La crisis del transporte público es compleja y tiene raíces profundas. Al malestar que sienten los usuarios en relación con la calidad del servicio, se suman ahora las denuncias cruzadas entre los distintos grupos que tradicionalmente han manejado las organizaciones de transportistas. El espectáculo es desalentador porque está en juego la imagen de una dirigencia que tiene un gran desafío por delante. Mientras que la comunidad necesita que los empresarios del transporte se organicen de modo eficaz y modernicen el servicio, la dirigencia se encuentra inmersa en una grave falta de credibilidad debido a las acusaciones que nacen del mismo gremio de transportistas. Las organizaciones del transporte público han disfrutado de halagadores incentivos y jugosos subsidios, pero no han sabido construir una imagen de responsabilidad social y comunitaria; antes bien, dan la impresión de abrigar en su seno a personas con muy pocos escrúpulos a la hora de administrar servicios colectivos. Como siempre, los malos manejos y la incompetencia le hacen pagar al usuario un precio muy alto. El gremio debe darse cuenta de que es en su mejor interés aclarar públicamente sus diferencias, y para lograr eso debe cooperar con las autoridades. Para ello tiene, con toda seguridad, el respaldo de los usuarios que tanto claman por un buen servicio. Si así no lo entienden, sufrirán las consecuencias.