Panamá, 11 de julio de 2001
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Precaristas siguen penando

URANIA CECILIA MOLINA
ESPECIAL PARA LA PRENSA
nacionales@prensa.com

ARRAIJAN, La Chorrera. –Desde hace 14 días y pese a la intervención de legisladores de la Comisión de la mujer, la niñez y la familia, de la de derechos humanos, de autoridades de la Defensoría del Pueblo y los miembros del Consejo de Representantes de Arraiján, la situación de los precaristas de Cerro Castillo sigue igual o peor.

Carlos Castillo, vocero de los precaristas, denunció ayer que debido al desalojo muchos escolares no están asistiendo a la escuela.

Castillo explicó que no han levantado un censo detallado de los niños que están en peligro de perder el año escolar, pero señaló que pueden pasar de 20, mientras que el representante del corregimiento Arraiján cabecera, Fausto Araúz, indicó que solo en el Centro Juvenil Vicentino (CEJUVI) el número de infantes refugiados supera los 150.

Rita González, madre de dos niños en edad escolar, explicó que el día del desalojo lo perdieron todo, los uniformes se dañaron, los cuadernos se mojaron, los libros se perdieron, no quedó nada y por eso es imposible mandar a nuestros hijos a las escuelas.

González dijo que en su caso y en otros, los precaristas reciben el apoyo de sus familiares.

Los otros niños fueron trasladados a otras casas, se les consiguió algo de ropa y se les está ayudando en la compra de nuevos implementos escolares.

“En mi caso, por ejemplo -explicó González- yo tengo dos niños que van a la escuela, uno de ellos solo tiene siete años y tuve que enviarlo para donde mis padres, que viven en Nuevo Chorrillo para que asistan a la escuela”.

González dijo que otros no tienen ningún tipo de apoyo, no cuentan con dinero o no se quieren separar de sus hijos, “ese grupo, que es la mayoría, no está enviando a sus hijos a la escuela”.

Los precaristas de Cerro Castillo se acercaron ayer al Consejo de Representantes del distrito de Arraiján para escuchar la reunión y conocer si tenían alguna respuesta a sus demandas y a la promesa de buscarle una reubicación en 12 de las 43 hectáreas de terreno que habían invadido.

Sin embargo, el Consejo de Representantes no tenía una respuesta y el representante de Arraiján cabecera, Araúz, denunció que la comisión interinstitucional que crearon el pasado 5 de julio para resolver el problema de los precaritas no está funcionando.

Los días 28 y 29 de junio, cuando Magallón entró a desalojar a los precaristas, no iba sola, la acompañaban otros corregidores, funcionarios municipales trabajadores de los presuntos propietarios del terreno.

Hermel Rodríguez Aguilar, director Ejecutivo Nacional de la Defensoría del Pueblo, calificó de ”violenta” la forma en que fueron desalojados los precaristas de Cerro Castillo.

“Hubo exceso de fuerza”, dijo Castillo, y agregó que eso no lo decía él, sino todo lo reflejado a través de los medios de comunicación, los cuales cubrieron los dos días de desalojo en Cerro Castillo en el distrito de Arraiján.

Rodríguez manifestó que la Defensoría del Pueblo abrió un expediente de investigación para aclarar la forma en que fueron desalojados los precaristas y posteriormente solicitará un informe de esta acción a el alcalde Jaime Barroso y la corregidora Magallón.



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