Asamblea busca incentivos fiscales para el transporte
MANUEL DOMINGUEZ
mdoming@prensa.com
Un anteproyecto de ley que pretende otorgar incentivos fiscales a los transportistas para que puedan mejorar el estado del transporte colectivo, presentó ante el pleno de la Asamblea Legislativa el legislador demócrata cristiano Rubén Arosemena.
En el documento se establece (artículo 3) que a los transportistas, agrupados en concesionarias, se les exonera el 100% del impuesto de importación y el ITBM.
También se les exonera el impuesto al consumo de combustible diesel liviano, cuando se trate de estaciones ubicadas en las piqueras para uso exclusivo de los autobuses. En su artículo 6, el proyecto pretende establecer que los bancos locales podrán optar por acogerse al régimen de intereses preferenciales en los préstamos que otorguen a los concesionarios de transporte público colectivo.
El anteproyecto también plantea constituir un fondo de garantía para los créditos otorgados por los bancos locales a las concesionarias.
Este fondo estará formado por un capital inicial de 10 millones de dólares provenientes de las utilidades que genera el Fondo Fiduciario para el Desarrollo.
En el capítulo III de la propuesta de ley se ordena la creación de impuestos y tasas para compensar las erogaciones que requiera su aplicación. Así, se establece que se destine al funcionamiento de esta ley el 6% sobre los gastos de representación de los servidores públicos. Además, el 10% sobre el monto total de la factura de arrendamiento de vehículos, cuyos contratos no excedan de 90 días; y el 5% sobre el monto en concepto de honorarios y comisiones de los cónsules, agentes consulares de la República, así como de los notarios públicos.
Ordena también que las naves registradas en la marina panameña pagarán 5 centésimos por cada tonelada bruta, cada vez que renueven su registro, o lo obtengan por primera vez.
El transporte, argumentó Arosemena, es un servicio público y como tal el Estado debe ser solidario con su situación.
Ayer también fue presentado un proyecto de ley que busca modificar dos artículos de la Ley 1 de 2001, sobre la comercialización de los medicamentos.
Uno de los artículos versa sobre las ganancias de los distribuidores y el otro sobre los medicamentos que tendrán precio tope.
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