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El abogado Reneldo Meléndez (documento en mano) y José de la Cruz González encabezaron a un grupo de transportistas en su demanda contra los legisladores Franz Wever y Vicente Magallón.

Directivos sindicales taxistas presentaron una denuncia criminal contra quienes resulten responsables del “latrocinio” que sufrió durante los últimos siete años la Federación Nacional de Conductores de Taxis (FENACOTA), entre los cuales figuran los actuales legisladores perredistas Franz Olmedo Wever y Vicente Magallón Arcia.

La denuncia, según se informó, llegó un poco tarde, toda vez que la otrora poderosa FENACOTA, después de ser beneficiada con incentivos por el gobierno militar y manejar grandes presupuestos, ha quedado reducida a un “cascarón” y en la “indigencia”.

Ayer, por medio del abogado Reneldo Meléndez, los afectados interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Auxiliar de la República por el delito genérico contra el patrimonio, en perjuicio de fondos y bienes inmuebles por más de un millón de dólares pertenecientes a la FENACOTA.

Además, solicitaron al fiscal auxiliar, Carlos Augusto Herrera, que los responsables de haber traspasado los fondos, cuentas corrientes, de ahorro, plazo fijo en el Banco Exterior (hoy BBVA), bienes muebles e inmuebles de la federación a la empresa privada Adymer, S.A. sean sancionados penalmente.

Entre los bienes que también fueron traspasados de la FENACOTA a Adymer, S.A., sin una garantía de por medio, figuran las fincas 3113, 12268, 25437, 11388, así como los vehículos automotores.

Al ahondar más en lo sucedido, los dirigentes José de Espíritu Restrepo y José de la Cruz González revelaron que los estatutos de la FENACOTA prohíben este tipo de traspaso, bajo ninguna figura jurídica.

Indicaron que cuando se dieron los traspasos de fondos y bienes hacia Adymer, S.A. intervinieron el entonces dirigente del sindicato Unicontax, Vicente Magallón Arcia (hoy legislador) y Olmedo Flores, quienes también eran directivos de la federación.

Ello, indicó Restrepo, sucedió en La Chorrera, durante una reunión del Consejo de Delegados de la FENACOTA, celebrada en octubre de 1995. En esta se autorizó cerrar todas la cuentas bancarias vigentes, abrir una cuenta especial que se denominaría “Fenacota Federal”, la cual recibiría el dinero de donaciones provenientes de Adymer, S.A. y de amigos de la federación.

No satisfechos con ello, dijo que este Consejo de Delegados autorizó el otorgamiento de varias fianzas solidarias en favor de Petróleos Delta, S.A. para garantizar el fiel cumplimiento de todas las obligaciones a cargo de Adymer, S.A. basado en los contratos que esta sociedad celebrara con la petrolera.

Asimismo, autorizó a Petróleos Delta la cesión de todos los contratos de alquiler y suministros que FENACOTA tenía con esta petrolera.

La sorpresa de los dirigentes sindicales de la FENACOTA llegó a su máximo límite cuando se enteraron del hecho mediante un acta que suscribió el secretario de Adymer, S.A., Franz Olmedo Wever (hoy legislador), registrada el 5 de febrero del 2001 en el Ministerio de Trabajo.

Según el documento, Adymer, S.A., después de manejar activos por más de un millón de dólares y 26 estaciones de combustible, está al borde del colapso económico.

Frente a estos cargos, el legislador Magallón rechazó las acusaciones y las atribuyó a individuos que perdieron el control de la federación y buscan recuperarlo. Dijo que en Consejo de Delegados y en congreso extraordinario se tomó la decisión de expulsarlos por haber incurrido en “malos manejos”.

Como ejemplo mencionó los casos de Espíritu Restrepo, Edgar Zachrisson y Vicente Ferguss, quienes están llamados a juicio por falsificación de firmas de directivos de FENACOTA con fines ilícitos.

Justificó por ello la creación de Adymer, S.A. como el brazo comercial de la FENACOTA, y aseguró que esta empresa pertenece a la federación taxista.

A su vez, el legislador Wever, quien aparece como presidente de Adymer, S.A., indicó que el Ministerio Público puede investigar todo al respecto a través del Registro Público, donde se podrá constatar que las propiedades de Adymer, S.A. son de la federación.