Desde que cayó la dictadura, la información que durante dos décadas utilizó y generó el régimen militar, ha estado envuelta en un halo de misterio. Confiscadas primero por el ejército estadounidense, transferidas al gobierno panameño después, hay miles de cajas -en suma, quizás, unas diez mil- que contienen una serie desconocida de documentos y piezas informativas que con toda seguridad arrojan luz sobre qué hicieron las autoridades en ese periodo, cómo lo hicieron, y bajo las órdenes de quién. Este es el material que necesita procesar la Comisión de la Verdad para profundizar sus hallazgos y que inexplicablemente se encuentra custodiado por el Servicio de Protección Institucional (SPI) sin posibilidades de acceso para los miembros de la comisión. La presidenta debe ordenar que toda esa información sea puesta a disposición de la Comisión de la Verdad para que ésta pueda proceder, por medio de un equipo técnico, a identificar y clasificar las piezas documentales que tienen relevancia en los casos de asesinato, desaparición y tortura que investigan los comisionados. La comisión bien puede ser el custodio temporal -mientras se encuentre en funciones- de toda esa información acerca del más oscuro de los periodos de nuestra historia. ¿O es que hay alguna razón para que también este gobierno resista el intento de dar a conocer datos precisos sobre cómo operaba la dictadura?