La escalofriante noticia de un linchamiento en Panamá -el primero de que se tenga noticia en el país- es una señal de alarma que no debe pasar desapercibida. Históricamente eso ha ocurrido en distintos países y épocas en que por incapacidad o corrupción se ha perdido la fe en la justicia, en las autoridades y en la propia ley. Se trata de una peligrosa regresión a las primitivas prácticas anteriores a la organización de la autoridad estatal, que debe ser condenada enérgicamente por los funcionarios competentes y repudiada moralmente por la conciencia ciudadana. Quienes participaron en el linchamiento, son asesinos, y como tales deben ser juzgados y sancionados con el rigor máximo que la ley permite, para que quede muy claro que tan bárbara costumbre no puede ser tolerada ni por el sistema judicial ni por la sociedad. Pero una cosa es castigar a los infractores de la ley penal y otra, muy distinta, es analizar la conducta de quienes cometieron el delito y la determinación de las causas que los motivaron a reemplazar la justicia por la venganza. Como lo revelan las encuestas de opinión, en Panamá hay poca fe en la administración de justicia, su eficacia y su integridad. Ese gran problema debe ser, en primer lugar, objeto de sincera autocrítica en el Organo Judicial, quien debe proponer los correctivos necesarios antes de que sea demasiado tarde. Cuando la justicia se toma por propia mano, se rompe el estado de derecho, se quebranta el orden público y corre grave peligro la convivencia y la coexistencia pacífica de toda la sociedad. Homo homini lupus: el hombre es un lobo para el hombre.