En Panamá, la teoría de las conspiraciones se ha utilizado por casi todos los gobiernos y, también, por quienes aspiran a sustituirlos. Es, después de todo, un fácil recurso para no asumir las responsabilidades que la política impone. El supuesto atentado contra Balbina Herrera y Martín Torrijos terminó en un sainete, en el cual el informante del supuesto plan, resultó adornado por notables antecedentes penales. Revelar al país la existencia de un posible atentado contra dos de las principales personalidades de la oposición, sin verificar la credibilidad de la fuente, fue un acto de precipitación inexcusable. Por supuesto, había que comunicar el posible peligro a los objetivos de la supuesta conspiración, pero se debió investigar mucho más la idoneidad del informante, particularmente cuando la procedencia de la llamada y la identidad de quien la hacía, ya estaban establecidas. Ante una noticia como esa, divulgada nada menos que por el presidente de la Asamblea Legislativa, los despachos de las agencias internacionales de noticias no se hicieron esperar. Tal vez los panameños ya nos hemos acostumbrado a los tropicalismos políticos, pero en el exterior no tienen el beneficio de ese entrenamiento. Lo único que podemos decir es “My Name is Panama”. ¡Qué vergüenza!