Puebla-Panamá: un mercado geopolítico

El Plan Puebla-Panamá pareciera estar más diseñado para proteger los intereses comerciales y estratégicos de Estados Unidos en su frontera sur que en generar el desarrollo de México y Centroamérica

Las botas de Vicente Fox pisaron brevemente el suelo panameño hace dos semanas. El nuevo presidente mexicano parecía querer asegurarse así de la firmeza del territorio que se convertirá en el otro extremo de su plan económico para desarrollar el sureste mexicano y toda la región de Centroamérica: el Plan Puebla-Panamá.

Pero ese plan que tanto enorgullece y emociona al enorme y elocuente mandatario mexicano, al parecer, no es una idea original. Habría nacido de la iniciativa de ex funcionarios y expertos durante la presidencia de su antecesor Ernesto Zedillo.

Pese al intenso entusiasmo que este plan ha suscitado entre empresarios, gobernantes y funcionarios de los rubros económicos y financieros, esta ambiciosa iniciativa entraña riesgos y segundas intenciones que al parecer aún no han sido debidamente consideradas por gobernantes y particulares.

Según la versión oficial, el Plan Puebla-Panamá (PPP) es un proyecto de desarrollo sustentable e integral creado por el presidente Vicente Fox para los estados del sur-sureste de México y por extensión al área de Centroamérica. Tiene un carácter “promotor, facilitador y gestor de inversión productiva generadora de empleo”.

Según el planteamiento oficial, este plan nació por la preocupación de reducir los contrastes entre el norte y el sur de México, generando desarrollo social y no únicamente crecimiento económico.

La estrategia del PPP se sustenta en la concepción de que el desarrollo económico y social de la región será posible en la medida en que las acciones y políticas de gobierno estimulen el concurso de inversión privada, en apoyo a proyectos productivos del sur-sureste

Por ello es que el plan tiene como prioridad atender tres tipos de acciones y políticas: el fomento a la inversión productiva, tanto en el ámbito estatal como en el federal; obras de infraestructura, tales como carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles o con generación de electricidad, y el establecimiento de condiciones que garanticen la seguridad jurídica de las personas y de sus bienes.

Este proyecto prevé la participación de los gobiernos de los países centroamericanos, de los gobiernos estatales y municipales de las nueve entidades de México involucradas, así como del sector privado, de la sociedad civil y de organismos financieros internacionales.

Se ha propuesto a Centroamérica la creación de una representación interlocutora de la Coordinación General del Plan Puebla-Panamá.

El propósito es impulsar la cooperación para compartir el desarrollo.

Según la revista Proceso, el origen del PPP debe buscarse en un proyecto de Santiago Levy, nombrado por Fox como director del Instituto Mexicano de Seguro Social, y quien también fuera subsecretario de Hacienda en el sexenio del priísta Ernesto Zedillo, donde encabezó el programa de combate a la pobreza.

Experto en proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para combatir la pobreza en Ecuador e Indonesia, colaborador del Banco Mundial y de la Organización Mundial de Comercio (OCDE), Levy preparó el estudio El Sur también existe, un ensayo sobre el desarrollo regional de México.

El estudio de Levy y sus colaboradores Enrique Dávila y Georgina Kessel reconoce que el conflicto chiapaneco descubrió los errores cometidos en la aplicación de las políticas gubernamentales en los últimos 50 años y advierte que, si no se toman medidas estructurales para resolver el atraso de todo el sureste mexicano, "se corre el riesgo de ahondar los desequilibrios regionales del país".

En el texto de Levy, reproducido por Proceso, se lee: “El 1 de enero de 1994 Chiapas sorprendió a México y al mundo. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, prueba inequívoca de un México dispuesto a entrar de lleno a la modernidad, coincide, no casualmente, con el descubrimiento, para muchos, de un México desconocido y, para otros, es constancia del olvido, pobreza y marginación en la que una gran cantidad de ciudadanos se encuentran sumergidos”.

Continúa el texto: “Con el inicio del conflicto armado en Chiapas se hizo patente la gravedad de la problemática socioeconómica de la entidad. Esta situación es compartida, en alguna medida, con el resto del sureste del país, región abundante en recursos naturales y con un rico acervo histórico que, a finales del siglo XX, no había logrado vencer el lastre del subdesarrollo”.

A seis años del levantamiento zapatista, los autores sostienen que más allá del aumento del gasto social, de 20 mil a 27 mil millones de pesos en el sexenio zedillista, lo que se requiere para Chiapas es un replanteamiento profundo de la política de desarrollo regional, ubicando su problemática en un contexto también nacional.

La tesis central es que las políticas públicas instrumentadas por el gobierno mexicano en las últimas cinco o seis décadas implícitamente han desalentado el desarrollo económico de Chiapas y la región del sureste en general.

Por ello, argumentan, se debe dar un papel protagónico a la iniciativa privada a fin de optimizar la explotación de recursos naturales de esas zonas y la consecuente incorporación masiva de sus pobladores como asalariados de industrias con alto valor agregado.

Los defensores del plan, pese a que niegan que este sea una copia del documento de Levy, aceptan su influencia, así como la de otros expertos que habrían “coincidido” con el mismo diagnóstico y su propuesta de solución.

Presentado como el principal proyecto de inversión y desarrollo del gobierno de Vicente Fox, el PPP “se encuentra todavía en ceros”, según publica una nota del diario mexicano La Jornada . De acuerdo con este reporte, todos los propósitos están sólo en el papel. Pero, aparentemente, los objetivos están claros:

"Si no queremos amagos a la paz social, si no queremos que se multipliquen los grupos subversivos, si queremos que se fortalezca el Estado de derecho, démosle opción a la gente. Quien no tiene nada en el estómago, tiene muy caliente la cabeza", razona el coordinador del PPP, Florencio Salazar Adame, antiguo militante del Partido Revolucionario Institucional, (PRI), hoy en las filas del gobernante Partido de Acción Nacional (PAN).

Aunque todavía ninguna empresa ha acordado realizar inversiones ni se ha colocado una sola piedra para ningún proyecto, Salazar asegura que ya hay líneas de crédito disponibles, de bancos mexicanos y extranjeros, para que el plan entre en marcha.

Según el funcionario, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ofreció 2 mil millones de dólares; la Corporación Andina de Fomento garantiza una aportación de 80 millones de dólares como "capital semilla", y el Banco Japonés de Cooperación, el Banco Mundial y del Banco Centroamericano se han manifestado interesados en tener alguna participación.

Sin embargo, el 12 de mayo del 2001, 150 organizaciones campesinas e indígenas de México, Nicaragua y El Salvador emitieron la Declaración de Tapachula, en Chiapas, en la que repudian la "colonización salvaje" que representa el PPP, el cual pretende desalentar la migración de la zona implicada a Estados Unidos.

"Se trata de un proyecto que quiere ser impuesto una vez más como lo fueron los programas de ajuste estructural y los tratados de libre comercio, con el agravante de que es promovido desde el gobierno mexicano y abarca países centroamericanos, lo cual en el mejor de los casos, es un abuso y una violación a la soberanía de los pueblos del istmo centroamericano", señala el documento.

En cuanto al tipo de servicios y empresas que se instalarían en la región, Salazar asegura que se cuidarán los derechos laborales de los lugareños, quienes, dice, “irremediablemente emigrarán a la ciudad, se convertirán en pequeños empresarios con el ecoturismo y, en el peor de los casos, pasarán de campesinos a maquiladores”.

Uno de los más ácidos críticos del PPP es el subcomandante Marcos. Y no es para menos. Según el análisis de sectores allegados al movimiento zapatista, liderado por Marcos, este plan es “la antítesis de los acuerdos de San Andrés”, para la pacificación del sur de México, a los cuales el presidente Fox había manifestado su apoyo.

Tal como lo señalan algunas voces críticas en México, al gobierno de Fox le urge la pacificación de Chiapas para poder llevar a cabo el plan, lo que habría implicado el acondicionamiento de las bases militares de San Quintín y Toniná para el desplazamiento de tropas de despliegue rápido. Esta movilización hace temer a los zapatistas un desenlace distinto a la solución pacífica del conflicto.

Aparentemente, en el marco de la “seguridad” para las inversiones del PPP, se encuentra un fuerte dispositivo militar para “sellar” la frontera sur de México y evitar la migración hacia el norte. Las autoridades consideran que entre 80% y 90% de los inmigrantes ilegales no mexicanos deportados cada año por Estados Unidos proceden de Centroamérica.

Hace dos semanas, Fox y los presidentes de Centroamérica acordaron trabajar conjuntamente en el desarrollo del turismo, el comercio y la educación, lo que afirmaron reduciría la pobreza y la inmigración ilegal.

Según el postulado de Fox para México, y extendible a Centroamérica, una mejora de las condiciones económicas convencería a los mexicanos a quedarse en su país, así como a los centroamericanos a quedarse en los suyos. Si eso no basta, para eso está el ejército.

El “sello” de la frontera sur de México implica un gasto anunciado de unos 10 millones de dólares, en un esfuerzo para reducir el continuo flujo de inmigrantes ilegales, drogas y armas que ingresan al país en ruta hacia Estados Unidos.

El gobierno mexicano planea desplegar a numerosos guardias adicionales y numerosos soldados en la región y remozar los 13 puestos de control en la frontera con Belice y Guatemala.

No obstante, la militarización de la frontera sur mexicana ha provocado la oposición del gobernador de Chiapas, Pablo Salazar. Esta medida "sería contradictoria con nuestros principios, con lo que históricamente hemos reclamado a nuestro vecino del norte (Estados Unidos)”, dice Salazar.

Según la visión crítica, Estados Unidos habría seducido a la nueva administración mexicana con sugerencias, promesas y no pocas presiones, tendientes a generar la “solución mágica” del PPP para matar dos pájaros de un solo tiro: contener la inmigración ilegal hispana y concretar su hegemonía estratégica y comercial en la región.