Tanto porque es un derecho ciudadano frecuentemente desconocido por las autoridades, como porque es una institución democrática que favorece el ejercicio de las demás libertades, el derecho a la información debe ser legalmente protegido. Pero hay una razón, que es quizás en la coyuntura actual, todavía más importante. Si el Estado panameño reconoce y protege legalmente el derecho a obtener información sobre la gestión de gobierno, sobre el uso y manejo de los recursos del Estado, y sobre la actuación pública de las autoridades, estaría limitando los posibles los actos de corrupción que día tras día prosperan al amparo de la falta de transparencia y el ocultamiento de la información. La corrupción, se ha dicho tantas veces, hay que prevenirla no menos que castigarla cuando, fracasados los controles, se produce. Una ley general de acceso a la información pública es una de las maneras más efectivas de combatir la corrupción en las esferas de Gobierno y como tal puede coadyuvar a la reactivación económica que todos deseamos. No se trata de un esfuerzo pequeño, pues hay obstáculos muy difíciles de vencer. Hace falta la voluntad decidida de los tres órganos del poder: la Asamblea para que legisle, el Ejecutivo para que cumpla, y el Judicial para que lo obligue cuando se resista. Es lo que se necesita; nada más, pero nada menos.