El caso de Mobil en Panamá Extrañas relaciones, extravagantes comisiones

Resumen de la tercera entrega Mobil retornó a Panamá de la mano de la firma Alireza, y juntos ganaron la concesión de los tanques de Arraiján. El problema estriba en cómo lo hizo: Estableció primero contacto con un "representante presidencial" y un "apoderado del Gobierno" (de notorio pasado), y luego con el presidente del PRD en Chiriquí. Luego los convirtió en "consultores" pagados con extravagante munificencia. ¿Hubo corrupción? ¿Se violaron leyes? En esta entrega, el final de la historia.

La troica de socios, Flores/González/Krupnik, se tranformó en un equipo de "consultores" cuatro meses después de que Mobil/Alireza consiguiera la concesión de la finca de tanques de Arraiján. Eso se hizo a través de un nuevo contrato firmado con AMTSA que les daba 2.7 millones de dólares. En las fotografías, de izquierda a derecha, Anel Flores, Stephen Walling (máximo directivo de Mobil en Panamá) junto a Jorge Rogelio Krupnik (en segundo plano), y Félix González.

Al día siguiente de otorgada, la concesión se celebró con toda pompa en una fiesta en el Club Unión. Entre los más de 200 invitados, concurrieron Felipe Pipo Virzi, Enrique Pretelt Araúz, además de Detweiler, Frey, Walling y los Alireza. Al día siguiente, la delegación fue a ver al presidente Ernesto Pérez Balladares, y esta vez sí lo encontraron.

AMTSA tomó el control de la concesión y comenzó a operar la finca de tanques de Arraiján y los dos muelles en mayo de 1997.

Quedaba pendiente hacer cuentas con los "representantes" presidenciales de ayer, "facilitadores" después y ahora socios: Krupnik, Flores y González.

El 10 de mayo de 1997, AMTSA y el trío local firmaron un nuevo contrato, en el que éstos últimos pasaban por una última metamorfosis trocando su condición de socios por la de "consultores".

A juzgar por la suma que se acordó pagarles, Mobil había encontrado a la madre de todos los consultores. Krupnik, Flores y González recibirían una compensación de 2 millones 700 mil dólares, pagaderos entre el 1 de junio de 1997 y el 1 de junio de 2001.

La troica de consultores estaba esta vez representada en el contrato por razones sociales diferentes: Midland Investment (Krupnik) y BMC Finance (Flores/González). BMC había sido registrada en mayo de 1996, el mismo mes en que empezaron los primeros contactos con Mobil y Alireza. Midland Investment, como se sabe, tenía un historial más notorio.

Lo increíble del arreglo definitivo es que los "consultores" terminaban percibiendo más dinero que el que el Estado panameño recibiría por alquiler durante esos cuatro años. En efecto, los "consultores" iban a ganar un promedio de 675 mil dólares por año. Por su lado, la ARI recibiría 480 mil dólares anuales durante los tres primeros años en concepto de renta, y un 2% anual más a partir del cuarto. Es decir, el Estado panameño terminaba recaudando por alquiler 195 mil dólares menos que lo percibido por tres individuos durante los tres primeros años (esto sin tener en cuenta el canon variable por barril trasegado, que no puede considerarse como alquiler), y cerca de 180 mil menos durante el cuarto año.

¿A título de qué esta comisión tan enorme que supera el pago principal?

El nuevo contrato justifica la compensación como premio a la "significativa contribución" de los consultores para conseguir "la oportunidad de adquirir la concesión".

¿Cuál fue esa "significativa contribución"?

Las explicaciones de Flores y González son trabajosas y difusas. "El tema de la compensación se da porque en el primer contacto que yo realizo con la gente de Alireza Mobil ellos nos ofrecieron a nosotros ser socios -dice Bolo Flores- … Una vez ellos [Mobil/Alireza] se adjudican la concesión…., toman la determinación de que prefieren ir solos, y una forma de compensar el hecho de que habían hecho una promesa en un momento fue decir: ‘les vamos a compensar’ [sic]".

"Hicimos un buen negocio, pero no nos ganamos una piñata", agrega modestamente Pille González. Si eso no es una piñata, habrá que preguntarse cómo se puede calificar lo que le tocó a la ARI.

"Fueron seis meses de trabajo", informa Pille González…

¿Y en qué consistió ese trabajo?

"Cuando ellos estaban aquí -dice Pille González-, nosotros les dimos mucha información, como dijimos enantes [sic]. Te voy a poner un ejemplo: cuántos barcos pasan por el Canal, cuántos paran y cogen bunkering, qué existencia de bunkering tiene Panamá…, información que la tiene todo el mundo".

Bolo Flores abunda sobre lo mismo: "[Nosotros] los atendimos. Los llevamos al área, les enseñamos las instalaciones, nos pidieron todo tipo de información del movimiento de barcos y del negocio del bunkering…, les teníamos un dossier completo sobre las oportunidades de negocios".

La pequeña diferencia La base naval de Rodman: las primeras opciones. ¿En qué medida logró Mobil/Alireza mejores condiciones que las establecidas en el pliego de cargos? Este ofrecía: La concesión y operación por 10 años prorrogables de la Terminal Petrolera de Arraiján y Rodman, que "corresponde a la Finca de Tanques de Arraiján", con una superficie de unas 77.27 hectáreas. Las tuberías petroleras que comunican la finca con los muelles de Rodman. Los muelles 1 y 2 de la base naval de Rodman. Las estaciones de bombeo y otros equipos complementarios. Oportunidades de negocio para: crear una refinería de petróleo, generar energía eléctrica para uso comercial e instalar plantas petroquímicas. Pero Mobil/Alireza consiguió más que lo ofrecido: La primera opción sobre Rodman. "En adición a estas áreas, dice el contrato, el concesionario tendrá la primera opción para el uso de otras áreas que se requieran para el mejoramiento o ampliación de las instalaciones existentes". Las áreas contempladas incluyen las que no se han "revertido" dentro de la estación naval de Rodman, incluyendo el muelle 3. Quizá con eso en mente Walling planteó su intención de "establecer un puerto de contenedores en Panamá", en una entrevista, publicada por La Prensa el 12 de junio de 1997. Pero hay un problema con esa "primera opción": que existe otra opción sobre Rodman, tan primera como la anterior, ya concedida a otra compañía (¿se acuerdan del "No hay cama pa’ tanta gente" de Albrook?). Michael Booth, el nuevo gerente de Panamá Ports Company (PPC), filial de Hutchison Ports que opera el puerto de Balboa, sostiene que: "nosotros todavía tenemos eso… Legalmente, todavía tenemos la primera opción para desarrollar Rodman… Pero no sería una sorpresa que les hubieran dado el mismo derecho [a Mobil]". Preguntado por qué se introdujo este beneficio en el contrato final, el administrador de la ARI, Nicolás Ardito Barletta, dice no recordar exactamente cómo pasó. Pregúntenle a Cano, añade. Por su parte, Cano dice que los pliegos fueron sometidos a un proceso de homologación posterior, durante el que las empresas interesadas expusieron sus sugerencias. El ingeniero no recuerda, sin embargo, de quién fue la idea de incluir la primera opción sobre Rodman. En todo caso, según Mobil, "las especificaciones de la oferta pública fueron desarrolladas y publicadas antes de que AMTSA reclutara a los consultores de BMC/MI". Pero el hecho es que el resultado en el contrato fue más allá de "las especificaciones" iniciales.

No basta mirar al otro lado Las severas exigencias de la ley anti-corrupción de Estados Unidos Promulgada hace 20 años, la ley federal contra la corrupción de Estados Unidos, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), es aplicada de forma crecientemente severa por el Gobierno federal de Estados Unidos, que la ha convertido en el instrumento más importante para impedir o castigar el uso del soborno por parte de compañías estadounidenses en el extranjero. Varias empresas han sido procesadas por violaciones a esta ley y han recibido duras sanciones tras ser halladas culpables. Quizá el caso más conocido aquí haya sido el de la empresa Saybolt, cuyos empleados en Panamá pagaron un soborno de 50 mil dólares a cambio de un trato preferencial por parte de dos funcionarios del MICI. Pero ha habido casos famosos como el de Lockheed, que fue sancionada con una multa de 25 millones de dólares en 1993 por haber efectuado pagos ilegales a cambio de contratos en Egipto. Además, en ese caso se envió por primera vez a la cárcel a un ejecutivo por violar esta ley. El asunto es tan serio para toda empresa norteamericana empeñada en invertir en el extranjero, que muchas empresas y firmas de abogados tienen manuales de conducta y boletines para sus empleados y clientes. Un boletín especializado (el Client Bulletin) de la firma de abogados Testa, Hurwitz & Thibeault especifica, entre otros, dos puntos de interés en la interpretación del FCPA: La ley puede ser violada cuando "una empresa estadounidense tiene como socio a un funcionario de un gobierno extranjero o de un partido político". Invertir legalmente "en empresas que tienen un historial de pagos corruptos" o contratar agentes o consultores que realicen "pagos corruptos, coloca a una compañía estadounidense bajo el riesgo de estimular o ratificar una conducta delictiva". Por su parte, el Colegio de Abogados de Estados Unidos (American Bar Association) ha elaborado una "Guía Práctica" del FCPA que destaca y aclara, entre otros, los siguientes puntos: La ley considera "funcionario oficial" a "...todo aquel que actúe en capacidad oficial para, o de parte de, un determinado gobierno o departamento". "El descuido consciente, la ceguera intencional o la ignorancia deliberada de conducta culpable o circunstancias sospechosas... resultarán probablemente en la violación del FCPA". A la hora de seleccionar un consultor, una compañía debe, según la guía, "determinar la competencia del consultor para llevar a cabo el mercadeo o tipo de asistencia propuestos antes de llegar a un acuerdo... ". "No es necesario señalar que la compañía no debe tratar con un consultor que tenga mala reputación en lo que respecta a su integridad", continúa. "La compañía -dice la guía- no debe contraer el compromiso de pagar cantidades inusuales de dinero a sus consultores internacionales... Muchas veces el personal de una empresa se encuentra bajo significativa presión para ofrecer grandes niveles de compensación a consultores a los que se considera fundamentales en el éxito de una transacción". "La compañía debe documentar en qué se basa para ofrecer el nivel de compensación de su consultor", dice el documento. "La compañía -agrega- debe evitar consentir incrementos de última hora en la compensación del consultor".

Durante la evaluación, ¿qué trabajo siguieron desempeñando? "Ellos requerían informacion, mucha información -dice Flores-, especialmente en lo que era el comercio de la Zona Libre de Petróleo, cuáles eran los requisitos… [Además] alguien tenía que hacer ciertas cosas como el apoyo de los botes para ver las instalaciones marinas…, alquilar un helicóptero… Más que nada logística. Realmente el trabajo en tierra lo hicieron ellos".

¿Y Krupnik? "El hizo también una gran labor... No puedo decir cuáles fueron [sus tareas]", contesta el bananero chiricano.

¿Pasaron facturas detallando el tipo de servicio brindado, las horas empleadas?

"No…, lo llevamos personalmente", responde Pille González.

¿Y cómo explican que les hayan pagado tanto por un trabajo que hubiera podido ser compensado con unos pocos cientos de dólares por día?

"Nosotros no lo vemos de esa forma -dice Pille -. Si no los hubiéramos contactado, no se hubiera hecho, nunca hubieran venido a Panamá". En última instancia, añade González, "lo que teníamos era una participación del 25%… Si tú calculas eso en 20 años, quizás compensa lo que nos están pagando a nosotros".

Mobil Corporation no suministra explicaciones más satisfactorias.

En la carta de respuesta de Mobil a un exhaustivo cuestionario presentado por La Prensa (ver facsímil), la corporación multinacional se limita a decir que BMC/MI (las sociedades de Flores, González y Krupnik, a quienes no menciona por nombre en todo el documento) "preparó visitas a las instalaciones, suministró información concerniente al proceso de licitación, organizó reuniones con funcionarios locales, y en relación con la subsecuente concesión, ayudó a iniciar las operaciones, asistió a AMTSA en la adquisición de espacio de oficinas y equipamiento, y presentó recomendaciones sobre las áreas de desarrollo e inversión en otros negocios…".

¿Se preocupó Mobil de si la relación con sus espléndidamente remunerados consultores violaba el Foreign Corrupt Practices Act?

La multinacional responde que no, porque "ninguno de los consultores de BMC/MI era funcionario del Gobierno panameño en el periodo relevante de tiempo" (¿y el "representante presidencial"? ¿y el "apoderado del Gobierno"?). Mobil añade que, "aunque AMTSA supo el verano pasado que uno de sus antiguos consultores había tenido un cargo en un comité local de uno de los partidos políticos de Panamá, este hecho no fue conocido por AMTSA en el momento de contratar a los consultores y mientras éstos desempeñaron su trabajo… El antiguo consultor nos aseguró que su cargo es honorífico, que no es un puesto remunerado, y que él no participa en asuntos y decisiones del Gobierno. También nos confirmó que él nunca usó su posición para ayudar a AMTSA en forma inapropiada".

Traducción: El "comité local" es Chiriquí. "Uno de los partidos políticos de Panamá" es el PRD. Y el "consultor" que "confirmó" no haber utilizado su posición para nada inapropiado es Félix Pille González, presidente del PRD en Chiriquí desde 1995.

Además, en cuanto a la propiedad, verticalidad y transparencia de las acciones de sus "consultores", Mobil dice no haber detectado tampoco nada extraño.

"No hemos encontrado pruebas de que los consultores de BMC/MI influyeran o trataran de influir en el proceso de licitación… [o] de que dieran ninguna cosa de valor a ningún funcionario panameño con algún grado de responsabilidad en la concesión, o a cualquier otra parte relacionada con ella", afirma Mobil.

Pero Mobil deja entrever más por lo que calla que por lo que dice, y lo que dice no siempre es lo correcto. Por ejemplo:

• Mobil estableció al principio la relación con personas que, supuso, eran altos oficiales del Gobierno de Panamá. La correspondencia inicial de Mobil así lo demuestra. Esas personas fueron luego convertidas en socios y remuneradas finalmente con una esplendidez desproporcionada.
• Mobil pagó por los servicios especializados de un consultor externo, Heinz Bessenich, lo que llamó su "tarifa habitual" de 500 dólares diarios. Otro consultor calificado ganó lo mismo. Pero Krupnik, Bolo Flores y Pille González consiguieron, en cambio, casi 3 millones de dólares sin saber nada del negocio petrolero, como ellos mismos admitieron. ¿Por qué?
• ¿Llevó Mobil registro alguno de las gestiones realizadas por los consultores locales? ¿Puede justificar los pagos que realizó con facturas?
• ¿Es la bonificación concedida a los consultores proporcional a una concesión de 40 mil dólares al mes de alquiler?
• ¿Qué hicieron los consultores realmente para ganar tan desmedida comisión? Si, según todos, nada sabían del negocio; si, según Mobil y los propios "consultores", llevaron a cabo un trabajo no calificado ni experto, y si no utilizaron sus indudables influencias, ¿para qué sirvieron?
• ¿Investigó Mobil a sus socios y consultores locales? Y si lo hizo, como debía, ¿por qué continuó su relación con alguien con el pasado legal de Krupnik?

‘Papa caliente’

El hecho es que sí los investigó, asunto que Mobil soslaya ahora en su respuesta.

Por ejemplo, Heinz Bessenich se enteró de una parte del pasado proceloso de Krupnik a través de Stephen Walling, el ejecutivo de mayor rango de Mobil/Alireza en Panamá.

En una reunión en Estados Unidos, el gerente de AMTSA le dijo al alemán que Krupnik era una "papa caliente [hot potato]" y que "todo el mundo había sido investigado y chequeado [screened and scanned], incluso él [Bessenich]". Pese a la condición de papa caliente, Walling afirmó que, para Mobil, Krupnik era considerado un "facilitador local".

Mobil sostiene que tanto AMTSA como sus "consultores" acordaron cumplir con la legislación aplicable a la transacción, incluyendo el Foreign Corrupt Practices Act. Pero ¿cumplieron?

Dos connotados expertos estadounidenses consultados por La Prensa albergan serias dudas al respecto.

Jack A. Blum tiene uno de los más destacados currículos entre quienes han investigado y combatido la corrupción desde el Gobierno de Estados Unidos. Ex investigador principal del comité presidido por el senador John Kerry, de Massachussets, sobre terrorismo, narcotráfico y operaciones internacionales, Blum es también un experto en la investigación y detección del lavado de dinero, crimen organizado transnacional y prácticas corruptas de gobiernos y empresas. En la actualidad, Blum es abogado socio de la firma de Lobel, Novins & Lamont, de Washington DC.

Blum examinó "cuidadosamente los documentos" que La Prensa le envió "en relación con el contrato de la Mobil". Su conclusión, expresada en sus palabras, fue la siguiente: "Creo que hay suficiente información como para justificar una completa investigación criminal [a full criminal investigation] respecto a una posible violación de la ley federal contra la corrupción en el extranjero [Foreign Corrupt Practices Act]".

De acuerdo con Blum, la lectura de los documentos sugiere los siguientes hechos:

• Que parece haber habido "un pago sospechosamente alto" a "agentes" que ayudaron a conseguir el contrato [de concesión].
• Los agentes "eran personas que estaban directamente conectadas con dignatarios con poder de decisión".
• Sus nombres habían estado asociados a transacciones "cuestionables" en el pasado.
• Los pagos son "demasiado grandes como para ser considerados asistencia local [on the ground assistance]o apoyo técnico".
• Los pagos continúan durante un período de años pese a que la necesidad de sus servicios parece haber terminado con la concesión del contrato.

"Teniendo estos hechos en cuenta", dice Blum, "Mobil debió haber albergado la fuerte sospecha de que los pagos iban dirigidos a funcionarios del Gobierno panameño con el objeto de influir en sus decisiones, y de que [por esas consideraciones] la concesión del contrato estaba amarrada a esos pagos".

"Creo —concluye Blum— que Mobil debió haber cuestionado el propósito de esos pagos, debió haber investigado cuál era su propósito, y que debió haber adoptado medidas para asegurarse de que no se iba a cometer ninguna acción inapropiada".

Otro experto en el FCPA, Bartram Brown, catedrático del Chicago Kent College of Law, sostiene que "el hecho de que una compañía estadounidense tratara sólo con intermediarios sin un cargo oficial en el Gobierno en Panamá... no es suficiente para protegerla de su responsabilidad bajo la ley anticorrupción (Foreign Corrupt Practices Act) si se demuestra que pagó coimas indirectamente a funcionarios del Gobierno".

"El asunto central en este caso", dice Brown, "es si las compañías norteamericanas involucradas sabían o no que se iba a ofrecer dinero, directa o indirectamente, a un funcionario gubernamental en Panamá con el propósito de influir en sus decisiones oficiales… las prácticas corruptas incluyen frecuentemente el concurso de intermediarios de este tipo".

No fue posible obtener una respuesta concreta de Mobil a las muy concretas preguntas que se les hizo en el cuestionario. En todo caso, el funcionario que sabía todo sobre la investigación, el screening and scanning de sus ex consultores, Stephen Walling, rehusó conceder una entrevista a La Prensa.

Epílogo teutón

Quien no parece tener ahora mayores dudas sobre lo que pasó y por qué pasó es quien primero identificó el entonces posible negocio: Heinz Bessenich, el gran perdedor de esta transacción.

Como todo pago de su participación en el negocio, Bessenich recibió 150 mil dólares. Poco después se enteró de lo que ganarían los "consultores" locales, a los que él mismo había metido en el negocio, y montó en cólera.

En una carta dirigida al jeque Mahmoud Alireza el 25 de junio de 1997, el alemán dice sentirse "discriminado", "insultado" y "humillado", se atribuye el éxito de la operación y amenaza con llevar el caso a los tribunales y a los diarios. Según

Bessenich, el único mérito de Krupnik fue informarle de la posibilidad de negocio, mientras que Pille y Bolo se habían limitado a "arreglar una visita de cortesía con el presidente".

Bessenich escribió varias misivas de protesta, algunas de las cuales utilizan lenguaje y ejemplos pintorescos. En una de ellas, dirigida a Lucio A. Noto, en aquel momento presidente [CEO] de Mobil Oil Corp., el alemán asegura que "se sabe internamente que el acuerdo [con los asesores locales] se hizo para preparar el camino al éxito en el frente político… [Flores, González y Krupnik] no estuvieron involucrados en iniciar el proyecto, sino sólo en hacer que las directivas de ambos socios [Mobil y Alireza] creyeran que estaban comprando favores políticos".

En agosto pasado, Bessenich escribió otra carta a Noto y se reunió con los representantes de Mobil en Virginia. En dicho encuentro, los representantes de la compañía dijeron saber que Krupnik había sido encausado en Florida, según el capitán alemán.

Los esfuerzos de Bessenich continuaron, aunque en vano. En una contestación escrita firmada por el abogado Ronald S. Leibman y fechada el 8 de septiembre de 1998, Mobil rechaza la petición de una compensación "justa" realizada por Bessenich y menciona una carta de entendimiento fechada el 23 de julio de 1997, por la que el capitán alemán se comprometió a contentarse con 150 mil dólares.

Bessenich no se dio por vencido. El 20 de octubre reanudó la correspondencia unilateral con Noto en la que reivindica de nuevo sus aspiraciones. En la misiva, Bessenich le dice: "Sus abogados, obviamente, han hecho caso omiso de un importante aspecto de este caso, el hecho de que tres residentes panameños han recibido 2.7 millones de dólares sin ser probados consultores únicamente por influir dentro del Gobierno panameño en el proceso de decisión de la concesión".

El 28 de diciembre de 1998, Bessenich informaba en otra carta a Lee R. Raymond, el presidente y director ejecutivo de Exxon, luego de la fusión con Mobil, de los problemas de Mobil en Panamá. "Se realizaron grandes pagos para ganar favores políticos. La suma en cuestión era de 2.7 millones de dólares".

Pobre Bessenich. Quiso ganar como representante presidencial siendo sólo un consultor.

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