La libertad de prensa en Panamá está en el banquillo

El ministro de Gobierno y Justicia propone elevar el periodismo a la categoría de profesión

El tema desata pasiones. Cuando comienza a discutirse sobre el ejercicio del periodismo y los medios de comunicación, hasta la persona menos ilustrada eleva su voz. Es como si tocaran una fibra de su diario vivir.

Esta particularidad complica, pero también ennoblece a una profesión, que en Panamá atraviesa ahora por un drama especial.

Hoy que se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, merece la pena hacer algunas consideraciones para contribuir al debate de uno de los temas que, sin duda, cobra cada día más interés entre las autoridades, profesionales y ciudadanos.

Desde el retorno de la democracia, en 1990, mucho se ha hablado del manejo de los medios y de la necesidad de establecer los pilares para que no sólo se pregone la libertad de prensa, sino que se ejerza plenamente como uno de los requisitos para el desarrollo de un país.

Sin embargo, cuando se examina el caso panameño, las sorpresas saltan enseguida a la vista.

La celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa toma con procesos judiciales a varios periodistas de diferentes medios de comunicación, y con la preocupación evidente por declaraciones públicas de dos funcionarios de alto nivel.

El primero que sorprendió a la ciudadanía fue el nuevo defensor del pueblo, Juan Antonio Tejada Espino, quien declaró a La Prensa que: “en Panamá no hay persecución contra los periodistas, y que las leyes de desacato advierten a los ciudadanos que deben guardar respeto a las autoridades”. Esto desató una llamarada de protestas en contra del ex fiscal, porque evidentemente la realidad es otra.

Una semana más tarde, el procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, cuestionó el informe del relator de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la libertad de expresión en Panamá, y advirtió que hay que ponerle límite a los medios de comunicación porque a veces abusan del poder que tienen.

Estas declaraciones son pequeñas nubes negras, porque desde que se eliminaron las consideradas leyes mordaza por iniciativa del legislador Arturo Araúz, ahora lo que sobra es el limbo jurídico y el análisis de situaciones pendientes que todavía no se han aclarado.

Propuesta sobre calumnia e injuria

Entre los aspectos pendientes se encuentra la despenalización de la calumnia y la injuria, pero hasta ahora no hay “consenso” para lograrlo, y sólo se ha avanzado en proponer la “descarcelación”, pero manteniendo el delito en la esfera penal.

De acuerdo con el coordinador de la comisión encargada de revisar este aspecto, Fernando Núñez Fábrega, del Ministerio de Gobierno y Justicia, el análisis está “estancado y no se avanza ni para atrás ni para adelante”.

Regulación del periodismo

Sobre el particular, por lo menos ya existe un anteproyecto de ley que se encuentra pendiente de que el ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora, lo presente a consideración del Consejo de Gabinete.

En este documento de cuatro páginas, se eleva el periodismo a la categoría de profesión, lo que ya es un elemento de controversia para los que ven este oficio como una actividad o una ocupación.

Entre otros aspectos se destacan:

*Se considera periodista al que acredite un título académico de una universidad legalmente establecida.

* El periodista puede solicitar que se retire su firma de una publicación cuando ésta, al momento de ser editada, no corresponda con el texto original.

* Se crea el Consejo Superior del Periodismo, que tendrá la facultad de acreditar a los periodistas locales y extranjeros que ejerzan su profesión en Panamá.

*El secreto periodístico no es un privilegio en beneficio del periodista, sino de la fuente de información.

* El periodista no podrá recibir regalos ni formas de remuneración por ocultar un hecho o difundir una mentira.

* El ejercicio simultáneo de las funciones de periodismo y de relaciones públicas plantea al periodista un conflicto ético insalvable.

La reserva

En cuanto a los instrumentos que hacen mención a la confidencialidad y documentos de reserva, ni siquiera se cuenta con un estudio detallado y final al respecto, aunque tanto el legislador Araúz como Transparencia Internacional (TI) y la Procuraduría General de la Administración, han hecho un esfuerzo por identificar muchos de ellos.

De acuerdo con el legislador, la idea es inventariarlos para ver si vale la pena que sigan vigentes o si deben ser derogados.

Citó el caso de las discusiones “reservadas” que se registran en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, y añadió que “esto no puede ser, porque allí se discuten y se asignan los recursos del pueblo”.

Al respecto, Transparencia Internacional entregó al Ejecutivo un borrador de anteproyecto sobre el “acceso público de la información”, pero aún no ha habido respuesta.

Son muchas las inquietudes sobre la libertad de prensa: la vigencia de las leyes de desacato, los procesos penales contra los periodistas, la regulación del periodismo, la penalización de la calumnia y la injuria, y los instrumentos que establecen reserva y confidencialidad, que merecen detenida atención.

Además en nacionales