Documentos confidenciales

En la Contraloría General de la República no hay nada que esconder, asegura el contralor Alvin Weeden.

El contralor general de la República, Alvin Weeden, dijo que se mantendrá la confidencialidad de algunos documentos del Estado que, por “razones de seguridad”, su contenido no puede ser difundido.

La Contraloría General clasificó como “confidenciales” los informes que reposan en sus archivos, tanto las “intervenciones” de los funcionarios como otros documentos, hasta tanto su divulgación sea autorizada por el contralor general.

La Contraloría se tomó su tiempo para divulgar esta norma. No fue hasta el pasado lunes, cuando se publicó la norma en la Gaceta Oficial que, sin embargo, data de hace unos cuatro años (decreto No. 194 del 16 de septiembre de 1997).

El decreto establece penas a los funcionarios públicos que revelen documentos confidenciales. “Nosotros lo único que hemos hecho es mandar a publicar las resoluciones de contralores anteriores”, dijo Weeden, quien ahora será el que las ejecute.

El decreto dice que “ el servidor público que divulgare un dato considerado como confidencial será destituido de su cargo, sin perjuicio de la responsabilidad establecida en los artículos 168 y 170 del Código Penal.

En el Código Penal está tipificado como un delito el que un funcionario público tome documentos oficiales y les dé un uso no autorizado por la ley. “Esto no es nada nuevo –aseguró Weeden– existe en todas las naciones civilizadas del mundo, no veo cuál es el motivo de alarma”, subrayó.

El funcionario dijo que lo que se está evitando con esta disposición –el Decreto 194– es que algo que tiene carácter confidencial no pueda ser libremente usado.

La postura de Weeden contrasta con la de Transparencia Internacional (TI), que ha solicitado que se establezcan normas sobre libre acceso a la información oficial para una mayor transparencia de las actuaciones públicas.

Weeden expresó que hay cosas que hacen daño y recordó que por eso existen leyes que protegen la identidad de un sindicado.

También sostuvo que en otros países se desclasifican documentos 20 ó 30 años después, como lo ha sido el caso reciente en Estados Unidos de los vínculos del desaparecido general Omar Torrijos con el servicio de inteligencia norteamericano.

El contralor indicó que no hay una obligación de dar todos los documentos para el conocimiento público. “Hay documentos que por su carácter de sensibilidad, por el daño social que pueden ocasionar, no son de libre uso público”, insistió.

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