La Prensa - Ciudad de Panamá, 13 de junio de 2001

Una denuncia sin precedentes

“El procurador sostiene posiciones personales que son contrarias a la convención americana de derechos humanos”

Jorge Giannareas
jorgian@prensa.com

Claudio Grossman, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La reciente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puso de relieve que en Panamá se habían producido algunos avances en materia de derechos humanos, al tiempo que señaló que hay “situaciones preocupantes”, entre las cuales se encuentra de manera prominente la persecución a los periodistas.

“Somos comisionados, no diplomáticos”, justifica así Claudio Grossman, presidente de la CIDH, en entrevista exclusiva concedida a La Prensa, las prioridades de su agenda y el tono de sus encuentros e intercambios con sectores gubernamentales y no gubernamentales.

Sobre la cuestión del estado actual de la libertad de expresión, Grossman mostró su insatisfacción con la calidad de la información: “Recibimos denuncias de que había más de 70 casos”, dice Grossman con consternación. “Le preguntamos al procurador y nos dijo que solo eran 22 casos que involucraban a solo 28 periodistas. Ahora bien, no hay ningún país en la región que tenga a 28 periodistas demandados por calumnia e injuria ante los tribunales”. Grossman lo dice sin ambages: “Panamá es el país número uno en América Latina”, en lo que a periodistas acusados se refiere. Es un liderazgo de dudoso orgullo. O tal vez no.

El tema adquirió una relevancia inusitada en la reunión que sostuvo la comisión en las oficinas de la Procuraduría General de la Nación. La posición del jefe del Ministerio Público causó extrañeza a todos los miembros de la comisión y a Grossman en particular, que no pudo ocultar su desasosiego con lo que le tocó presenciar ese día jueves 7 de junio en horas de la tarde.

“El”, refiriéndose a José Antonio Sossa, nos cuenta Grossman, “invitó a una serie de personas a la reunión a las que presentó como representantes de gremios de abogados. Nosotros no teníamos una reunión con ellos, nosotros queríamos una reunión con el procurador. Se produjo una situación extraña porque él le pasaba la palabra a esta gente, que parecía muy partidaria de él.” “Esto nunca nos había pasado”, confesó un asombrado presidente de la CIDH. “Fue una cosa sin precedentes”.

“Nos causó extrañeza la forma en que vio su rol con una comisión que vino a conversar con él. Lo importante es que el procurador se mostró como un militante de una interpretación que es válida en la vida privada, pero en su rol de funcionario público tiene que aplicar los tratados libremente suscritos por el Estado panameño”, arguyó Grossman.

Sin titubear Claudio Grossman afirmó que, en materia de libertad de expresión, el procurador sostiene posiciones personales que son contrarias a la convención americana de derechos humanos. Cualquier individuo tiene el derecho de decir “quiero meter presos a los periodistas porque son mala gente”, pero no como procurador, comentó.

Pero no es solo una cuestión de las “extrañas” ideas que tiene un funcionario equis. De todas las denuncias que recibió la comisión, la que probablemente más preocupa a su presidente es la de que en Panamá los procesos contra periodistas no son casos aislados, sino que hay un patrón, de que se trata de una acción sistemática dirigida por el procurador con el fin de intimidar a la prensa. “Nosotros no prejuzgamos el hecho”. “Hemos recibido esta denuncia y la vamos a investigar”, recalca con ceño adusto.

-¿En qué consiste exactamente la denuncia?

- La denuncia consiste en que el procurador está dirigiendo una cruzada contra los periodistas que critican a funcionarios públicos. Nosotros investigaremos esta denuncia porque ella significa un abandono de la neutralidad que tiene que tener el procurador general.

-¿En qué sentido esta denuncia es distinta del hecho habitual de que el Ministerio Público investigue a periodistas por los delitos de calumnia e injuria?

- Si se tratara de varios casos aislados, sería diferente; pero, si de lo que se trata es de una política sistemática de intimidación, impulsada desde el despacho de un alto funcionario del Estado [como lo es el procurador] que utiliza el régimen de calumnia e injuria para perseguir al periodista que está investigando a autoridades públicas, entonces hay aquí una responsabilidad del Estado panameño. Y hasta podría configurar una responsabilidad individual del mismo procurador. Se trata de una denuncia que la comisión va a investigar.

-¿Cómo podría comprobarse que los distintos procesos que se siguen a periodistas por los delitos de calumnia e injuria forman parte de una acción sistemática por parte del Estado?

- Se trata de una acción sistemática cuando los distintos procesos están todos impulsados desde un mismo despacho y se les confiere una atención especial a este tipo de casos. La comisión ya ha establecido en otros casos como el de Venezuela, por ejemplo, que cuando una autoridad denigra sistemáticamente a los periodistas, es decir no lo hace en un momento solamente, como resultado de una explosión emocional, sino que lo hace constantemente, esto puede constituir una violación a la libertad de expresión.

-¿Cuáles podrían ser las consecuencias si se estableciera la veracidad de estas alegaciones?

- Como le dije, esta es una denuncia que nosotros vamos a investigar. Si se comprueba que es cierto, entonces habría una responsabilidad de parte del Estado, que podría concluir en una condena de tipo económico, por los daños causados .

-¿No podría ampararse el jefe del Ministerio Público en que su labor es proteger el honor de las personas?

- El parte de una disyuntiva falsa entre el ejercicio de la libertad de expresión y el honor. Nosotros le dijimos que ese no es el tema; nosotros somos partidarios de proteger el honor a través de la responsabilidad civil, que consiste en una indemnización, y el derecho de rectificación. No pudimos comunicarnos sobre este punto. Cuando se lo planteábamos no había respuesta de su parte.

-¿Cuál es la importancia de la protección del honor en un régimen democrático?

- Le repito: la disyuntiva entre la libertad de expresión y la protección del honor es falsa. Decir “o se protege el honor o se garantiza la libertad” es un intento por confundir las cosas. Es decir una estupidez. La cuestión tiene una dimensión pública, ciudadana.

Lo que hay que preguntarle a la gente es lo siguiente: ¿es usted partidario de que los políticos, las autoridades públicas, que tienen un deber fiduciario, sagrado, de administrar los dineros del Estado, que pueden tomar decisiones que afectan la vida de un país en su conjunto, sean sometidos a una crítica y a un debate vigoroso sobre su actuación, o es usted partidario de que ellos se defiendan metiéndolo a usted preso utilizando los recursos del Estado? En mi opinión, es mejor que haya un régimen de responsabilidad civil más un derecho de rectificación de respuesta.

-En Panamá, las autoridades pueden penar sin juicio previo cuando consideran que una persona les irrespeta. Esto es lo que otros países llaman leyes de desacato.

- Panamá no es el único que todavía no ha eliminado las leyes de desacato, o despenalizado la calumnia y la injuria, pero sí es el número uno en la cantidad de casos contra periodistas, aun tomando en cuenta la cifra que da el procurador.

-¿Se han eliminado las leyes de desacato en algún país?

- En Argentina existían leyes de desacato, es decir, la crítica de las autoridades públicas conllevaba una sanción penal. El periodista Horacio Verbitsky acusó al presidente Menem de tráfico de armas, enriquecimiento ilícito, peculados, y otras cosas. Utilizando las leyes de desacato lo condenaron al pago de una multa y prisión. Su caso fue ante la Corte Interamericana y ganó. Como consecuencia, el Estado argentino tuvo que modificar sus leyes y abolir el desacato, lo que ha hecho posible el encausamiento y arresto del entonces presidente de la República Carlos Menem esta semana. Esta es una prueba de la importancia de un debate público y vigoroso, que las leyes de desacato impiden.

-Entonces, ¿hay una relación entre el caso Verbitzky y el caso Menem?

- Por supuesto. La eliminación de las leyes de desacato ha permitido un debate importante para la sociedad argentina. Yo no sé si Menem es o no culpable, pero a mí me parece positivo que se establezca en Latinoamérica con toda claridad el principio de que no hay nadie por encima de la ley.

Antes hasta los que eran ex funcionarios públicos podían utilizar en su favor las normas de desacato. Claro, nunca es un solo factor el que ocasiona un resultado, pero yo estoy convencido de que sin un debate vigoroso sobre la actuación de las autoridades en que los participantes no están amenazados por sanciones penales, el encausamiento y arresto de Menem no habría pasado.

Se trata, a fin de cuentas, de darle validez al principio de que nadie está por encima de la ley, y en el caso de los funcionarios públicos, la ley debe permitir que su actuación sea observada más de cerca, porque el propósito del servicio público es que los servidores públicos sirvan al pueblo y no que se sirvan del pueblo. Por eso es que vamos a investigar especialmente esta denuncia que hemos recibido de que el procurador general lleva a cabo una acción sistemática de utilización de las leyes de desacato contra los periodistas.

Informe de la SIP sobre la libertad de prensa en el hemisferio

Algunas partes del informe, que aún debe ser revisado por la organización:

Argentina: Han surgido iniciativas económicas y legales que ponen en riesgo a la prensa escrita a través de una posible reglamentación al derecho de réplica, un proyecto de colegiación obligatoria en la provincia de Mendoza y un hostigamiento contra el diario El Liberal de Santiago del Estero.

Canadá: Algunos periodistas han sido agredidos o amenazados por personas afectadas por denuncias hechas públicas, y otro gran número de ellos han sido arrestados cuando cubrían manifestaciones. Se utiliza cada vez más la legislación sobre derechos humanos para regular la actividad de la prensa.

Chile: Permanece vigente la Ley de Seguridad del Estado que actúa como manto de sobreprotección legal de los funcionarios. Unas 300 autoridades de los tres poderes y del orden militar están favorecidos por esa ley en diferentes pleitos con los medios de comunicación.

República

Dominicana: Catorce casos de agresiones y atropellos contra medios y periodistas han sido denunciados. Continúa impune el crimen contra el columnista Narciso González, ocurrido en 1994.

El Salvador: Persiste un enfrentamiento entre funcionarios públicos y periodistas por denuncias por difamación. Siguen vigentes disposiciones del Código Penal que prohíben el acceso del periodismo a ciertas fases de los procesos judiciales.

Guatemala: Existe, de parte del gobierno, especialmente del Ministerio de Comunicaciones, un fuerte acoso y desprestigio contra la prensa y periodistas independientes. El monopolio de la televisión es el instrumento utilizado por el gobierno para ese fin. En el plano positivo, la SIP y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos acordaron reiniciar las investigaciones por el caso de Irma Flaquer, desaparecida en 1980.

Haití: Los periodistas admiten que se autocensuran debido a presiones políticas. Un periodista fue asesinado en diciembre. El crimen contra Jean Dominique, ocurrido en abril del 2000, parece condenado a una total impunidad. La SIP descubrió numerosas irregularidades en el proceso policial y judicial.

El nuevo gobierno produjo un cambio positivo en cuanto a no discriminar en el otorgamiento de la publicidad oficial. La alta carga impositiva que deben soportar los medios, la disminución de la publicidad y de sus ventas, incide gravemente en el cierre de varios de ellos.

Caribe: en Antigua y Barbuda la Radio Observer ganó un juicio sobre la confiscación de su equipo. En Trinidad y Tobago el presidente de Caribbean Communication Network demandó al primer ministro por difamación porque fue acusado de `seudo racista. En Jamaica, The Gleaner Company logró una reducción de la indemnización resultante de una querella por difamación.