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Inventario
de la corrupción
La corrupción afecta al Estado panameño en su conjunto: Ejecutivo,
Legislativo y Judicial. Este inventario recalca lo concerniente
al Ejecutivo
JUAN CARLOS DIAZ Y HERASTO REYES
invest@prensa.com
Ayer se dio cuenta pública de las comunicaciones epistolares entre
el ministro de Gobierno y Justicia Winston Spadafora y el procurador
José Antonio Sossa en relación con la corrupción en la Dirección
de Aeronáutica Civil (DAC). El primero le increpa al segundo por
el hecho de que no encuentre “a qué delitos nos referimos”. Sossa
le contesta a Spadafora que de surgir “algún indicio de la comisión
de un hecho punible, entonces podría atenderle”.
La DAC es un ejemplo de corrupción no investigada por los organismos
estatales, pero hay muchos más. Un inventario de la corrupción
en Panamá, que cubra solamente los casos ocurridos del 1 de septiembre
de 1999 hasta la fecha, llenaría páginas de los periódicos. En
esta investigación se incluyen algunos ejemplos y se presenta
una larga lista de casos que, por limitaciones de espacio, no
se detallan.
Las fuentes de donde se obtienen estos informes tienen dos orígenes:
los archivos del Frente Nacional contra la Corrupción y los trabajos
periodísticos publicados al respecto.
Licencias en Manila
Caso que se dio a conocer luego de la publicación especializada
de Fairplay Daily Shipping News, en la que se indicaba que las
compañías Panama Maritime Services Inc. y Panamanian Maritime
Documentation Service Inc., compañías privadas respaldadas, supuestamente,
por el entonces embajador de Panamá en ese país, Juan Carlos Escalona,
recolectaron un promedio de 39 mil 250 dólares diarios, o sea
942 mil dólares mensuales, al procesar 200 ó 300 solicitudes diarias
de oficiales y marinos.
El administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Jerry
Salazar, ordenó una investigación preliminar que produjo la destitución
de 14 funcionarios del departamento de Titulación y Evaluación
de la Dirección General de Gente del Mar.
Además, Escalona fue denunciado por la Asociación Internacional
de Médicos Marítimos por la acreditación selectiva de tres clínicas
en Manila, dos de ellas del mismo propietario, que estarían autorizadas
por el Gobierno panameño para la expedición de certificados médicos
a marinos.
Cónsul en Bélgica y las transferencias ilícitas
La Cancillería panameña separó el 19 de marzo del 2001 al entonces
cónsul en Bélgica, Mario Mastellari Navarro, de su cargo, tras
su presunta participación en una organización internacional dedicada
a la transferencia ilícita de dinero proveniente del extranjero.
La decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores se fundamentó
en una petición que en ese sentido hizo el Ministerio Público
panameño. El ministro José Miguel Alemán explicó igualmente que
las investigaciones comenzaron antes de que Mastellari fuera designado
en el servicio exterior panameño.
Todo comenzó cuando la Fiscalía Primera de Circuito inició de
oficio una investigación en 1999, encaminada a detectar frecuentes
movimientos de dinero que salían de entidades bancarias estadounidenses
y que eran depositados posteriormente en cuentas bancarias de
particulares o de empresas registradas en Panamá.
Desde Argentina, Norberto Bataglia, presunto cabecilla de esa
organización, solicitaba transacciones -a través de faxes o llamadas
telefónicas- de dinero de cuentas de otras personas a bancos en
Nueva York, cuyos depósitos se hacían efectivos en cuentas bancarias
en Panamá.
Redujeron la altura del puente sobre el Canal
El representante legal de la empresa estadounidense Figg Engineering
Group Inc., Rogelio Delgado, anunciaba a mediados de enero del
2001 que si no se enmendaba la situación, elevaría hasta la Corte
Suprema de Justicia su queja sobre el cambio del pliego de cargos
para la licitación del diseño del segundo puente sobre el Canal.
Según Delgado, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Autoridad
del Canal de Panamá (ACP) violaron la Ley 56 de 27 de diciembre
de 1995 —de contrataciones públicas— al alterar los requerimientos
respecto a la altura del puente. Los pliegos especificaban una
altura de 91.5 metros, pero después se habló de 76.1 metros.
Delgado argumentó que “para alterar el pliego de cargos, el MOP
debió hacer una addenda con 10 días de anticipación o haber pospuesto
la licitación”.
Según él, si la empresa ganadora fuese a ejecutar los diseños
sobre la base de la nueva altura, tendría una ventaja, porque
el costo del diseño disminuiría substancialmente.
La historia de la galleta nutricional
El Ministerio de Educación fijó para el 12 de julio del 2001 la
nueva licitación de la galleta nutricional, después de que el
acto público anterior, celebrado el 8 de marzo, fuera anulado
tras las denuncias de irregularidades planteadas por uno de los
licitantes.
La queja provino de Productos Alimenticios Pascual, S.A. (PAPSA),
dado que en esta ocasión el ministerio optó por considerar la
adjudicación del 42% del contrato a Zuellen, S.A. (Panificadora
Santa Librada), que según PAPSA no había cumplido con los requisitos
previstos en el pliego de cargos y no había presentado referencias
comerciales. No obstante, la ministra Doris Rosas de Mata aseguró
que al admitir una nueva competidora este año, se había logrado
un ahorro de 192 mil dólares.
Fulvia de Vargas, presidenta de Panificadora Santa Librada en
Santiago, aseguró que Panificadora Santa Librada “cuenta con todos
los requisitos necesarios para la preparación del pan y de las
galletas nutricionales” y está dispuesta a seguir participando
en todas las licitaciones que se realicen para la elaboración
de este producto para las escuelas del país.
Las ventas de lotes del BHN
A la conclusión que llegó la Comisión de Vivienda de la Asamblea
Legislativa, luego de la comparecencia en abril del 2000 del entonces
gerente general del Banco Hipotecario Nacional (BHN), Waldo Arrocha,
fue que esta institución no posee un procedimiento transparente
para la venta de lotes comerciales de su propiedad.
Arrocha tuvo que contestar un cuestionario relacionado con la
venta de la finca donde se ubica la casa comunal del sector No.2
de San Isidro; la venta del campo de juego de Bello Amor en Vista
Alegre, en Arraiján; la venta de los terrenos ocupados por la
oficina del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en San Miguelito
y la venta de lotes en el sector de Villa del Caribe, en Colón.
Por su parte, el director reconoció que al menos en dos procesos
de venta de lotes firmados por él “de buena fe” hubo corrupción,
y que por ello varios funcionarios habrían sido separados de sus
cargos. El propio director Arrocha fue destituido posteriormente.
Licitaciones en Educación
El problema que originó la denuncia, fue la adjudicación de los
contratos del servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones
del Ministerio de Educación y la Radio-Televisión Educativa a
la firma Omega Security, entre cuyos dignatarios figura la sobrina
de la titular de Educación.
Los abogados de las empresas Vigilancia y Seguridad, S.A. y Seguridad
Metropolitana, S.A. denunciaron las irregularidades en las licitaciones
de ambas instituciones, estas se dieron en la solicitud 007 del
22 de marzo del 2001, así como en la 01-01 del 8 de marzo del
2001, correspondientes a los servicios de vigilancia y protección
de bienes y de personas.
El misterioso HP 1430
Por semanas, el Gobierno no proporcionó información sobre la nave
HP 1430 que se hundió en el mar a 20 millas al sur de Río Hato,
tras despegar de la casa presidencial en Punta Mala, Pedasí, Los
Santos. Medios de la localidad divulgaron un memorándum con fecha
del 21 de noviembre que demuestra que el helicóptero fue incorporado
a la flota presidencial.
La presidenta Mireya Moscoso declaró que nunca había dicho que
desconocía la información sobre el helicóptero HP 1430, sino que
“siempre he dicho que yo no he usado ese helicóptero”.
El accidentado helicóptero figura como propiedad de la empresa
Hanta Corporation, que fue constituida en marzo del 2000 por el
bufete Solís, Endara, Delgado y Guevara, siendo su presidente,
de acuerdo con el Registro Público, el abogado César Guevara,
presidente en ese tiempo del Colegio Nacional de Abogados.
Pero esta empresa es manejada “en papel” por el colombiano, Jorge
Vásquez Gallego, quien admitió su vinculación con el aparato siniestrado.
Tan pronto llegó a Panamá, Vásquez Gallego fue apoyado por su
amigo Alvaro Naranjo Salazar, banquero de confianza de la presidenta
Mireya Moscoso y gerente de Bancafé de Panamá. Un abogado, que
pidió reserva de su identidad, perteneciente a un reconocido bufete
de la localidad, dijo que Vásquez Gallego “es solo la cabeza visible
de Hanta Corporation”, pues “los hombres detrás de Hanta son personajes
muy cercanos al poder”.
Naranjo Salazar, además, mantiene buenas relaciones con importantes
figuras cercanas al Gobierno, tales como el asesor presidencial
Augusto Onassis García y Arnulfo Escalona, director del Fondo
de Inversión Social (FIS).
Las grúas de Vacamonte
Para la adquisición de ocho grúas portuarias para el puerto de
Vacamonte, la Autoridad Marítima Nacional (AMN) convocó a una
licitación, la cual ganó Suplidora Los Angeles. Cumplidos los
requisitos y firmado el contrato, el mismo no fue aprobado por
la Contraloría General de la República y con ello se afectaron
los planes de la citada empresa y los usuarios del puerto se han
visto limitados en sus actividades.
Posteriormente, la sub-directora de la AMN, Bertilda García Escalona,
embargó todos los bienes comerciales y privados de Eduardo Cummins,
propietario de Suplidora Los Andes, cuando lo acusó de calumnia.
Todavía las grúas no están en el puerto.
La larga línea de oriente
Para suplir de agua a las poblaciones de Tocumen, Mañanitas y
24 de Diciembre, entre otras, se debió haber instalado una línea
de conducción de agua desde la planta de Chilibre. Se convocó
a una licitación, la cual ganó la empresa Estructuras de Panamá.
Se avanzó hasta la firma de los contratos, pero la Contraloría
no lo avaló, y sin importar las inversiones en las que se había
incurrido, el contrato fue echado para atrás.
Se hizo en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
(IDAAN) una nueva licitación y finalmente se terminó con una contratación
directa. El retraso en el proyecto, es decir la sed de los moradores
del este de la ciudad de Panamá, alcanza más de dos años.
Corrupción de alto vuelo
En la DAC, los visos de corrupción son notorios así como el desgreño
administrativo. Entre los casos denunciados, están la duplicación
de pedidos y facturas de piezas para los aviones y helicópteros;
el traspaso de partidas destinadas a la dotación de carros bomberiles
para el aeropuerto de Tocumen y que fueron destinadas a reparar
el avión presidencial; la ignorancia y desconocimiento de un informe
completo sobre la situación de los bomberos aeronáuticos que planteaba
las penurias con las cuales se ven obligados a trabajar; el pago
de viáticos altísimos por tareas de mecánica y pilotaje de helicópteros
a personas que no son ni mecánicos ni pilotos de helicópteros...
Panamá fue bajada de la categoría 1 a la categoría 2 en cuanto
a aviación.
En medio de todas estas publicaciones, un incendio consumió gran
parte de la información (papelería y archivos electrónicos) en
los locales de la DAC.
La
larga lista
Para
el secretario del Frente Nacional contra la Corrupción,
Enrique Montenegro Diviazo, fue en el gobierno del presidente
Guillermo Endara donde se pasaron leyes positivas para el control
de los fondos y bienes públicos que hacían difícil
cometer actos de corrupción en el Gobierno. Cosa muy contraria
a lo que hizo el gobierno de Ernesto Pérez Balladares,
el que cambió las reglas del juego al crear la Ley número
56, que regula las compras y contrataciones públicas, pero
dejando un margen para que ni el precio ni la calidad del producto
o el servicio cuenten, sino la opinión de la comisión
evaluadora, que es nombrada por los ministros o directores de
instituciones públicas.
“La
diferencia entre el gobierno de Pérez Balladares y el de
Mireya Moscoso está en que en el primero se hicieron meganegociados
y en el de Mireya lo que se ha hecho es sectorizar el presupuesto,
perdiéndose así el control de los bienes del Estado”,
sostiene Montenegro. Aclara el secretario del Frente que es por
esta razón que dicho organismo ha presentado en la Sala
Tercera de la Corte Suprema de Justicia más de 500 recursos
o denuncias. Entre los casos denunciados por el frente entre los
años 1999 al 2001 están:
- Rifa para la compra de carro blindado para la presidenta.
- Aval del Gobierno para los municipios de Los Santos (130
millones), de Las Tablas (252 millones) y de Colón
(300 millones).
- Compras fraudulentas de computadoras en el IDAAN y pérdidas
de algunas.
- Compra y contrabando de relojes Cartier.
- Carretera hacia Mariato (contrato de 6 millones).
- Autorización del Consejo de Gabinete para compras
directas en el Fondo de
Inversión Social (FIS).
- Caso del Banco Nacional en relación a Tenería
Tauro y al Club de Montaña.
- Reparaciones del avión presidencial (3 millones de
dólares) y del helicóptero (900 mil dólares).
- Partida secreta presidencial (3 millones de dólares).
- Partidas circuitales (38 millones de dólares).
- Clínicas en Filipinas y negociados en Consulado.
- Denuncia de Gloria Moreno sobre irregularidades en el Hospital
Santo Tomás (62 millones de dólares).
- Contrato de cerca y luces para el aeropuerto de Punta Mala.
- Denuncia sobre la reparación de escuelas (25 millones).
- Gastos de la cumbre presidencial (6 millones de dólares).
- Compra de carros Cadillacs, comida y computadoras mediante
contratación directa.
- Licitación de seguridad en el Ministerio de Educación.
- Gasolina en el Servicio Aéreo Nacional (SAN).
- Contrato con empresas Shahani para extracción de
piedra y arena en el río Pacora con estudio de impacto
ambiental falsificado.
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