No hay peor ciego que quien no quiere ver, ni peor sordo que quien no quiere oír. Hace bastante tiempo -desde el pasado 28 de mayo- I. Roberto Eisenmann, Jr., en ese tiempo asesor presidencial, escribió un artículo en La Prensa, en el cual denunció al “conocido grupito de maleantes -disfrazados de empresarios, banqueros, diplomáticos, etc.- que tiene la gran habilidad de incrustarse en todo gobierno para servirse del Estado”. Por supuesto, la gravedad de esas afirmaciones fue ampliamente comentada en los círculos políticos y en los medios de comunicación social. Pero de allí no pasó. La Dirección Nacional contra la Corrupción continúa acéfala y el Ministerio Público no parece darse por enterado de cuáles son sus obligaciones constitucionales y legales. Los agentes del Ministerio Público están obligados a investigar las contravenciones de disposiciones constitucionales o legales y ejercitar las acciones correspondientes. La denuncia se hizo públicamente, el contralor general de la República dio los nombres, el ahora ex asesor presidencial los corroboró y todavía nada pasa, nada se investiga y ninguna autoridad da explicaciones. ¿Hasta cuándo?