del 16 de septiembre de 1997 mediante el cual se modifica su reglamento interno.

El decreto cataloga como “confidenciales” los archivos de la institución, así como las “intervenciones de los funcionarios públicos y demás documentos similares”. Su divulgación dependerá de la decisión del contralor.

El decreto elaborado hace más de tres años ha encontrado un defensor en el contralor arnulfista Alvin Weeden.

Sin embargo, él no es el único. En noviembre del 2000, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) también adoptó un reglamento de confidencialidad de la información. Por su parte, la Procuraduría de la Administración también hizo lo propio.

La fiebre de la “confidencialidad” ha atacado incluso a legisladores del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD). Aunque estos defienden el acceso a la información, también hacen sus excepciones en otro proyecto de ley presentado ante la Asamblea Legislativa por los legisladores Héctor Alemán, Jerry Wilson Navarro, Carlos Smith y Susana Richa de Torrijos.

El asunto no tendría mayor importancia, según algunos empresarios, si no se tratara de dos instituciones públicas que manejan dinero y recursos del Estado.

Transparencia Internacional (TI), entretanto, ha propuesto un “antídoto” para atacar el virus de la confidencialidad. Se trata, según Fernando Berguido, presidente de la organización, de una ley que defienda el acceso a la información.

Para Berguido, en la actualidad todo parece ser confidencial. Desde el Presupuesto General del Estado, hasta los nombramientos y salarios de algunos funcionarios públicos.

Panamá ocupa el lugar 51 en el índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional.

En la escala del 0 a 10 obtuvo un índice de 3.7, que lo ubicó en el décimo escalón entre las diez naciones que registraron los índices de percepción de corrupción más altos en toda América Latina. La dificultad de obtener información sobre Panamá es una de las quejas de Transparencia Internacional.