El costo político

Uno de los problemas fundamentales de Panamá es que los gobernantes toman sus decisiones basados en la popularidad de la medida

Con motivo del alza de los pasajes de autobús, el ministro de Gobierno y Justicia declaró a los medios que la medida había que tomarla a pesar de su “costo político”. No sé si la frase escapó de labios del señor ministro por ingenuo descuido o si el funcionario sintió que era el momento de sincerarse con la ciudadanía. Lo cierto es que la expresión del premier, a menudo utilizada por la clase política panameña, no debe pasar inadvertida.

Y es que uno de los problemas fundamentales que aqueja a nuestro país y a otros en los que, como en el nuestro, predomina la inmadurez política es que los gobernantes toman sus decisiones basados en la popularidad de la medida y no por el mayor bienestar social que se pueda lograr.

El mismo ministro de Gobierno ha declarado, en un sinnúmero de ocasiones, que en Panamá no se permitirán cierres de calles. Pero como utilizar las fuerzas del orden público para evitarlos no es “popular”, la ciudad y el país entero tienen que soportar que unos cuantos inconformes priven al resto de la ciudadanía del derecho de libre tránsito porque este es un costo político que el gobierno no está dispuesto a pagar.

Tampoco quieren los gobiernos pagar el costo político que significaría no colocar a sus copartidarios en tantos cargos públicos como sea posible, lo que trae como consecuencia que cada cinco años se renueve la burocracia gubernamental. Y como la alternancia parece ser la moda en nuestra vida política, los servidores públicos jamás aprenden bien su trabajo, en parte porque no tienen tiempo y en parte porque saben que la eficiencia no tiene nada que ver con su permanencia en el puesto.

Así, el impagable costo político se ha encargado de evitar que en nuestro país exista una verdadera carrera administrativa que permita a los empleados públicos desempeñar sus cargos eficientemente.

El costo político es también la explicación de que por nuestras calles, en pleno siglo XXI, circulen todavía los temibles diablos rojos, que representan un peligro mucho más grave que el hanta virus. La cofradía del transporte público es demasiado poderosa y romperla significaría ganar la enemistad de un sector capaz de causar muchos trastornos. Por eso seguimos con un sistema en el que los cupos se negocian solapadamente y los taxis y autobuses tienen detrás del volante individuos a quienes, por no ser dueños de los vehículos, poco o nada les importa con los mismos y por ende con los demás conductores y con los pobres peatones.

Otro tanto podríamos afirmar de la educación, donde los gobiernos no quieren darse el lujo de sufrir el costo político que significa superar de una vez por todas el terrible atraso que tenemos en la modernización de nuestro sistema educativo. Y si acaso lo intentan, tan pronto ven que el costo político es muy elevado, vuelven al statu quo. De igual manera, la mitad de la población de Panamá seguirá sin agua potable -¡qué vergüenza!- porque ningún gobierno quiere correrse el riesgo político que significaría tomar las medidas necesarias para solucionar tan grave problema pues esa solución puede conllevar una medida impopular como lo sería la privatización de la administración del IDAAN. Y así ad infinitum.

Una de las diferencias fundamentales entre un verdadero estadista y un político más, es que aquel actúa regido por lo que más le conviene al país, independientemente de la popularidad de las medidas que deba tomar, mientras que este se aferra al poder por el poder y sus actuaciones responden únicamente a cuán populares o impopulares puedan ser sus decisiones.

Si hay una razón poderosa para impedir la reelección es, precisamente, el interés de la Constitución de que el presidente gobierne olvidándose de que existe un mañana electorero y se dedique a tomar las decisiones que más beneficien a la Nación, independientemente de su “costo político”. A la larga el pueblo y la historia se lo agradecerían.

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