Panamá, 1 de junio de 2001
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‘Panamá es cómplice de la impunidad’

Si los cuatro terroristas escapan, toda la responsabilidad recaerá sobre el Gobierno panameño

Fidel Castro

LA HABANA, Cuba. (EFE). -Cuba consideró ayer “cómplice de la impunidad” al Gobierno de Panamá en el caso de los cuatro anticastristas detenidos desde noviembre pasado en el istmo, y acusó a sus autoridades de “falta de voluntad política” para hacer justicia.

La Cancillería cubana señaló en una declaración, publicada ayer por los diarios oficiales Granma y Juventud Rebelde, que “toda la responsabilidad recaerá sobre el Gobierno de Panamá” si “los cuatro terroristas detenidos en ese país, o alguno de ellos, escapan o se ven favorecidos por arbitrarias decisiones que garanticen esa impunidad que denunciamos por sus crímenes presentes y pasados”.

Cuba solicitó el pasado 24 de noviembre la extradición de los anticastristas Luis Posada Carriles, Gaspar Jiménez Escobedo, Guillermo Novo Sampol y Pedro Remón, detenidos en Panamá tras la denuncia que hizo el presidente cubano, Fidel Castro, según la cual planeaban un atentado para asesinarlo durante la celebración de la X Cumbre Iberoamericana celebrada en Panamá.

La Cancillería cubana consideró que “la causa real” de la denegación de la extradición de los cuatro supuestos terroristas “es la falta de voluntad política de las autoridades panameñas para contribuir realmente a que se haga justicia”.

En ese sentido, Cuba manifestó “serias dudas” de que en Panamá “se condene, con todo el rigor de la ley, a aquellos que, con sus actos, han enlutado a decenas de familias cubanas y a todo nuestro pueblo, y han hecho del terrorismo, repudiado por prácticamente toda la comunidad internacional, un medio de vida y una actuación cotidiana”.

Las autoridades cubanas acusan a Posada Carriles, de 72 años, de ser “responsable directo” de la explosión que destruyó en pleno vuelo en octubre de 1976 un avión de la aerolínea Cubana de Aviación frente a las costas de Barbados, ocasionando 73 muertos.

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También consideran a los otros tres acusados responsables de “numerosas acciones delictivas” contra la isla, atentados contra instalaciones cubanas y de otros países, la muerte de varios diplomáticos y de un técnicopesquero cubanos, así como de numerosos planes de atentado contra el presidente de Cuba.

“Al denegar la extradición, impidiendo así que se haga la justicia que todo un pueblo reclama, el Gobierno de la república de Panamá, en la práctica, se ha convertido en cómplice de la impunidad de los terroristas y del dolor de millones de cubanos (...)”, afirmó la Cancillería.

La Habana considera que el gobierno de Mireya Moscoso hace una “caprichosa interpretación” de la legislación panameña.

Señaló que el artículo del Código Judicial que utiliza para justificar la denegación de extradición de los acusados “lo que prevé, en realidad, es la posibilidad de diferir la extradición cuando los solicitados están sometidos a un proceso penal en Panamá”.

Sobre el principio de reciprocidad que esgrimen las autoridades panameñas, la Cancillería cubana aseguró que lo interpretan de manera “arbitraria y superficial”.

Asimismo subrayó que el Gobierno de Panamá “bien conoce, por los voluminosos y detallados expedientes de extradición remitidos a su Ministerio de Relaciones Exteriores, que los cuatro requeridos han sido debidamente procesados en Cuba por los delitos por los que se les requiere”.

La nota oficial sostiene que “lo que más indigna” al pueblo y Gobierno cubanos es que se reitere en una nota panameña del pasado 14 de mayo que “la extradición no se concede por la ausencia de elementos probatorios de los delitos por los que se solicitó la extradición”.


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