Torrijos, Carter y drogas: acusaciones, pruebas y política

Lo que el memorándum de Pastor revela es el manejo político que la gente de Carter dio a la información que la Casa Blanca tenía sobre el tema

Obviamente, no expliqué con suficiente claridad el domingo que lo importante del memorándum de 1977 escrito por Robert Pastor no es acusar a Omar Torrijos de complicidad en el narcotráfico sino revelar el manejo político que la gente de Jimmy Carter dio a la información que la Casa Blanca tenía sobre el tema.

Es innegable, como yo misma escribí el domingo, que “el documento que ha llegado a mis manos depende de informaciones que son contradictorias, no confirmadas [unsubstantiated allegations] y de tercera mano”.

Pero al escribir eso, me refería a las informaciones sobre supuestos “narcodelitos” por parte de los hermanos Torrijos, porque en cuanto al manejo político que la Casa Blanca le dio a la información, el memorándum de Pastor me parece contundente. Sobre ese punto, el documento es (1) un relato de primera mano, (2) escrito por un alto funcionario de la Casa Blanca, (3) que estaba íntimamente involucrado en el manejo de las relaciones con Panamá, y que (4) principalmente describe sus propias acciones.

En entrevista con Robert A. Pastor el lunes en la noche, comenzó por manifestar su extrañeza sobre mi afirmación en el sentido de que era la primera vez que yo veía el memorándum. Pastor dijo que el documento fue desclasificado en 1994 como parte del proceso de ratificación en el Senado de su nombramiento como embajador en Panamá; añadió que fue interrogado sobre el documento en su audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. “Usted estaba allí”, me dijo Pastor. Cuando yo comencé a responder que no recordaba que este documento se hubiera mencionado en esa audiencia, Pastor exclamó, “¿si usted no recuerda lo que ocurrió hace seis años, cómo puede pedir que yo recuerde lo que ocurrió hace 30 años?” Tras discutir el punto un poquito más, sin embargo, Pastor aceptó que este tema no se mencionó en la audiencia pública que yo cubrí, sino que fue parte de un interrogatorio escrito que los senadores le enviaron después. Yo no tuve acceso a ese interrogatorio y créanme que si yo hubiera visto este documento en 1994, ciertamente hubiera escrito al respecto.

Aclarado ese punto, Pastor pasó a subrayar la diferencia entre pruebas y acusaciones, diciéndome que quizás las acusaciones recogidas en el informe de la DEA (Agencia Antidrogas) que se menciona en el memorándum eran acusaciones que yo misma había hecho.

Cuando respondí que eso era imposible, me preguntó ásperamente, “¿cómo lo sabe usted?” “Porque yo en 1977 no estaba acusando a nadie de nada, mucho menos hablándole a la DEA”, respondí indignada.

“Estoy tratando de exponer un argumento más amplio; o sea, que cualquiera puede hacer acusaciones. Lo que importa es mirar si esas acusaciones reflejan algo más que los prejuicios de quien las hace”, expuso Pastor. “De acuerdo”, dije, con la sospecha de que el gobierno Carter en realidad cerró los ojos a la posibilidad de que estas acusaciones tuvieran algún fundamento. Por ello, pregunté si las acusaciones en el informe de la DEA se investigaron. “No puedo recordar lo que ocurrió hace 30 años”, respondió Pastor.

Pregunté si la Casa Blanca recibió después información adicional sobre el tema, más allá de lo señalado en los informes mencionados en este memorándum. “Es indudable que hubo mucho más información, pero también es indudable que yo escasamente la puedo recordar”, respondió Pastor, añadiendo que todo este tema se discutió a profundidad durante la batalla en el Senado sobre los tratados canaleros —uno de los debates más extensos realizados en el Senado en la historia de Estados Unidos—. Dijo que quienes se oponían a los tratados “estaban decididos a bloquear su aprobación” y se hubieran valido de cualquier argumento para lograrlo. Si las pruebas no salieron a la luz pública durante ese debate, “creo que uno tiene que llegar a la conclusión de que no existían”, puntualizó Pastor, refiriéndose particularmente a las acusaciones contra Omar Torrijos.

El caso de Moisés Monchi Torrijos, observó Pastor, era distinto. Cuando Pastor escribió su memorándum en 1977, el hecho era que desde 1971 (durante la presidencia de Richard Nixon) existía un encausamiento penal contra Monchi por supuesta complicidad en un contrabando de narcóticos. “En el derecho estadounidense”, explicó Pastor, un encausamiento penal “sugiere que las pruebas eran suficientes para llevar el caso a un juicio, pero no necesariamente indica que eran suficientes para probar la culpabilidad del acusado”.

El libro de John Dinges Nuestro hombre en Panamá relata los detalles del caso (páginas 59-69 de la versión en inglés). Hace exactamente 30 años (8 de julio de 1971), un panameño que viajaba con pasaporte diplomático con el nombre de Rafael Richard fue detenido en el aeropuerto Kennedy de Nueva York. Cuando le abrieron las maletas, le encontraron 155 libras de heroína, que a la época era una cantidad enorme de droga, valorada en 20 millones de dólares.

Según cuenta Dinges, Richard tenía un cómplice llamado Guillermo González, quien alegaba haber sido conductor de Monchi Torrijos. Richard y González confesaron que el contrabando de heroína comenzaba en laboratorios clandestinos de Marsella y pasaba por Argentina, Paraguay, Perú y Panamá, camino a Estados Unidos. Monchi Torrijos era el embajador panameño en Argentina y, según Richard y González, su rol en el negocio era acompañar a los contrabandistas cuando pasaban por el aeropuerto de Panamá, para asegurar que no hubiera preguntas. También, escribe Dinges, los detenidos alegaron que Monchi le había conseguido el pasaporte diplomático a Richard.

No hay duda, escribe Dinges, que desde que los gringos se dieron cuenta de que Monchi era hermano de Omar, su caso se convirtió “en un fútbol político”. Lo que no está claro es si en ese rejuego político, el Gobierno estadounidense deseaba presionar a Omar o protegerlo. Ambas versiones salen a relucir en el relato que hace Dinges (recomiendo leerlo). Inicialmente, escribe Dinges, Torrijos fue el “blanco” de la furia de Washington por su “actitud no colaboradora” en cuanto a la negociación de los tratados y por los crecientes indicios de que había “complicidad oficial panameña” en el narcotráfico, principalmente por parte de Noriega. Se llegó, bajo Nixon, al extremo de contemplar el asesinato de Torrijos; luego, el asesinato de Noriega y, finalmente, atrapar a Noriega en un plan ficticio para asesinar a Torrijos. Todas estas ideas terminaron descartadas.

Pero en 1972, escribe Dinges, se acordó a un “alto nivel” que por razones de política interna en cada país, los gobiernos de Nixon y Torrijos no se atacarían sobre el tema de las drogas. En 1976, Carter asumió el poder e inmediatamente encaró el problema de ratificar los tratados canaleros. Y en 1980, Monchi Torrijos fue sobreseído por “falta de pruebas”, aunque Dinges plantea que también puede haber sido por razones políticas.

Sobre ese punto, daré la última palabra a Robert Pastor. “No creo que el sobreseimiento se hubiese producido por razones políticas. El Departamento de Justicia poco nos informaba o nos consultaba sobre esas cosas”, comentó Pastor.

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