Aunque persisten las contradicciones y ambigüedades, tanto en las declaraciones de los funcionarios gubernamentales como en las de los dirigentes sindicales, aparentemente las intransigencias se han reducido. El Gobierno se dice dispuesto a “reconsiderar” la unificación y -en la mayoría de los casos, aumento- del pasaje en el transporte colectivo de pasajeros, y los transportistas también parecen aceptar que la tarifa no tiene relación con las privatizaciones, el IDAAN, el servicio telefónico, la energía eléctrica o las políticas neoliberales. Es un signo positivo que contribuye a buscar y, tal vez, lograr un consenso racional y constructivo. De una y otra parte se han cometido errores que hicieron más difícil el entendimiento. La decisión gubernamental se adoptó unilateralmente, fundada en un estudio -algunos dicen que dos- que no se han divulgado. Pero el problema de fondo es que quienes deben pagar el aumento no han sido tomados en cuenta, mientras en las negociaciones participan grupos sindicales organizados, que por legítima que sea su representación, no son voceros autorizados de la gran cantidad de pasajeros que no pertenecen a ningún sindicato. Según declaraciones de altos funcionarios hay alternativas, y sin duda existen, pero no se discutieron ni tomaron en cuenta antes de adoptar la conflictiva medida. Lo procedente, entonces, es suspender el aumento, iniciar negociaciones y encontrar las soluciones, sin someter al país a traumas que ciertamente no necesita.