Quienes padecieron las interrupciones del servicio eléctrico en la ciudad de Colón durante varios días en el pasado mes de febrero, probablemente se sentirán complacidos por la multa de 200 mil dólares que el Ente Regulador de los Servicios Públicos ha impuesto a Elektra Noreste, S.A. Lamentablemente, no es tan justo como parece, por la sencilla razón de que todas las distribuidoras de energía eléctrica, tarde o temprano, le trasladan al usuario todos los costos de operación, de una manera u otra. El Ente Regulador de los Servicios Públicos tiene un evidente conflicto de intereses, porque es una institución pública, y el Estado es accionista o dueño de las empresas que deben regularse. Ello ocurre en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, propiedad del Estado; en las empresas distribuidoras de energía eléctrica, en las que es accionista; en la empresa que transmite la energía de las generadoras a las distribuidoras, y en algunas generadoras termoeléctricas e hidroeléctricas. ¿Qué hacer? El Estado debe vender su participación en esas empresas de electricidad y telecomunicaciones o integrar el Ente Regulador de los Servicios Públicos con personas de reconocida capacidad técnica e independencia, que no dependan del Organo Ejecutivo ni del Legislativo. No hacerlo así, es burlarse de todos los usuarios de los servicios públicos que, además, pagan por una protección que en realidad no reciben.