Situación preocupante

Las diferencias políticas deben enfrentarse, tratarse y resolverse por vía del diálogo y del razonamiento entre los integrantes de los órganos del Estado

El Gobierno de la República ha sido estructurado para que funcione con arreglo al artículo 2 de la Carta Fundamental, que establece que el poder público emana del pueblo y lo ejerce el Estado por medio de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración. Bajo esta misma norma, aprobada en 1946, funcionó el Gobierno con eficacia y apego, hasta su suspensión por el golpe de Estado de 1968. Luego, a partir de 1984 y como consecuencia de las reformas constitucionales de 1983, se siguió con el mismo principio universalmente reconocido y adoptado desde que fue proclamado en Francia en el siglo XVIII por uno de sus más destacados estadistas, el Barón de Montesquieu.

Las normas legales que desarrollan las normas constitucionales han hecho efectivo el funcionamiento del Gobierno con arreglo a este principio universal. Sin embargo, en 1950-51 hubo una situación perturbadora que arrastró al país a experiencias traumáticas, con dolorosa secuela en pérdidas de vidas, centenas de heridos y miles de encarcelamientos; situación que es imperativo evitar que se repita.

En aquella ocasión, siendo presidente el Dr. Arnulfo Arias, surgió una oposición muy apasionada e irreflexiva, integrada por diputados orientados por un alto funcionario del Gobierno elegido por ellos, con fuertes vínculos familiares y políticos con el jefe de la Policía Nacional. Tenía además poderes excesivos y proclividad irrefrenable de intervenir en los asuntos del Gobierno de la República, obstruyendo el funcionamiento de la administración pública y haciendo inoperante el ejercicio de las funciones ejecutivas del Gobierno. Se llegó al extremo de impedir la aprobación del presupuesto en sus 18 meses de ejercicio, así como los nombramientos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de directores de entidades autónomas. Incluso, los proyectos de leyes de desarrollo económico y social no tenían posibilidades de aprobación porque la oposición parlamentaria lo expresaba sin ambages.

La fuerza pública solo acataba las órdenes de los comandantes, por encima del ministro de Gobierno y Justicia y del propio presidente de la República, creando una situación desenfrenada de que se servían los medios de comunicación social para atacar al Gobierno —con razón o sin ella— como ocurre actualmente.

Tan insólita situación llevó al Organo Ejecutivo a un estado de desesperación y motivó la medida extrema de disolver la Asamblea Nacional y derogar la Constitución de 1946, decisión que motivó serios enfrentamientos entre partidarios y adversarios del Gobierno, con efectos dramáticos y dolorosos en pérdidas de vidas y múltiples heridos. Finalmente se produjo la caída del Gobierno, por medio de la acción más violenta que registra nuestra historia republicana, dado que la Presidencia fue rodeada y atacada por la Policía Nacional, desde adentro y desde afuera, con armamento bélico de todo calibre.

Tal situación no debe repetirse bajo ninguna circunstancia. Las diferencias políticas deben enfrentarse, tratarse y resolverse por vía del diálogo y del razonamiento entre los integrantes de los órganos del Estado, para que la Administración Pública se realice y desarrolle dentro de los principios que inspiran al Gobierno de la República consagrados en la Constitución Política.

Sin embargo, asoman en el escenario político diferencias y posiciones cerradas que motivan honda preocupación y que deben ser corregidas prontamente para evitar su agravamiento, para lo cual es necesario corregir rumbos, reflexionar con sentido nacional y patriótico; todo lo cual es más obligante ahora que asumimos la responsabilidad de administrar el Canal y ante la urgente necesidad de mejorar la economía nacional, la situación precaria del empleo, los servicios sociales y el estado de pobreza que envuelve a un alto porcentaje de familias panameñas.

Todos estos graves problemas nacionales requieren de la participación de todos los sectores oficiales y particulares, para coadyuvar en la adopción de medidas conducentes a superar la crisis nacional en ciernes que está amenazando a los panameños.

He visto con asombro y honda preocupación la amenazas de los sectores de la oposición legislativa de no aprobar nombramientos de magistrados y de miembros de juntas directivas, incluyendo la Autoridad del Canal. Han dicho también que no apoyarán los proyectos del Organo Ejecutivo, sin la justificación indispensable para su rechazo.

La Constitución Política señala al Ejecutivo la función de designar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los directores de las entidades autónomas, mientras que al Legislativo le compete su aprobación o rechazo. Estas atribuciones deben ser ejercidas con hondo sentido de responsabilidad, dado que rechazar un nombramiento sin razones fundadas en derecho o en lo moral, por el solo hecho de que es designado por el Organo Ejecutivo, no es una decisión positiva y fundada sino la obstrucción del funcionamiento armónico que establece la Carta Fundamental. Esta actitud traerá efectos lesivos a la institucionalidad del Estado, la que debe prevalecer por encima de los intereses sectarios y las pasiones humanas.

La asignación de las partidas presupuestarias es función privativa del Organo Ejecutivo, en virtud de normas incorporadas a la Constitución Política en 1983 —en mi modesta opinión, una de las mejores reformas constitucionales—, que establecen que el presupuesto general del Estado es elaborado por el Organo Ejecutivo y presentado a la Asamblea Legislativa, a la que corresponde su análisis, aprobación o rechazo.

Mi experiencia me indica que los legisladores están expuestos a presiones de toda naturaleza, precisamente por su condición y que tales presiones pueden influir en la aprobación de partidas presupuestarias por encima del equilibrio fiscal, que es esencial para el control y saneamiento fiscal y financiero del Estado.

Con sabia previsión, la Constitución Política no confiere iniciativa legislativa en materia presupuestaria a la Asamblea Legislativa, sino la facultad de análisis, aprobación o rechazo del presupuesto general del Estado que le presente el Organo Ejecutivo, en razón de ser el principal instrumento de trabajo de la administración pública y, por tanto, el instrumento jurídico ordenado, basado en criterios correctos y fundados en cifras. Su ejecución debe realizarse integralmente, bajo normas de estricta disciplina fiscal.

Como presidente de la Asamblea Nacional en el periodo constitucional de 1962-63, como diputado de 1960-68 y como legislador de 1984-94, procuré siempre que la Asamblea se mantuviera en el marco de sus funciones constitucionales para que continuara mereciendo el reconocimiento nacional y el respeto de los demás órganos del Estado, dando ejemplo para que el Gobierno ejecutara sus tareas dentro del funcionamiento armónico que establece la Carta Fundamental de la República.

Sería muy lamentable que después de una cruzada nacional, cívica, política y electoral realizada por el pueblo en todos sus niveles y estratos sociales para poner fin a la dictadura militar que vulneró los cimientos de la democracia representativa, que disolvió la Asamblea Nacional y los partidos políticos, que intervino el Organo Judicial, la Universidad del Estado, la Contraloría General de la República y demás instituciones tutelares de la República, lográndose finalmente el retorno a la democracia y la restauración del Estado de Derecho, nos involucremos en enfrentamientos inconducentes entre los integrantes de los órganos del Estado.

La secuela de tal actitud será de efectos regresivos e impredecibles para la institucionalidad del Estado y la convivencia armónica de los panameños.

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