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La aprobación de un acuerdo municipal en el que se autoriza al alcalde capitalino, Juan Carlos Navarro, a suscribir un contrato de concesión del mobiliario urbano por 15 años con la empresa Equipamientos Urbanos de Panamá, S.A., ha generado críticas entre algunos empresarios del sector.

Algunos de estos empresarios consideran que el acuerdo sirve de sustento para la constitución de un “aberrante monopolio” sobre la actividad publicitaria.

Con urgencia notoria, Navarro presentó al Consejo Municipal de Panamá el pasado martes un proyecto de acuerdo para suscribir el referido contrato con la referida empresa, que previamente se había ganado una licitación en la que se comprometía a invertir 16 millones de dólares durante los 15 años que dura la concesión.

Equipamientos Urbanos de Panamá, S.A. instalará en el distrito capital, según la Alcaldía, 800 paradas de buses e igual cantidad de marquesinas, 500 puestos de buhonería, 600 faroles, 750 bancas, 4 mil basureros y 25 relojes.

Previo a ello, el 22 de febrero del 2000, el Consejo Municipal de Panamá también había autorizado al alcalde Navarro a “celebrar contrato de concesión” sobre el mobiliario urbano en el distrito capitalino, autorización que fue publicada en Gaceta Oficial el 13 de marzo del mismo año.

Tal acuerdo fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el abogado Nánder Pittí Velásquez, quien consideró que dicho documento autoriza al alcalde Navarro a celebrar un contrato de concesión “de manera singular, sobre actividades que no constituyen ningún servicio público”.

A su juicio, la referencia a estructuras, materiales, dimensiones y ubicación que debe cumplir el mobiliario urbano a fin de hacerlo acorde con el desarrollo urbanístico de la ciudad capital, no ordena la construcción de ninguna obra pública municipal ni regula la prestación de ningún servicio público.

Contrario a ello, indicó Pittí Velásquez, el acuerdo de marras sirve de sustento para justificar la constitución de un “aberrante monopolio” sobre la actividad publicitaria en el distrito de Panamá.

En realidad, dijo, es una autorización para otorgar una “exclusividad en el ejercicio de la referida actividad” publicitaria que, en este caso específico, se ejercerá mediante la colocación de vallas publicitarias, anuncios, letreros y tinacos con propaganda comercial.

El contrato, cuya celebración se autoriza, dijo Pittí, no se refería a ninguna obra pública ni a la prestación de ningún servicio público; sin embargo, señaló que ha servido de base a Navarro para celebrar una licitación en la que se ha adjudicado la exclusividad para la colocación de anuncios y avisos publicitarios en sitios públicos.

Dichas actividades publicitarias, indicó, no podrán ser ejercidas en el futuro por las empresas privadas que se dedican a estos menesteres al amparo de una licencia comercial otorgada por el Ministerio de Comercio e Industrias.