De política

Sociedad civil y reformas electorales

Las organizaciones de la sociedad civil que participamos en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, planteamos desde el inicio de los debates, que los temas fundamentales de una reforma electoral en Panamá son el establecimiento de límites a las donaciones privadas, el control de financiamiento de los partidos políticos durante las campañas electorales, la divulgación del origen de los fondos y el tope a los gastos de campaña, para evitar el abuso que cometen algunos candidatos y partidos políticos, quienes invierten sumas exorbitantes en sus campañas electorales. Esta posición no es antojadiza y coincide con las exigencias de la sociedad civil en todo el continente.

No obstante, eran los partidos políticos los que finalmente decidían la aprobación o desaprobación de cada una de las propuestas, y allí están los resultados.

El balance final es el siguiente:

-Los partidos políticos quedan obligados a registrar contablemente las contribuciones privadas que reciban, dejando constancia de la identidad de cada donante al presentar un informe al Tribunal Electoral. Sin embargo, los ciudadanos no tendremos acceso a esta información, que será únicamente utilizada por la autoridad competente en caso de que exista alguna denuncia.

-Se prohíben las donaciones de personas o empresas que sean concesionarias del Estado, que tengan contratos con el Estado dentro del año anterior a las elecciones y las donaciones o aportes que provengan de personas, empresas o gobiernos extranjeros. No se logró que los partidos políticos aceptaran establecer la prohibición de contribuciones de una misma persona natural o jurídica que exceda de una suma determinada.

- Los partidos políticos no aceptaron que se establecieran topes de gastos, argumentando que no existe información suficiente que nos permita conocer los costos reales de una campaña electoral.

Las organizaciones de la sociedad civil propusimos reforzar las prohibiciones y regulaciones establecidas en la ley electoral, de tal forma que se elimine la posibilidad de usar fondos del Estado para proselitismo político y que se prohíba disponer desde un año antes de las elecciones de las partidas circuitales, becas y otras formas de utilización de dichos recursos. La Democracia Cristiana presentó una propuesta que fue rechazada por cinco de los siete partidos políticos.

A pesar de todo, hubo avances importantes:

- El presidente de la Asamblea Legislativa y los alcaldes deben renunciar seis meses antes de las elecciones.

- La tarifa de propaganda política deberá ser la misma que la comercial; se estableció el principio de no discriminación e igualdad de oportunidades para los candidatos en materia de costos de campaña y la realización de monitoreo por parte del Tribunal Electoral a los medios.

- Se prohíben las donaciones o aportes anónimos y las donaciones provenientes de empresas o personas extranjeras o de empresas que tengan concesiones con el Estado desde un año antes de las elecciones.

- Existe la obligación de postular por lo menos a una mujer en los circuitos plurinominales.

- Ningún partido podrá tener más del 50% de curules en los circuitos plurinominales.

Por otra parte, y a pesar de que en la agenda de la Comisión incluía al inicio temas que necesitaban reformas constitucionales, el Tribunal Electoral y los partidos políticos decidieron sacarlos de la agenda y presentar al Ejecutivo solo el paquete de reformas legales. Las organizaciones de la sociedad civil nos manifestamos en contra de esta decisión por considerar que es necesaria una reforma integral a la legislación electoral panameña.

Para algunos expertos en la materia, el tema esencial de una reforma electoral en nuestro continente es el financiamiento de los partidos políticos, ya que las actuales reglas permiten que el dinero privado se introduzca sin control en la actividad política, alentando la corrupción y el tráfico de influencias, lo que produce un resquebrajamiento del sistema político. La sociedad civil panameña coincide en estos planteamientos. Igualmente importante es detener el aumento del número de legisladores.

Paradójicamente, estos fueron precisamente los temas que no lograron el consenso de los partidos políticos, y por lo tanto las reglas del juego en esta materia se mantienen.

Las organizaciones académicas, religiosas y gremiales que fuimos invitadas por el Tribunal Electoral a participar, nos sentimos satisfechas de haber ejercido nuestro derecho ciudadano a opinar sobre los temas de importancia para el mejoramiento de nuestra democracia electoral.

Al final, quedó claramente en evidencia que mientras la decisión de reformar el código electoral se deje solamente en manos de los partidos políticos, las reglas del juego no cambiarán, y esto afectará la modernización del sistema electoral panameño.

Las reformas electorales

Un tema que generará mucha polémica es la propuesta de establecer un tope para la adjudicación de las curules por partido

Oydén Ortega Durán

Los siete partidos políticos legalmente constituidos acordaron, con la supervisión del Tribunal Electoral, un número plural de reformas electorales que, en opinión de distinguidos miembros de la sociedad civil que participaron como observadores en este proceso de consultas, no agotaron la agenda de discusión.

Los temas que requieren reforma constitucional no fueron considerados, a pesar de que en nuestra opinión, varias disposiciones legales como el número de legisladores, las funciones de la Asamblea y el carácter y representatividad de los legisladores tienen un marco constitucional. Por ello, se debió elaborar un pliego de reformas constitucionales conjuntamente con las reformas al Código Electoral.

Consideración en tal sentido debió merecer el escogimiento de legisladores por un circuito nacional que compongan el 20% de la Asamblea; esto contribuiría a mejorar el nivel y eficacia de los debates. Estimamos que esto constituye una tarea pendiente que debe retomarse en forma responsable por los propios partidos políticos.

Los aspectos que plantearon a lo interno de la Comisión los integrantes de la sociedad civil y que no fueron aprobados por los partidos, son los siguientes: el tope de las campañas políticas, la publicación de las personas naturales o jurídicas que efectúen donaciones mayores de 10 mil dólares, la suspensión -un año antes de las elecciones- del uso de las partidas circuitales para los legisladores que aspiran a la reelección.

No obstante, en el aspecto de transparencia de las elecciones, se logró aprobar que los partidos tienen que llevar un registro de contabilidad de las donaciones que reciben y entregarla al Tribunal Electoral después de la respectiva campaña política. A estos informes pueden tener acceso las autoridades competentes en caso de una investigación.

Entre las propuestas aprobadas por consenso de los siete partidos políticos, tenemos las siguientes: aumentar de 71 a 78 el número de legisladores; evitar que un solo partido se adjudique más del 50% de las curules en un circuito electoral; entregar el registro de las donaciones al Tribunal Electoral; mantener la entrega al Tribunal Electoral de las fichas técnicas de las encuestas durante la campaña política; respetar el principio de la libre empresa de los medios de comunicación, pero instándolos a no discriminar a ningún candidato ni a aumentar las tarifas de los anuncios durante la campaña; mantener la libre postulación para los cargos de alcalde y representante de Corregimiento solamente; establecer que las votaciones para la escogencia de los candidatos en convenciones y primarias sea secreta; mantener la residencia opcional restringida; aumentar el número de votantes por mesa de 300 a 500, y mantener la obligatoriedad de las primarias solo para la escogencia de los candidatos a la Presidencia de la República.

Un tema que generará mucha polémica es la propuesta de establecer un tope para la adjudicación de las curules por partido, ya que se propone que ninguno debe adjudicarse más del 50% de las curules en un circuito. Personalmente consideramos que la representación proporcional que demanda la Constitución en los circuitos plurinominales a favor de los partidos pequeños, no puede conseguirse con fórmulas matemáticas rígidas, sino en virtud de los votos realmente obtenidos, habida cuenta de los cuocientes, medio cuocientes y residuos debidamente diferenciados. Para tal fin habría que precisar que los votos alcanzados para elegir a un legislador por cuociente entero, no se utilicen para elegir a otro por medio cuociente en un circuito y así mismo en relación con el residuo.

No apoyamos la fórmula del bipartidismo, pero debe establecerse en la ley, que el partido que no obtenga el número de votos para mantenerse como tal no pueda participar en la elección inmediatamente siguiente. Esto disminuiría el número de partidos políticos en las campañas, muchos de los cuales solo se constituyen para servir de aliados de ocasión. Igualmente, para acabar con esta práctica inveterada, debe prohibirse en la ley que una persona pueda inscribirse en un partido y renunciar inmediatamente para inscribirse en otro. Debe para tal propósito transcurrir por lo menos un año, tal como se estableció en la ley que reguló el funcionamiento y constitución de los partidos a partir de 1979.

El autor fue legislador por el PRD y es docente universitario.