Critican anteproyecto de ley de prensa
RAFAEL PEREZ G.
rperez@prensa.com
El anteproyecto de ley que pretende regular la actividad periodística
en Panamá, es un “esfuerzo persistente” de la administración de
Mireya Moscoso por “restringir” el papel fiscalizador de los medios
masivos de información frente a la “rampante corrupción” que caracteriza
a su gobierno.
A tal conclusión llegó la red latinoamericana denominada Periodistas
Frente a la Corrupción (PFC), cuyos directivos consideran que
el referido anteproyecto está repleto de disposiciones contrarias
a los principios y convenios internacionales sobre la libertad
de expresión.
PFC es una red latinoamericana que contribuye a los procesos democratizadores,
promueve y facilita el papel de los medios de información, y proporciona
asistencia de investigación y otros servicios a periodistas dedicados
a trabajos sobre corrupción en las esferas gubernamental y privada.
Además,
ofrece respaldo a los periodistas cuando sufren represalias o
afrontan otras amenazas a su labor profesional, entre ellas las
sanciones que reciben con lasdenominadas leyes de desacato o las
restricciones que se les imponen con leyes de colegiación obligatoria.
Linda Hemby, una de las coordinadoras de PFC, emitió un mensaje
de alerta en el que solicitó a las organizaciones de periodistas,
de derechos humanos, de libertad de expresión y anticorrupción
radicadas fuera de Panamá que denuncien la iniciativa del Gobierno
de Panamá, que cuenta con el impulso del ministro de Gobierno
y Justicia, Winston Spadafora.
Ya el jueves pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
advirtió que el aludido anteproyecto es un “retroceso” en materia
de libertad de expresión. “Nos sorprende esta iniciativa legislativa
que, además de ser violatoria del Pacto de San José sobre derechos
humanos, constituye un retroceso considerable”, expresó el presidente
de la SIP, Danilo Arbilla.
Arbilla dijo que esta iniciativa es un “retroceso”, si se tiene
en cuenta que Moscoso firmó en diciembre de 1999 una ley que introdujo
“avances significativos y positivos a la legislación en materia
de prensa”.
Se trata de la Ley 55 del 20 de diciembre de 1999, que derogó
parte de las llamadas ‘‘leyes mordaza’’.
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