Lecciones en la arena

La percepción que existe ante la absurda falta de coordinación en las entidades gubernamentales es la palabra de moda: corrupción

Después de varias semanas de incertidumbre, el Gobierno Nacional adoptó finalmente la decisión correcta en torno al tema de la extracción de arena frente a las costas de Farallón. Para ello, sin embargo, fue necesario que la sociedad civil y algunas instituciones del Estado libraran una batalla campal a través de los medios de comunicación social, no solamente contra la empresa que pretendía vender para rellenos la mejor arena del país, sino contra la Autoridad Nacional de Ambiente (ANAM), que inexplicablemente había aprobado los estudios para llevar a cabo esa extracción. Varias preguntas quedan por absolver. ¿Por qué fue necesario tanto esfuerzo y tanto desgaste para lograr que se descartara un proyecto que, por absurdo, ni siquiera ha debido ser presentado a las autoridades del Ministerio de Comercio? ¿Cómo es posible que si el desarrollo del turismo es una de las prioridades del Estado panameño, se haya pensado siquiera en extraer arena frente a playas que por ser las mejores del país han sido declaradas polo de desarrollo turístico? ¿Acaso no es obvio que aunque cualquier arena puede ser utilizada como relleno solo la mejor arena sirve para conformar las playas que atraen a los turistas? Del análisis sincero que haga de estas interrogantes dependerá que el Gobierno derive algunas lecciones positivas de lo ocurrido en el caso de la arena de Farallón.

Lo primero que hay que destacar es que no pocas veces el Gobierno proyecta una imagen de incoherencia cuando de tomar decisiones importantes se trata. Tan pronto trascendió que la ANAM había aprobado los estudios de impacto ambiental -¡y qué impacto!- para la extracción de arena submarina frente a las playas de Farallón y que, por tal motivo, la empresa Decameron había decidido suspender el proyecto de inversiones turísticas que lleva a cabo en el área, la directora del Instituto Panameño de Turismo (IPAT), en buena hora, salió a la palestra a denunciar la situación. Pero resulta que la Junta Directiva del IPAT la preside, precisamente, el ministro de Comercio, cuyo ministerio recibió la solicitud de la empresa que quería explotar la arena. También se quejaron quienes se ocupan de la protección de los recursos marinos -otra dependencia del Ministerio de Comercio- porque se violaba un decreto de antigua data que prohibe la pesca de arrastre en el sector en el que se pretendía succionar la arena y junto a ella toda la riqueza biológica que descansa en el lecho marino. ¿Cómo justificar tal falta de coordinación? Tal vez la explicación esté en que los funcionarios aludidos pertenecen a partidos políticos diferentes. Pero, ante semejante absurdo, la percepción que surge en la mente del común de los panameños es la palabra de moda: corrupción. Aunque no fuera cierto, para muchos solamente así puede explicarse que el Gobierno considere siquiera un proyecto que contradice tan abiertamente su propia agenda.

El problema se agrava porque no es el primer caso en que el Gobierno acoge proyectos que pugnan con la política nacional de desarrollo. Recientemente ocurrió algo parecido con el tema de los famosos rayos X: justo cuando se reportaba la gran contribución de la actividad portuaria a la economía nacional, ¡zácate! la Autoridad Marítima Nacional autoriza un contrato mediante el cual cierta empresa ingresaría decenas de millones de dólares radiografiando los contenedores que pasan por nuestros país. y restando, de paso, eficiencia y competitividad a los puertos panameños. También en aquella ocasión se movilizó la sociedad civil que, unida a la presión de la opinión pública, logró que el Gobierno recapacitara y que la Autoridad Marítima revocara el acto. Pero, una vez más, la percepción de corrupción quedó latente en el ánimo de los nacionales y extranjeros que aquí convivimos, porque, ¿de qué otra manera podría explicarse semejante exabrupto?

Algo parecido está sucediendo ahora con las telecomunicaciones, que tan importantes son para el desarrollo del país: una empresa pretende instalar equipos que permiten la comunicación celular valiéndose de una licencia otorgada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos que únicamente le permite instalar equipos para comunicaciones troncales y ahorrándose de paso los setenta y dos millones de dólares que han pagado las empresas que prestan el servicio de celulares por el derecho a explotar ese negocio en exclusividad hasta el año 2007. Y ¿qué dice el Ente? Pretende lavarse las manos permitiendo así que la falta de seguridad jurídica ponga en peligro cuantiosas inversiones que deberán darse en nuestro país a partir del año 2003, cuando se acabe el monopolio de Cable & Wireless, y del 2007, cuando termine el duopolio de la telefonía celular. Nuevamente la percepción de corrupción contamina el ambiente y afecta el desempeño del gobierno.

No faltan quienes afirman -entre ellos algunos funcionarios públicos de alto rango- que así trabaja la democracia y que justamente para denunciar situaciones como las que dejamos esbozadas existe la libertad de prensa. Pero lo cierto es que incoherencia y democracia no son sinónimos y que ningún gobierno puede ser eficiente cuando sus actuaciones dependen de la presión que en un momento dado ejerza sobre ellos la opinión pública.

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