Regulación o demagogia

La nueva ley de medicamentos fue el producto del consenso, por lo que nadie puede declararse sorprendido

En vista de los distintos acontecimientos acaecidos por la vigencia de la Ley 1ª de 10 de enero de 2001 sobre “Medicamentos y otros Productos de la Salud Humana”, es necesario hacer una reflexión sobre los distintos tópicos del tema.

Al respecto, parece necesario aclarar que el término “demagogia” se define como “la degeneración de la democracia”; y como buen panameño, la definiría como “el juega vivo de algunos políticos que inventan lo que sea, para adular y engañar a sus electores, con el único propósito de asegurar su voto favorable”.

La ley de medicamentos, como toda disposición, es impositiva y de forzoso cumplimiento. Sin embargo, según el cristal con que se mire, es beneficiosa para algunos y perniciosa para otros. Lo cierto, es que con el tan sonado y mal explicado “precio tope” estipulado en el Decreto Ejecutivo 15 de 9 de abril de 2001, se rebajan más de 1,300 medicamentos y se congelan, por dos (2) años, más de 7,000.

Lo anterior crea una situación totalmente beneficiosa para quienes compran estos productos, que somos todos, y desventajosa para quienes tienen que absorber a sus expensas la rebaja y congelamiento de los medicamentos, considerando el hecho de que el precio lo impone el fabricante.

No debemos perder de vista que somos un país con una economía abierta de oferta y demanda, compitiendo en un mercado globalizado. Además, debemos entender que los grandes laboratorios que producen los medicamentos no son panameños, por lo que los medicamentos deben comprarlos en el extranjero, transportarlos al país, cumplir una serie de rígidos requisitos, y distribuirlos a los minoristas, quienes los harán llegar al consumidor.

A alguien se le olvidó que este proceso genera gastos que revierten directamente en el precio del producto; y que este proceso es un acto de comercio como la compra y venta de ropa, gasolina, llantas, electrodomésticos, libros, materiales quirúrgicos, agua embotellada, etc.; y que los precios internacionales del año 1999 de cualquiera de los rubros antes mencionados no son los mismos que los de 2001, como tampoco son iguales los precios de 1999, 1997 ó 1998. A este fenómeno mundial se le llama inflación y nadie escapa de ella.

Es risible pretender que los precios de países que producen o maquilan productos farmacéuticos sean iguales a los del mercado panameño. Es el caso de Costa Rica, Colombia, Guatemala o México, que son fabricantes de una gran cantidad de productos de laboratorios mundialmente reconocidos. Es lógico que el precio de lo que ellos producen y mercadean internamente, sea menor al nuestro.

Lo más preocupante del asunto es que se esté confundiendo al pueblo con documentos como la Gaceta Oficial Nº.24,279 de 10/04/2001, donde se detallan los precios topes en que deben ser vendidos los medicamentos por el distribuidor y por los mayoristas a los minoristas.

Las leyes no son de nadie ni se le deben a alguien en particular, son de todos y aplicables a todos los que conformamos el Estado. Una Ley antes de ser sancionada como tal, tiene que pasar por un rígido proceso debidamente establecido por nuestra Constitución.

Ya la dictadura con sus mítines prefabricados, los boicot y los intereses creados para encubrir errores, quedaron en el siglo pasado. Hagamos las cosas bien desde el principio y no tendremos que hacerlas dos veces. La época de leyes emparchadas que todos veíamos, pero teníamos que hacernos los ciegos, sordos y mudos ya pasó. Se supone que vivimos en un país democrático.

Hay una nueva ley que regula el tema de la comercialización de los medicamentos en Panamá y que tomó varios años discutirla, consensuarla, aprobarla y sancionarla. En todas esas facetas han intervenido las mismas personas, por lo que nadie puede decir que ha sido sorprendido. Empecemos a aprender a vivir con ella, buscándole el mayor provecho para todos.

Dejemos pues la demagogia a un lado y trabajemos para lograr el desarrollo integral del país.

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