Nos devanamos los sesos tratando de encontrar complejas fórmulas que fomenten la inversión privada, generen empleo y aumenten los niveles de consumo de la población, y entonces nos tropezamos con problemas tan simples como la enorme resistencia que hay que vencer al momento de hacer trámites en las oficinas públicas. La creación de empresas grandes, medianas y pequeñas, requiere todo tipo de permisos; la actividad más corriente tiene que estar autorizada y aprobada por una serie de autoridades que disipan una buena parte del tiempo vital para la producción y circulación de bienes y servicios, y al final pareciera que el Gobierno es un gran aparato que tiene la misión de obstaculizar el libre desarrollo de la sociedad. No podemos engañarnos con la quimera anarquista de que toda regulación es superflua, como tampoco debemos perder de vista que el Gobierno no está estructurado para ser eficiente, no porque las leyes no lo permitan, sino porque nuestra cultura política ha hecho de los despachos públicos una especie de botín para los vencedores del torneo político. Luego nos quejamos de ello. Carecemos de una cultura profesional y de servicio en nuestro sistema burocrático. Sin esos ingredientes no hay verdaderas soluciones. No hay un acuerdo entre los partidos políticos mayoritarios para darle al Estado panameño una atención pública eficiente. El día que se haga, los resultados tendrán seguramente un impacto favorable para el desarrollo del país.