Aeronáutica
Civil, en el ojo de la tormenta
Los
viejos problemas administrativos han restado fuerzas al despegue
de una institución técnica como la DAC
HERASTO
REYES Y ABDIEL ZÁRATE
invest@prensa.com
Última de dos entregas
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| Helicóptero
presidencial reposa en los predios del Palacio de las Garzas.
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La
baja de la categoría de la 1 a la 2 y las denuncias de
supuestas irregularidades en la compra de piezas han puesto a
la Dirección de Aeronáutica Civil (DAC) en el ojo
de la tormenta.
El 19 de julio del 2000, Jaime Fábrega, al renunciar como
Director de la DAC, denunció mediante una carta dirigida
a la presidenta de la República, Mireya Moscoso, el abandono
en que se encuentra la aviación nacional en los últimos
años.
Como ejemplos citó “el trágico accidente ocurrido
hace algunos meses en las montañas de Darién y el
deplorable estado en que se encuentran, tanto físico como
técnico, los aeropuertos de la república”.
Esto,
según Fábrega, ponía en duda que se pudiera
pasar la inspección que efectuaría la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Administración
Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés)
de Estados Unidos para determinar el grado de clasificación
y la seguridad aérea del país.
Jorge Rodríguez,
el sucesor de Fábrega en la dirección de la DAC,
dice que él tiene que hacerle frente a la situación
de rebaja de la categoría, “porque eso fue lo que
encontré y lo que heredé cuando llegué. Yo
no puedo cambiar la imagen de esta institución en ocho
meses”.
Rodríguez
y Fábrega coinciden en que la DAC es una institución
altamente técnica e incluso el primero establece la proporción
de 80% técnica y 20% política. Fábrega dice
que la institución “demanda de una gran capacidad
y conocimiento aeronáutico y administrativo, más
complicado y complejo de lo que el común de los ciudadanos
pudiera imaginar”.
Rodríguez
sostiene que esa proporción se ha invertido y mientras
esta institución se maneje con criterio político
y no técnicamente, como debe ser, “esto no tendrá
ningún avance de ninguna clase, ni la vamos a poder mejorar”.
Fábrega
denunció que subalternos suyos, nombrados por razones políticas,
lo obligaron a dedicarle “más tiempo a la confrontación
con tales funcionarios que a la atención de los problemas
que hay que atender en la DAC”.
Seguridad
En
cuanto al aspecto de la seguridad, los problemas tienen dimensiones
tan riesgosas como el hecho de que la presidenta Moscoso solicitó
que se dejaran de comprar dos carros bomba de los tres que eran
imprescindibles para cubrir casos de desastres aeroportuarios.
El
20 de junio del 2000, Moscoso le dirigió una misiva a Fábrega
en la que le notifica que los trabajos de reparación del
avión presidencial Gulfstream H.P. 1-A, tuvo un incremento
de 416 mil 444 dólares con 62 centésimos.
“Como
quiera que es urgente cancelar dicha obligación para trasladar
el avión a Panamá, y a sabiendas que la entidad
tiene contemplada la compra de tres carros bomba por unos 725
mil dólares, le solicito que de dicha partida pague el
saldo indicado a la Gulfstream y compre en este momento solo un
vehículo”, le dice Moscoso a Fábrega.
Por
otro lado, la presidenta le pidió al entonces director
que “se agilicen los trámites requeridos para el pago
de reparación de los motores del helicóptero [presidencial]
HP1-A1, ya que el tener que usar otras naves para mis recorridos
representa un riesgo para mi seguridad”.
De
esta forma la seguridad de los pasajeros, en caso de accidente
aéreo en Tocumen, se vio disminuida.
No
se contempló que el objetivo principal del personal y equipo
de salvamento y extinción de incendios “es permitir
la evacuación y sobrevivencia de las personas que están
a bordo de la aeronave [accidentada] en condiciones seguras”.
Esta
definición está contenida en el documento confidencial
“Diagnóstico relacionado al Departamento de Salvamento
y Extinción de Incendio”, elaborado por Roberto Carrillo,
un experto en la materia, el 31 de julio del 2000.
Además
de las medidas solicitadas por la presidenta, está el hecho
de que “nunca se hizo y no se cumplió” con el
Programa Nacional de la Seguridad Operacional y Vigilancia Continua
que había elaborado Germinal Sarasqueta, jefe de la misión
de la OACI en Panamá.
La
definición de seguridad en casos de incendios está
establecida en una escala máxima de nueve. Esto es distinto
a la calificación de categoría 1 ó 2.
En
Tocumen, cuando están disponibles los cuatro carros adecuados
para combatir un siniestro, esta escala es de siete, según
la OACI.
Cuando
se dio la desviación de fondos ordenada por la presidenta
Moscoso, la seguridad del aeropuerto que requería de la
compra de tres carros bomba solo obtuvo uno. Por lo tanto, esa
escala de seguridad bajó de siete a cinco o cuatro, lo
que puso al aeropuerto en una situación de alto riesgo.
Manejo
administrativo
En
cuanto a las cuestiones administrativas, los métodos utilizados
en la DAC llevan a la anulación de un gran número
de órdenes de compra que son detenidas en el trámite,
inclusive después de haber sido firmadas por la Contraloría
General de la República.
El
director Rodríguez y el subdirector de Seguridad Aérea,
Carlos Guerra, al refutar las publicaciones que se han hecho sobre
el tema, mostraron un bloque de órdenes de compras con
el sello de “anulada”.
Dos
ejemplos de estos manejos son las órdenes de compra números
36085 (del 23 de noviembre de 1999) y 36157 (del 3 de diciembre
de 1999) que fueron eliminadas el 3 de enero del 2000, según
una nota que le envió Esperanza de Decerega, directora
de finanzas, a Ezequiel Reales, jefe del departamento de compras.
Esa
nota dice: “Favor anular la orden de compra No. 36157 del
3 de diciembre de 1999 a nombre de Helicopter Support Inc., por
la suma de 412 dólares, porque dicha factura fue contemplada
en la orden de compra No. 36085 del 23 de noviembre de 1999. Así
mismo debe tomarse en cuenta que la orden de compra No. 36085
omitió en la factura S1190810 el pago del flete por la
suma de 454 dólares con 56 centésimos, por lo que
le solicitamos se proceda a confeccionar la orden de compra correspondiente
lo antes posible”.
Anabella
Giovanna Vásquez había sido auditora de la institución
antes de que la encargaran del Departamento de Compras, al que
llegó el 29 de septiembre de 1999.
En
una nota que envió a Ricardo Soto, director de Asesoría
Legal, el 20 de diciembre de 1999, dice que “me encontré
que habían requisiciones desde el mes de enero pendientes,
ya que las personas que trabajaban en el mismo solo sacaban las
requisiciones que a ellas les convenían porque vivían
de coimas, las que ellas sabían que no le podían
dar nada no las trabajaban”.
Rodríguez
y Guerra explican que estas denuncias “se han dado porque
esto que es una materia estrictamente técnica la han llevado
a la política”.
Fábrega
en su momento se quejó de imposiciones políticas
en el escogimiento y nombramiento del personal, en su carta de
renuncia lo pone en evidencia: “lamentablemente, aun cuando
alguno de esos nombramientos respondieran a compromisos políticos
y de partido, considero que los mismos debieron haberme sido reportados
con anticipación, o por lo menos coordinados para conocer
con la debida antelación la función de cada uno
y el rol que desempeñaría dentro de la institución”.
Rodríguez,
quien además de director de la DAC es el piloto de la presidenta
y director del departamento de la línea de vuelo, trabajos
que brinda de manera honoraria, no habló de nombramientos
políticos en la institución, pese a que sí
reconoció que la política está inmiscuida
en el 80% de la entidad en detrimento de la técnica.
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